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Hablemos de impuestos enserio

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(*) Por Nicolás Marchiori

 

El federalismo fiscal argentino sufre un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables. Para ponerlo en números, la Nación recauda la mayoría de los fondos (alrededor del 74%), mientras que las provincias asumen gran parte del gasto social y de servicios (aproximadamente 35% del gasto público consolidado)

Hagamos un poco de historia, esa brecha en la práctica debería ser compensada a través de un régimen de transferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 promulgada en enero de 1988 y que tenía un carácter transitorio.

Con la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 75 inciso 2 y la cláusula transitoria sexta, se otorgó rango constitucional a la coparticipación federal, exigiendo un nuevo régimen basado en criterios objetivos, equitativos y solidarios, con la creación de un organismo fiscal federal. Aunque la Constitución ordenó sancionar una nueva ley antes de 1996, el mandato sigue incumplido, persistiendo la vieja Ley 23.548 de 1988.

A casi 40 años de la reforma, el federalismo fiscal enfrenta serias dificultades ya que no se ha logrado consenso para acordar un sistema que reemplace a la normativa de 1988, lo que ha generado un sinfín de litigios judiciales y un régimen actual que no cumple totalmente con los nuevos preceptos constitucionales, al tiempo que genera profundas asimetrías y le da al Estado Nacional un poder discrecional en el reparto de fondos que consolida un sistema perverso de apriete y asfixia económica a las provincias.

En virtud de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que hoy nos encontramos con un federalismo desigual, rígido, centralista y poco transparente. Y vamos a explicar por qué: es desigual y rígido porque los coeficientes de reparto que fija la ley 23.548 no cambiaron desde 1988, pero la actividad económica sí. Para que la distribución sea verdaderamente justa, habría que avanzar hacia un esquema flexible, donde los coeficientes respondan a la necesidad y al esfuerzo de las provincias y no a la arbitrariedad de la historia. Es poco transparente porque los ciudadanos no tenemos en claro adónde van a parar los impuestos nacionales. El federalismo fiscal también es centralista y los gobiernos nacionales han fortalecido esta tendencia, tal como mostramos anteriormente: la Nación recauda el 74% de los impuestos que paga cualquier argentino de a pie.

Vayamos a un ejemplo práctico en el caso de Misiones: de una compra de $10.000 en el supermercado, un misionero tiene solamente $200 impuestos provinciales y $1.800 de impuestos nacionales. Pero cuando sale del supermercado se encuentra con un móvil de la Policía de Misiones, si tiene un siniestro va a tener una ambulancia y si tiene hijos van a poder ir a la escuela que sostiene el Gobierno provincial. Ahora es muy difícil saber cuál es el servicio que presta el Estado Nacional por los impuestos que cobra. Por cada $100 que aporta Misiones a la Nación, a la provincia sólo vuelve el 15%.

La coparticipación debe ser más simple, transparente y flexible a los cambios en la economía y a las necesidades de las provincias; y debe ser más justa y más federal para que todos los argentinos tengan acceso a la misma calidad de bienes públicos sin importar en qué provincia nacieron, y para que los gobernadores puedan conducir los destinos de cada territorio con verdaderamente autonomía. Se puso muy de moda, con la excusa de la famosa “batalla cultural” libertaria, decir que los fondos coparticipables sirven para sostener privilegios de los gobiernos provinciales. Absolutamente falso: los fondos coparticipables corresponden a los habitantes de cada provincia y los gobiernos locales, que fueron elegidos por el voto popular, son los encargados de gestionarlos en pos del bien común.

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Argentina tiene 155 impuestos

Un interesante informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) hizo un recuento de todos los tributos que rigen en la Argentina, uno de los país con más presión tributaria de la región de acuerdo a estimaciones de la Unión Industrial Argentina.

Independientemente de la diversidad de gravámenes, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno se encuentra concentrada en unos pocos, de acuerdo a lo que explica el informe. El 91% de la recaudación consolidada de la Argentina se obtiene del impuesto al valor agregado (IVA), ganancias de personas humanas y sociedades, aportes y contribuciones a la seguridad social, derechos de exportación, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y el impuesto a los ingresos brutos (único impuesto de este entramado que es aplicado por las provincias).

