Opinión
El fin no justifica los medios
(*) Por Nicolás Marchiori
En la política, en los negocios y en otros ámbitos se suele usar la frase “el fin justifica los medios”. Atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo en la famosa obra El Príncipe, esta frase enfatiza que el objetivo de la acción es más importante o justifica las maneras para alcanzar ese objetivo. Se asume que si el fin es lícito también lo son los medios. A pesar de la aceptación de este aforismo, estas palabras chocan con la realidad. El fin no
justifica los medios.
El economista liberal salvadoreño Manuel Hinds considera que los medios pueden destruir el fin. Esta afirmación parte de un problema ético: al usar medios antiéticos para lograr fines éticos, quienes impulsan la acción terminan perdiendo legitimidad. El exámen de legitimidad de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo vale” a la hora de lograr un objetivo, muchas veces se transforma en una excusa para alcanzar metas a través de cualquier medio que se necesite, sin importa cuán inmoral o ilegal puedan llegar a ser. Tanto los medios medios como el fin conllevan una carga ética y moral.
Cuando una persona se convence de que “el fin justifica los medios”, puede terminar cruzando líneas muy peligrosas, como violar la ley o perjudicar a terceros. De esta forma, buenas intenciones puede transformarse en actos injustificables. En ese camino, se pierde la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.
Cuando aplicamos este principio corremos el riesgo de justificar el uso de la violencia, todo en nombre de una “buena causa” que muchas veces sólo termina siendo buena para quien la impone.
Validar cualquier acción solo porque uno cree tener la razón lleva a actuar sin empatía y con un desprecio hacia los demás. Así se rompe el tejido social y se alimentan conflictos. Dicho esto, si no se miden las consecuencias y no se pone un límite ético, lo que comienza como un causa justa se termina desvirtuando y causando un daño irreversible.
Es muy común ver esta mentalidad en los populistas cuando afirman que todo vale si se hace “por el pueblo”. De esta forma, buscan justificar decisiones autoritarias o irresponsables bajo la excusa de representar la “voluntad popular”.
* * *
Derecho a protestar: ¿vale todo?
El prestigioso jurista argentino especializado en derechos humanos Roberto Gargarella desarrolló un interesante trabajo titulado “Un diálogo sobre la ley y la protesta social”, en el que plasma una investigación sobre protestas sociales y la ley, tomando ejemplos principalmente de la Argentina. En la presentación explica que el mismo se realizó con información recolectada, particularmente con informaciones jurídicas sobre el tema y que el objetivo es reflexionar sobre cómo la ley debería reaccionar frente a la violación de derechos fundamentales y las graves tensiones sociales.
Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.
Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.
En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.
En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.
La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.
La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.
El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.
El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
Una protesta política disfrazada
Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.
Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.
Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.
Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.
Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.
Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.
Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.
Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.
Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.
Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.
Un freno al uso abusivo de los derechos
A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.
Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.
Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.
Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.
En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”
En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.
La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.
El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
La política del trueque: hoy Milei, mañana el que pague
Por Fernando Oz
Me cuentan —y no me sorprende, porque esta película ya la vi en blanco y negro— que el fantasma de 2001 empieza a materializarse en los barrios del Cantón. Mientras los políticos discuten nuevas alianzas en despachos climatizados, los vecinos regresaron al trueque. Sí: al trueque puro y duro. Esa moneda de la desesperación donde doña Rosa cambia un paquete de fideos por un abrigo para el nieto, y donde un par de zapatos usados vale más que una promesa electoral.
En ese paisaje desalentador aparece el diputado ultraopositor Miguel Núñez, vinculado a sectores productivos que sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo —como si el verde milenario de la selva estorbara a sus balances contables, siempre de corto aliento—. Núñez articula con quien se deje convencer el armado de un espacio opositor contra el oficialista Frente Renovador de la Concordia Social y, también, contra los libertarios que adoran al presidente Javier Milei como si fuera un santo de estampita con motosierra.
El pasado miércoles, en el Hotel Julio César, el legislador abrió las puertas a una jornada de reflexión: “Misiones Productiva”, así la llamaron. Nombre impecable: nadie en su sano juicio va a declararse antiproductivo. Junto a él estaban Gabriel Montiel y Alfredo Gruber, los mismos que salieron a pedir el voto por Milei con el entusiasmo de un converso rumbo al patíbulo y que ahora se quejan de las reglas del juego. La eterna paradoja de este país de cainitas: pedirle fuego al que incendia la casa y luego lamentarse por las cenizas en el salón.