El contador y tributarista César Litvin sostiene que el IVA representa el 7% del PBI; Ganancias el 5,7%; la seguridad social que pagan los empleadores el 3%; la seguridad social que pagan los empleados el 2,1%, y los derechos de exportación el 1,9%. Litvin señala que éste último es uno de los impuestos más distorsivos porque afecta la competitividad de los productos argentinos; “sólo 12 países en el mundo lo tienen y son todos del tercer mundo”, agrega.

El presidente del IARAF Nadín Argañaraz manifiesta que “hay que acotar la cantidad de tributos para generar menor costo de fiscalización y un menor costo de administración para aquellos contribuyentes que operan en varias jurisdicciones y, además, el hecho de haber muchos tributos, cada uno con su característica, le genera un costo adicional a la administración.

El laberinto de las pymes en el experimento libertario

En 2025, el total de tributos que debió enfrentar una pyme modelo en Argentina ascendió a 37 para todos los niveles de gobierno.

La realidad de las pymes es por demás compleja, no solo producen y venden, sino que trabajan “gratis” para el Estado recaudando impuestos de sus clientes y proveedores. Los costos administrativos para estar en regla son elevadísimos.

La operatoria de las pymes es complicada no sólo por la dificultad de proyectar ventas en un contexto de deterioro del mercado interno como el actual, sino también por la creciente competencia de productos importados. A esos factores se suman problemas más estructurales, como el elevado costo de financiamiento, la inestabilidad macroeconómica que encarece el capital de trabajo, las tensiones permanentes en las relaciones laborales y una presión impositiva que impacta con fuerza en las empresas de menor escala. Todo esto limita la planificación de mediano plazo y estrecha los márgenes de rentabilidad, en un escenario de alta incertidumbre.

A poco de asumir su mandato, Javier Milei prometió que simplificaría la estructura tributaria de Argentina eliminando el “90% de los impuestos”, pero no avanzó ni en una modificación integral de los más representativos ni en la eliminación de los pequeños, que recaudan poco.

Los números dan cuenta de que en 2025 la presión tributaria nacional fue del 29,2%, según los datos del IARAF. Se mantuvo en los mismos niveles que 2024, es decir, nada cambió.

Falacia ad populum

Este término usualmente utilizado por el presidente Javier Milei, afirma que algo es cierto simplemente porque mucha gente lo cree, pero se cae a pedazos al carecer de lógica real, ya que la popularidad de una idea no garantiza su veracidad.

Hablar de impuestos enserio, implica dar un debate con honestidad intelectual y solvencia argumentativa, no se trata de captar seguidores y acumular visualizaciones en las redes sociales. Una verdadera discusión sobre la cuestión impositiva no puede reducirse a frases hechas y tiradas al boleo en videos. Para hablar de impuestos hay que expresarse con propiedad y con seriedad, hablar con datos concretos y sobretodo, no esquivar el bulto buscando justificaciones carentes de sustento fáctico y técnico.

El speech libertario reduce todo tipo de debate a un triste espectáculo con frases grandilocuentes, disparatadas y, lo más grave, inchequeables.

En Misiones, desde la oposición instalaron el término “aduana paralela” para atacar al modelo fiscal de la provincia y reducir todo, con un nivel de deshonestidad intelectual descomunal, a la idea de que en aquí todo cuesta más caro por que se cobra de manera anticipada el impuesto a los ingresos brutos. Repetimos, se cobra de manera anticipada, no estamos hablando de un nuevo impuesto. Falacia ad populum, lisa y llanamente.

Lo que no dicen los libertarios, intencionalmente claro está, es que la Provincia tomó la decisión política de no cobrar ingresos brutos a la producción primaria, de grabar con apenas el 1,5% a la actividad industrial, de reducir en un 75% la alícuota de ingresos brutos a la venta mayorista de combustibles y de gravar con la alícuota más alta la prestación de servicios financieros y a los casinos, es decir, la timba financiera y la timba vinculada a los juegos de azar. Datos, no opinión.

Detengamosnos en la actividad primaria: en lenguaje más claro, la yerba mate, el té y el tabaco, por citar algunas de nuestras economías regionales; la alícuota cero de Misiones contrasta con el resto de las provincias en donde en casi todas los gobiernos provinciales decidieron gravar la actividad, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aunque no tenga ni una sola planta cobra el 1% a las producciones agrarias del resto del país.

Un dato a tener en cuenta: en el año 1999, cuando dejaba el poder el neoliberal Ramón Puerta, Misiones tenía 18.000 contribuyentes. Una cantidad que contrasta con los más de 150.000 existentes a la fecha. La respuesta es clara: en los 90’ puertistas, la provincia padecía las consecuencias de los altísimos niveles de de evasión impositiva que la condenaban al atraso, la falta de desarrollo e inversión a costa del enriquecimiento de un grupo de vivos.

Misiones edificó un sólido modelo de equilibrio fiscal que tiene sustento en datos y números concretos. La provincia tiene la deuda pública más baja en 24 años y lo explican varios factores: bajo nivel nominal de deuda, caída en términos reales, escasa proporción respecto a sus ingresos, mínimo peso de intereses en el gasto total, reducido volumen per cápita y bajísima exposición al dólar.

El stock de deuda de Misiones representa solo el 3,8% de los ingresos totales, lo que la ubica en el lote de provincias con menor endeudamiento del país, muy por debajo del promedio nacional consolidado, que se ubica en 31,2%. Esto significa, en términos prácticos, que la carga financiera de Misiones es mínima, dejando margen para invertir, sostener servicios públicos y operar con estabilidad financiera sin depender excesivamente de financiamiento externo o emisión de deuda permanente.

Otro aspecto que refuerza la posición misionera es el componente dolarizado del stock. En el caso de Misiones, ese componente se ubica en 15,3%, lo cual marca un dato estratégico: la provincia tiene una baja exposición a deuda en moneda extranjera, lo que reduce el riesgo ante saltos cambiarios y volatilidad macroeconómica.

La narrativa libertaria muestra cada vez más grietas

La realidad comienza a poner en jaque al speech libertario que intentó atribuir a la falacia ad populum de la “aduana paralela” el impacto de la crisis nacional en Misiones.

Semanas atrás hubo interesante cruce entre el ingeniero forestal Nicolás Ocampo y el legislador libertario y ex tenista Diego Hartfield, que sirvió para desnudar las falencias y la falta de solidez del discurso simplista libertario.

Ocampo interpeló a Hartfield en las redes sociales y remarcó que la forestoindustria misionera, compuerta por más de 500 pymes, es uno de los sectores que más riqueza genera en la provincia, con la producción de bienes y servicios, empleo directo e impacto social. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.

Según explicó, el problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores más críticos mencionó el fuerte aumento de los costos: en los últimos dos años el precio de la energía se incrementó en más de un 617% y el precio del gasoil cerca de un 250% -ambos por decisión directa del gobierno nacional- lo que afectó de manera directa a la actividad forestal y a la logística.

Frente a este escenario, el ingeniero forestal planteó una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias a niveles similares, como ocurre en Paraguay (competidor directo de Misiones que saca ventajas por estas marcadas asimetrías). “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, remarcó Ocampo.

Entre otros puntos, también advirtió sobre la desventaja estructural que implica la falta de acceso al gas natural en Misiones y llamó a revisar la aplicación de la Ley Nacional de Promoción Forestal ya que, según indicó, los beneficios fiscales previstos en dicha norma estarían siendo aprovechados mayormente por grandes empresas, situación que genera concentración y deja en desventaja a las pymes y productores pequeños.

La respuesta de Hartfield dejó mucho que desear y puso en evidencia su falta de conocimiento del tema para poder encarar un debate serio. “Bajar el IVA o Ganancias al 10% es el sueño del presidente y del ministro de Economía” expresó el ex tenista, y trato de justificarse en los “tiempos de la política”. También justificó que los aumentos de energía fueron consecuencia del fin de los subsidios financiados con emisión. En fin, no hubo una respuesta concreta del legislador libertario a un planteo concreto.