Bajo el lema heroico de “¡Déjennos Trabajar y Producir!”, se amontonaron los logos de las entidades nacionales: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y CONINAGRO. La Mesa de Enlace en formación de combate. Y los regionales no se quedaron atrás: APICOFOM, AMAYADAP y la Sociedad Rural de Misiones, entre otros. En definitiva: propietarios y productores unidos por el espanto de la baja rentabilidad y la presión impositiva, un reclamo que suena a música celestial, pero que Núñez intenta convertir en palanca para su propio ascenso.
Los videos y las fotos del evento confirman lo evidente: no fue una asamblea de colonos flacos, sino un encuentro de actores con peso económico, agenda propia y ganas de influir. El espacio, más que para debatir, funciona como think tank de ocasión: un living con micrófonos para hacer lobby a favor del armado de la candidatura del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, y para ir calentando el tablero.
No hacía falta ser malpensado para entender el guion: reclamo productivo como bandera, bronca fiscal como pólvora. Una operación prolija, de traje y gráficos en pantalla. Y no es la primera vez. En las últimas elecciones, Núñez ya había aprovechado el malestar de un sector de la policía para sumar a otros estatales y empujar armado de la candidatura de Ramón Amarilla.
Según el propio Núñez, se invitó a todos los diputados. Pero no estuvieron los del bloque de La Libertad Avanza ni los renovadores. Sí estuvieron los de la bancada radical: Francisco Fonseca, Santiago Koch y Rosa Kurtz; además del radical con peluca Martín Arjol; el expolicía Ramón Amarilla, del mismo espacio de Núñez, y Cristian Castro, del PAyS, entre otros. Algunos no conocían el trasfondo y se fueron antes del cierre. Otros se quedaron apenas lo justo: para tantear terreno, para ver si el aire soplaba a favor de un frente que, en las próximas lides, dispute el voto tanto a renovadores como a libertarios.
Ahí están: ayer Milei, hoy un frente “productivo”, mañana lo que convenga. En la Argentina, la coherencia es una afición rara. Pero el sainete no termina ahí, porque en Misiones siempre hay lugar para un acto más de esta comedia bufa que nos toca habitar.
En otra esquina del mismo circo provincial asoma el partido Por la Vida y Valores, que dirige el diputado Walter Ríos: exempleado de la ANAC, ultraderecha y conservador. Con el conflicto en Irán como telón de fondo, y con la voz del presidente Milei amenazando al régimen de los ayatolás a la hora del rezo, Ríos salió a decir que encabeza gestiones para el desembarco de una mega inversión de capitales de Medio Oriente en el Cantón.
Ríos mantiene el misterio y no dice nada. Se habla —se habla, nada más— de un grupo inversor del sector petrolero vinculado a países árabes. El diputado arrojó cifras extraordinarias, de esas que no entran ni en un delirio contable: hasta 200 billones de dólares en un plan de inversión a escala. Del proyecto, insisto, no se sabe nada serio. Pero él pretende encuadrarlo dentro del RIGI, palabra mágica que hoy sirve de talismán para cualquier aventurero con contactos y poca vergüenza.
Por momentos, Ríos parece olvidar que es diputado y se cree canciller. Cuando le piden detalles, pone cara de Hombre de Estado y suelta que “cuida y reserva mucho el proyecto para que no se frustre”. Estaría bien que algún diputado le pida informes a su colega. La última vez que en Posadas se habló de inversiones con turbante, se prometieron más de 20 millones de dólares para remodelar un edificio histórico de 1912. Ya sabemos cómo terminan esas historias: renders, fotos y un silencio posterior que ni el incienso tapa.
Y mientras Ríos juega al misterio y al negocio de los petrodólares, su compañera de bloque, la audaz diputada Rita Flores, busca la foto con el pastor Dante Gebel. El pre-candidato que impulsa una murga de peronistas no K, libertarios desencantados y buscavidas varios.
El nuevo mundo que promete la prédica de Gebel podría unir a gente tan heterogénea como sectores de Ramiro Marra con el sindicalista Néstor Segovia, Yamil Santoro y los influencers Emmanuel Dannan y “el Presto”. Martín Llaryora, el cordobés, es el único gobernador que ya le tiró un guiño. La idea es instalar a Gebel como “outsider” para disputar el poder a los libertarios en 2027, aprovechando alcance mediático y red de contención social. Argentina: el país donde la política tradicional se disfraza de antipolítica y la antipolítica aprende rápido a transar como la vieja política.
Flores, que en menos de un año decía “somos libertarios, nos vemos en la obligación de salir a defender nuestras banderas afuera de LLA”, o “Javier Milei excede cualquier cuestión partidaria; hablar de Javier Milei no necesariamente es hablar de LLA”, también se codeó con Lucía Montenegro y luego se acercó a Marcela Pagano, la diputada nacional que desertó de las filas libertarias. Todo fluye, todo se acomoda. El apellido cambia; la ambición, no.