Ahora, la pregunta que se hacen muchos misioneros es: si bajar el IVA y ganancias lleva tiempo, ¿por qué los libertarios apuntan insistentemente contra los ingresos brutos provinciales? máxime cuando Misiones hace frente con recursos propios a erogaciones ante el retiro de la Nación frente al financiamiento de cuestiones que le correspondían como el caso del Fondo de Incentivo Docente, el mantenimiento de rutas nacionales y programas de salud. ¿Incoherencia libertaria o intención de poner a la provincia de rodillas ante el poder central?

La Nación está asfixiando financieramente a las provincias, el caso de Corrientes es por demás paradigmático. Históricamente, la oposición buscó confrontar el modelo misionero con el de la vecina provincia, para fortalecer la tesis de que Misiones a diferencia de Corrientes no permitía crecer y desarrollarse al sector productivo.

La semana pasada retumbaron con mucha fuerza en todo el país las declaraciones del gobernador correntino Juan Pablo Valdés, que afirmó que no había margen para aumentos salariales para los empleados estatales y fundamentó al decisión en la fuerte caída de la coparticipación federal y en una deuda de más de 250 mil millones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con Corrientes. “Es una deuda muy importante que condiciona nuestra capacidad de respuesta”, afirmó con preocupación.

La industria correntina está sintiendo los efectos de la crisis nacional: la empresa forestal Tapebicuá, entró en concurso preventivo por una deuda de 11.500 millones de pesos, lo que llevó a la paralización de sus plantas desde agosto de 2025. Esta situación afectó a unos 500 trabajadores de la empresa. Por otra parte, recientemente se confirmó el cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó cesante a más de 250 operarios.

Otra situación que derrumba la narrativa libertaria es lo que sucede en la ciudad paraguaya de Encarnación. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise) Conrado Kiener manifestó en declaraciones radiales que “se nota la falta de dinero circulante en la Argentina”.

Para los comerciantes encarnacenos, las fiestas de Fin de Año estuvieron lejos de cumplir con las expectativas habituales en relación al flujo de compras que les provee el turismo de argentinos, principalmente de misioneros.

Kiener afirmó que “cerca del 70% de las ventas del comercio encarnaceno dependen del público argentino” y que las ventas continúan cayendo en comparación con años anteriores.

A febrero de 2026 hay algo que queda claro, por más que se quiera eludir responsabilidades, la crisis es nacional y golpea sin distinción.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

 

 

 

 

 

 

 

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La política del trueque: hoy Milei, mañana el que pague

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Me cuentan —y no me sorprende, porque esta película ya la vi en blanco y negro— que el fantasma de 2001 empieza a materializarse en los barrios del Cantón. Mientras los políticos discuten nuevas alianzas en despachos climatizados, los vecinos regresaron al trueque. Sí: al trueque puro y duro. Esa moneda de la desesperación donde doña Rosa cambia un paquete de fideos por un abrigo para el nieto, y donde un par de zapatos usados vale más que una promesa electoral.

En ese paisaje desalentador aparece el diputado ultraopositor Miguel Núñez, vinculado a sectores productivos que sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo —como si el verde milenario de la selva estorbara a sus balances contables, siempre de corto aliento—. Núñez articula con quien se deje convencer el armado de un espacio opositor contra el oficialista Frente Renovador de la Concordia Social y, también, contra los libertarios que adoran al presidente Javier Milei como si fuera un santo de estampita con motosierra.

El pasado miércoles, en el Hotel Julio César, el legislador abrió las puertas a una jornada de reflexión: “Misiones Productiva”, así la llamaron. Nombre impecable: nadie en su sano juicio va a declararse antiproductivo. Junto a él estaban Gabriel Montiel y Alfredo Gruber, los mismos que salieron a pedir el voto por Milei con el entusiasmo de un converso rumbo al patíbulo y que ahora se quejan de las reglas del juego. La eterna paradoja de este país de cainitas: pedirle fuego al que incendia la casa y luego lamentarse por las cenizas en el salón.

Bajo el lema heroico de “¡Déjennos Trabajar y Producir!”, se amontonaron los logos de las entidades nacionales: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y CONINAGRO. La Mesa de Enlace en formación de combate. Y los regionales no se quedaron atrás: APICOFOM, AMAYADAP y la Sociedad Rural de Misiones, entre otros. En definitiva: propietarios y productores unidos por el espanto de la baja rentabilidad y la presión impositiva, un reclamo que suena a música celestial, pero que Núñez intenta convertir en palanca para su propio ascenso.

Los videos y las fotos del evento confirman lo evidente: no fue una asamblea de colonos flacos, sino un encuentro de actores con peso económico, agenda propia y ganas de influir. El espacio, más que para debatir, funciona como think tank de ocasión: un living con micrófonos para hacer lobby a favor del armado de la candidatura del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, y para ir calentando el tablero.

No hacía falta ser malpensado para entender el guion: reclamo productivo como bandera, bronca fiscal como pólvora. Una operación prolija, de traje y gráficos en pantalla. Y no es la primera vez. En las últimas elecciones, Núñez ya había aprovechado el malestar de un sector de la policía para sumar a otros estatales y empujar armado de la candidatura de Ramón Amarilla.

Según el propio Núñez, se invitó a todos los diputados. Pero no estuvieron los del bloque de La Libertad Avanza ni los renovadores. Sí estuvieron los de la bancada radical: Francisco Fonseca, Santiago Koch y Rosa Kurtz; además del radical con peluca Martín Arjol; el expolicía Ramón Amarilla, del mismo espacio de Núñez, y Cristian Castro, del PAyS, entre otros. Algunos no conocían el trasfondo y se fueron antes del cierre. Otros se quedaron apenas lo justo: para tantear terreno, para ver si el aire soplaba a favor de un frente que, en las próximas lides, dispute el voto tanto a renovadores como a libertarios.

Ahí están: ayer Milei, hoy un frente “productivo”, mañana lo que convenga. En la Argentina, la coherencia es una afición rara. Pero el sainete no termina ahí, porque en Misiones siempre hay lugar para un acto más de esta comedia bufa que nos toca habitar.

En otra esquina del mismo circo provincial asoma el partido Por la Vida y Valores, que dirige el diputado Walter Ríos: exempleado de la ANAC, ultraderecha y conservador. Con el conflicto en Irán como telón de fondo, y con la voz del presidente Milei amenazando al régimen de los ayatolás a la hora del rezo, Ríos salió a decir que encabeza gestiones para el desembarco de una mega inversión de capitales de Medio Oriente en el Cantón.

Ríos mantiene el misterio y no dice nada. Se habla —se habla, nada más— de un grupo inversor del sector petrolero vinculado a países árabes. El diputado arrojó cifras extraordinarias, de esas que no entran ni en un delirio contable: hasta 200 billones de dólares en un plan de inversión a escala. Del proyecto, insisto, no se sabe nada serio. Pero él pretende encuadrarlo dentro del RIGI, palabra mágica que hoy sirve de talismán para cualquier aventurero con contactos y poca vergüenza.

Por momentos, Ríos parece olvidar que es diputado y se cree canciller. Cuando le piden detalles, pone cara de Hombre de Estado y suelta que “cuida y reserva mucho el proyecto para que no se frustre”. Estaría bien que algún diputado le pida informes a su colega. La última vez que en Posadas se habló de inversiones con turbante, se prometieron más de 20 millones de dólares para remodelar un edificio histórico de 1912. Ya sabemos cómo terminan esas historias: renders, fotos y un silencio posterior que ni el incienso tapa.

Y mientras Ríos juega al misterio y al negocio de los petrodólares, su compañera de bloque, la audaz diputada Rita Flores, busca la foto con el pastor Dante Gebel. El pre-candidato que impulsa una murga de peronistas no K, libertarios desencantados y buscavidas varios.

El nuevo mundo que promete la prédica de Gebel podría unir a gente tan heterogénea como sectores de Ramiro Marra con el sindicalista Néstor Segovia, Yamil Santoro y los influencers Emmanuel Dannan y “el Presto”. Martín Llaryora, el cordobés, es el único gobernador que ya le tiró un guiño. La idea es instalar a Gebel como “outsider” para disputar el poder a los libertarios en 2027, aprovechando alcance mediático y red de contención social. Argentina: el país donde la política tradicional se disfraza de antipolítica y la antipolítica aprende rápido a transar como la vieja política.