Al final, mientras el vecino truequea para comer, ellos truequean siglas, fotos y promesas. Nadie parece tener un plan serio: reclamos sectoriales, mezquindades, maniobras para no quedar afuera. Y, en medio de la incertidumbre, lo único que se consolida es la certeza vieja y amarga: para demasiados, la cosa pública no es patria ni destino. Es caja, escalera y negocio. Y el que no lo entienda, que vaya juntando arroz y aceite: el trueque ya empezó.
Opinión
La política de la cortedad: entre el amotinamiento fiscal de Amarilla y la soberbia de Franco
Por Fernando OZ
En tiempos en que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio. El reciente cruce entre la diputada Paula Franco y su par Ramón Amarilla no es solo un intercambio de ‘chicanas’ olvidables; es el fiel reflejo de una dirigencia que, de uno y otro lado, está fallando en la lectura de la urgencia histórica que atraviesa nuestra provincia frente a un Gobierno Nacional que ha decidido asfixiar al federalismo.
Empecemos por el proyecto del ex policía. Su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel. Sé que no le gusta que se lo digan.
Proponer hoy, con una crisis mundial a galope armamentístico, que Misiones renuncie a su recaudación en frontera es de una inconsciencia que roza la deserción. El hombre apela al “sentido común” del trabajador, pero parece olvidar que ese mismo trabajador es el que se queda sin hospital, sin escuela y sin seguridad cuando la caja provincial se queda escuálida.
Desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es “liberar el comercio”; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial.
Porque no nos engañemos: la Nación le está robando a Misiones. Así, sin paños calientes. El Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán —un hombre que maneja los números con la frialdad de un coronel del servicio de intendencia— puso las cartas sobre la mesa: cuarenta mil millones de pesos mensuales de “agujero” por culpa de una coparticipación que es una estafa legalizada. Misiones produce con la fortaleza de una población joven y recibe migajas como un mendigo. Somos la séptima economía del país, pero nos tratan peor que a una colonia de ultramar a la que se le exige todo y se le da lo justo para que no muera del todo. En ese contexto, la tasa en cuestión no es un capricho; es el último recurso del sitiado para que el pan no falte en la mesa de los suyos.
Pero si lo de Amarilla es una estupidez estratégica, lo de la diputada Paula Franco, abanderada de la Neo, es de una arrogancia que hiela la sangre. Ante un debate que exige altura de miras, la señora Franco, doctora en leyes y contadora con pergamino, decidió bajarse al barro de la chicana barata. Ironizar sobre la formación académica de sus pares y proponer “cursillos de ingreso” para legisladores no solo es un acto de soberbia, sino que baja el nivel de la discusión pública al subsuelo.
En lugar de explicarle al misionero con pedagogía y honradez por qué el anticipo fiscal es el escudo contra el ajuste porteño, prefirió el ninguneo desde el pedestal, rompiendo los puentes de diálogo que una Legislatura debería construir. Cuando el oficialismo responde con el título universitario bajo el brazo, lo que hace es alejarse de la gente. La crisis actual no se resuelve con doctorados, sino con sensibilidad social y firmeza política.
Al chicanear con la falta de formación de Amarilla, Franco le regaló al diputado el papel de “víctima del sistema” y “defensor del sentido común”, permitiéndole eludir el debate técnico sobre el agujero fiscal que su proyecto generaría. La soberbia académica es el refugio de quienes no quieren, o no pueden, explicar por qué las medidas que toman son necesarias. Miren, uno puede tener tres doctorados colgados en la pared del despacho y seguir siendo un mediocre de manual.
El Cantón está en una encrucijada de esas que definen el destino de una generación. Por un lado, la caída real de los ingresos y el parate del consumo; por el otro, un Gobierno Nacional que ha decidido que las provincias son gastos a recortar y no pueblos a proteger.
Mientras los diputados se tiran con títulos y chicanas, la realidad económica de la provincia, descripta por Safrán, es de una gravedad extrema. El ministro ha sido claro: la baja de la recaudación por la recesión nacional y el recorte de transferencias han generado un escenario de “plan de austeridad” obligatorio. Se suspendieron compras de bienes de capital y se prioriza lo urgente. Así las cosas, a la provincia no le queda más que cobrar en la frontera porque la Nación no le liquida lo que le corresponde en la ventanilla de la coparticipación. Es un mecanismo de compensación frente a un federalismo quebrado.