Flores, que en menos de un año decía “somos libertarios, nos vemos en la obligación de salir a defender nuestras banderas afuera de LLA”, o “Javier Milei excede cualquier cuestión partidaria; hablar de Javier Milei no necesariamente es hablar de LLA”, también se codeó con Lucía Montenegro y luego se acercó a Marcela Pagano, la diputada nacional que desertó de las filas libertarias. Todo fluye, todo se acomoda. El apellido cambia; la ambición, no.

Al final, mientras el vecino truequea para comer, ellos truequean siglas, fotos y promesas. Nadie parece tener un plan serio: reclamos sectoriales, mezquindades, maniobras para no quedar afuera. Y, en medio de la incertidumbre, lo único que se consolida es la certeza vieja y amarga: para demasiados, la cosa pública no es patria ni destino. Es caja, escalera y negocio. Y el que no lo entienda, que vaya juntando arroz y aceite: el trueque ya empezó.

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La política de la cortedad: entre el amotinamiento fiscal de Amarilla y la soberbia de Franco

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

 

En tiempos en que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio. El reciente cruce entre la diputada Paula Franco y su par Ramón Amarilla no es solo un intercambio de ‘chicanas’ olvidables; es el fiel reflejo de una dirigencia que, de uno y otro lado, está fallando en la lectura de la urgencia histórica que atraviesa nuestra provincia frente a un Gobierno Nacional que ha decidido asfixiar al federalismo.

Empecemos por el proyecto del ex policía. Su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel. Sé que no le gusta que se lo digan.

Proponer hoy, con una crisis mundial a galope armamentístico, que Misiones renuncie a su recaudación en frontera es de una inconsciencia que roza la deserción. El hombre apela al “sentido común” del trabajador, pero parece olvidar que ese mismo trabajador es el que se queda sin hospital, sin escuela y sin seguridad cuando la caja provincial se queda escuálida.

Desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es “liberar el comercio”; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial.

Porque no nos engañemos: la Nación le está robando a Misiones. Así, sin paños calientes. El Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán —un hombre que maneja los números con la frialdad de un coronel del servicio de intendencia— puso las cartas sobre la mesa: cuarenta mil millones de pesos mensuales de “agujero” por culpa de una coparticipación que es una estafa legalizada. Misiones produce con la fortaleza de una población joven y recibe migajas como un mendigo. Somos la séptima economía del país, pero nos tratan peor que a una colonia de ultramar a la que se le exige todo y se le da lo justo para que no muera del todo. En ese contexto, la tasa en cuestión no es un capricho; es el último recurso del sitiado para que el pan no falte en la mesa de los suyos.

Pero si lo de Amarilla es una estupidez estratégica, lo de la diputada Paula Franco, abanderada de la Neo, es de una arrogancia que hiela la sangre. Ante un debate que exige altura de miras, la señora Franco, doctora en leyes y contadora con pergamino, decidió bajarse al barro de la chicana barata. Ironizar sobre la formación académica de sus pares y proponer “cursillos de ingreso” para legisladores no solo es un acto de soberbia, sino que baja el nivel de la discusión pública al subsuelo.

En lugar de explicarle al misionero con pedagogía y honradez por qué el anticipo fiscal es el escudo contra el ajuste porteño, prefirió el ninguneo desde el pedestal, rompiendo los puentes de diálogo que una Legislatura debería construir. Cuando el oficialismo responde con el título universitario bajo el brazo, lo que hace es alejarse de la gente. La crisis actual no se resuelve con doctorados, sino con sensibilidad social y firmeza política.

Al chicanear con la falta de formación de Amarilla, Franco le regaló al diputado el papel de “víctima del sistema” y “defensor del sentido común”, permitiéndole eludir el debate técnico sobre el agujero fiscal que su proyecto generaría. La soberbia académica es el refugio de quienes no quieren, o no pueden, explicar por qué las medidas que toman son necesarias. Miren, uno puede tener tres doctorados colgados en la pared del despacho y seguir siendo un mediocre de manual.

El Cantón está en una encrucijada de esas que definen el destino de una generación. Por un lado, la caída real de los ingresos y el parate del consumo; por el otro, un Gobierno Nacional que ha decidido que las provincias son gastos a recortar y no pueblos a proteger.

Mientras los diputados se tiran con títulos y chicanas, la realidad económica de la provincia, descripta por Safrán, es de una gravedad extrema. El ministro ha sido claro: la baja de la recaudación por la recesión nacional y el recorte de transferencias han generado un escenario de “plan de austeridad” obligatorio. Se suspendieron compras de bienes de capital y se prioriza lo urgente. Así las cosas, a la provincia no le queda más que cobrar en la frontera porque la Nación no le liquida lo que le corresponde en la ventanilla de la coparticipación. Es un mecanismo de compensación frente a un federalismo quebrado.

Lo que Misiones necesita no son iluminados del “sentido común” que quieran desmantelar la poca defensa fiscal que nos queda, ni presuntos catedráticos que miren por encima del hombro al resto del mundo. Necesita personas valientes que sepan que la batalla se gana con unidad y con la verdad por delante. La verdadera inconstitucionalidad no está en un camión pagando un canon en la Ruta 14; la verdadera inconstitucionalidad es el centralismo que nos asfixia, que nos quita lo que es nuestro y que luego nos critica por intentar sobrevivir.

En resumen: Amarilla se equivoca de enemigo al querer desfinanciar su propia tierra, y Franco se equivoca de lenguaje al tratar a sus pares —y por extensión a los ciudadanos— como a alumnos de primaria. Al final, como siempre, el que paga el pato es el ciudadano de a pie, el que no tiene despacho ni coche oficial, y el que espera que sus representantes tengan, al menos una vez en la vida, la decencia de estar a la altura de la historia.

Criticar el proyecto de Amarilla es necesario porque es un salto al vacío que desprotege al misionero de a pie. Pero criticar a Franco también es imperativo, porque la soberbia y la chicana barata son el peor camino para convencer a la sociedad de que el esfuerzo fiscal vale la pena.

En esta encrucijada, el sentido común —ese que Amarilla invoca pero que no aplica en su proyecto, y que Franco desprecia desde su pedestal— dicta que la única salida es la unidad provincial para exigir lo que nos corresponde, sin desfinanciar nuestra casa en el intento. Misiones es mucho más que un ring de redes sociales. Es una provincia que trabaja y produce bajo condiciones de injusticia federal. Es hora de que sus representantes dejen de pelearse por el micrófono y empiecen a pelear, juntos y con argumentos sólidos, por el futuro de la tierra colorada.

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El “fraude del aire”: despedida amarga de Samsa, entre cartas, tarifazos y silencios

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Para cerrar la semana laboral y bajo el disfraz de un “nuevo aniversario” de Samsa, a su presidente, el ingeniero Santiago Ameri, se le dio por enviarle al “usuario”, a quienes cobra hasta el aire en las canillas, una carta de 238 palabras enumerando “los principales logros alcanzados” durante el último año. Un ejercicio de cinismo que aparece justo 72 horas después de no haber dado la cara ante una comisión del Concejo Deliberante de Posadas –mientas los vecinos gritaban por el pésimo servicio– y a menos de 12 horas de que LVM desnudara que Urbaser Argentina ya tiene el cartel de venta y las inversiones en el freezzer.

Y después nos hablan de normas ISO, planes de inversión y de líderes mundiales en servicios públicos medioambientales. Les decía que el pasado martes, en el Concejo Deliberante, mientras los vecinos desgranaban facturas de un millón de pesos y los técnicos del EPRAC intentaban explicar lo inexplicable, el lugar reservado para Samsa permaneció vacío. Ni el ingeniero, ni ninguno de sus gerentes de platinada sonrisa, se atrevieron a cruzar la puerta de la Comisión de Medio Ambiente.

Es una táctica vieja, de manual de fugas: cuando no se tienen respuestas, se ofrece el silencio. Es la respuesta de quien ya tiene las valijas hechas y el pasaje sacado.

Mire usted, lector, la ironía del asunto. En la tierra de las grandes aguas, del Iguazú que ruge y del Paraná que nos abraza junto al Uruguay, hay una casta de tipos con gemelos de plata y aliento a café de aeropuerto que decidieron cobrarnos el aire. Sí, leyó bien: el aire. En Posadas y Garupá, el milagro no es convertir el agua en vino, sino convertir el vacío de una cañería seca en una deuda impagable.

Leí la carta de aniversario con una mezcla de tedio y asco. Un texto que huele a perfume caro para disimular el hedor de un sumidero tapado. Ameri nos arroja a la cara el abecedario de las normas ISO: la 9001, la 14001, la 45001. Alfabetismo corporativo para analfabetos de la realidad que ven al ciudadano –usuario– desde una planilla de cálculos. Dice que certifican la “satisfacción del cliente” y el “trabajo mancomunado”. Yo le pregunto al ingeniero: ¿En qué manual de la ISO figura que dejar la silla vacía ante los representantes del pueblo es un estándar de calidad? ¿Cómo se “mancomuna” el esfuerzo con una empresa que no da la cara, no respeta las instituciones ni cumple con lo acorado?

Samsa, esa criatura del Grupo Urbaser, cumple 26 años. Pero no es un cumpleaños, es una liquidación por cierre. Mientras Ameri redacta odas a la “inversión histórica”, en las oficinas de Avenida Leandro N. Alem al 1050, frente al barrio porteño de Puerto Madero, se encuentra el cartel de “Venta”. La multinacional, propiedad del fondo estadounidense Platinum Equity, busca la puerta de salida. Si no me creen vayan y pregunten en el Banco Santander.

Quieren vender su filial argentina por 400 millones de euros antes de que el contrato expire en 2030 y alguien les exija las cuentas que hoy no quieren dar en el Concejo. Es el truco del tahúr de oficina: te muestran la paloma de las normas ISO en la mano derecha para que no veas cómo la izquierda te vacía la billetera y te deja hasta sin agua.

Miren, además de ver la boleta que llega a mi casa, camino estas calles y he visto los medidores girar con un frenesí demoníaco cuando no hay una gota de agua. Es el “fraude del aire”. Mis vecinos, cansados de ser el cajero automático de una empresa que desinvierte, forzaron al EPRAC a ordenar rectificaciones. Y los funcionarios del organismo de control se dieron cuenta de que no se puede ocultar el sol con un dedo, ni la estafa con una gacetilla de prensa de aniversario.

Mire, ingeniero Ameri, a quienes usted llama “estimado usuario”, yo suelo tratarlos por sus nombres, porque muchos de ellos son mis vecinos. Su “compromiso con la mejora continua” es una bofetada a los 106.000 “usuarios” –dato del último informe de gestión de la empresa– que usted cita como si fueran ganado contable.

El plan es claro: maximizar la recaudación con tarifazos salvajes del 400%, maquillar el balance con certificados de cartón pintado y largarse a toda vela antes de que la infraestructura termine de crujir. Es la ética del corsario: saquear la plaza y huir antes de que llegue la marea de la justicia.

Usted, Ameri, presidente de Samsa, es un transeúnte de la alta gerencia. Mañana, con su ganada chapa de International Waste Manager, estará certificando la calidad de una constructora en Madrid o una mina en alguno de los cuatro continentes donde opera Urbaser Global. Pero el vecino de Posadas y Garupá se queda con su canilla seca. Por eso escribo. Porque si el agua es un derecho humano, lo que están haciendo ustedes —y lo que callan al no ir al Concejo— es un crimen de guante blanco.

Durante las últimas tres décadas, como periodista me tocó escribir sobre redes de corrupción, flujos de dinero, contrabandistas buenos y malos, políticos sin escrúpulos, mercenarios colombianos camino al matadero, en fin, pero nunca sobre una corporación que cobrara el aire.

Sigan mandando cartas. Sigan celebrando aniversarios de papel. Mientras tanto, nosotros seguiremos contando las vueltas del medidor que marca el vacío, documentando el vaciamiento de una empresa que se quiere ir sin pagar la cuenta y recordándoles a los ciudadanos de Posadas que, frente al silencio de sus sillas vacías, solo queda quienes nos animamos a decir basta.

No es una pelea por una factura impaga, el acceso al agua es un Derecho Humano. Es en defensa de un derecho básico de los que vivimos en Misiones frente a una multinacional que lo vulnera. Los tres poderes del Cantón deberían tomar cartas en el asunto y ser menos laxos, pero ahora, no sea cosa que se vayan sin pagar la cuenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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