Lo que Misiones necesita no son iluminados del “sentido común” que quieran desmantelar la poca defensa fiscal que nos queda, ni presuntos catedráticos que miren por encima del hombro al resto del mundo. Necesita personas valientes que sepan que la batalla se gana con unidad y con la verdad por delante. La verdadera inconstitucionalidad no está en un camión pagando un canon en la Ruta 14; la verdadera inconstitucionalidad es el centralismo que nos asfixia, que nos quita lo que es nuestro y que luego nos critica por intentar sobrevivir.
En resumen: Amarilla se equivoca de enemigo al querer desfinanciar su propia tierra, y Franco se equivoca de lenguaje al tratar a sus pares —y por extensión a los ciudadanos— como a alumnos de primaria. Al final, como siempre, el que paga el pato es el ciudadano de a pie, el que no tiene despacho ni coche oficial, y el que espera que sus representantes tengan, al menos una vez en la vida, la decencia de estar a la altura de la historia.
Criticar el proyecto de Amarilla es necesario porque es un salto al vacío que desprotege al misionero de a pie. Pero criticar a Franco también es imperativo, porque la soberbia y la chicana barata son el peor camino para convencer a la sociedad de que el esfuerzo fiscal vale la pena.
En esta encrucijada, el sentido común —ese que Amarilla invoca pero que no aplica en su proyecto, y que Franco desprecia desde su pedestal— dicta que la única salida es la unidad provincial para exigir lo que nos corresponde, sin desfinanciar nuestra casa en el intento. Misiones es mucho más que un ring de redes sociales. Es una provincia que trabaja y produce bajo condiciones de injusticia federal. Es hora de que sus representantes dejen de pelearse por el micrófono y empiecen a pelear, juntos y con argumentos sólidos, por el futuro de la tierra colorada.
Opinión
El “fraude del aire”: despedida amarga de Samsa, entre cartas, tarifazos y silencios
Por Fernando OZ
@F_ortegazabala
Para cerrar la semana laboral y bajo el disfraz de un “nuevo aniversario” de Samsa, a su presidente, el ingeniero Santiago Ameri, se le dio por enviarle al “usuario”, a quienes cobra hasta el aire en las canillas, una carta de 238 palabras enumerando “los principales logros alcanzados” durante el último año. Un ejercicio de cinismo que aparece justo 72 horas después de no haber dado la cara ante una comisión del Concejo Deliberante de Posadas –mientas los vecinos gritaban por el pésimo servicio– y a menos de 12 horas de que LVM desnudara que Urbaser Argentina ya tiene el cartel de venta y las inversiones en el freezzer.
Y después nos hablan de normas ISO, planes de inversión y de líderes mundiales en servicios públicos medioambientales. Les decía que el pasado martes, en el Concejo Deliberante, mientras los vecinos desgranaban facturas de un millón de pesos y los técnicos del EPRAC intentaban explicar lo inexplicable, el lugar reservado para Samsa permaneció vacío. Ni el ingeniero, ni ninguno de sus gerentes de platinada sonrisa, se atrevieron a cruzar la puerta de la Comisión de Medio Ambiente.
Es una táctica vieja, de manual de fugas: cuando no se tienen respuestas, se ofrece el silencio. Es la respuesta de quien ya tiene las valijas hechas y el pasaje sacado.
Mire usted, lector, la ironía del asunto. En la tierra de las grandes aguas, del Iguazú que ruge y del Paraná que nos abraza junto al Uruguay, hay una casta de tipos con gemelos de plata y aliento a café de aeropuerto que decidieron cobrarnos el aire. Sí, leyó bien: el aire. En Posadas y Garupá, el milagro no es convertir el agua en vino, sino convertir el vacío de una cañería seca en una deuda impagable.
Leí la carta de aniversario con una mezcla de tedio y asco. Un texto que huele a perfume caro para disimular el hedor de un sumidero tapado. Ameri nos arroja a la cara el abecedario de las normas ISO: la 9001, la 14001, la 45001. Alfabetismo corporativo para analfabetos de la realidad que ven al ciudadano –usuario– desde una planilla de cálculos. Dice que certifican la “satisfacción del cliente” y el “trabajo mancomunado”. Yo le pregunto al ingeniero: ¿En qué manual de la ISO figura que dejar la silla vacía ante los representantes del pueblo es un estándar de calidad? ¿Cómo se “mancomuna” el esfuerzo con una empresa que no da la cara, no respeta las instituciones ni cumple con lo acorado?
Samsa, esa criatura del Grupo Urbaser, cumple 26 años. Pero no es un cumpleaños, es una liquidación por cierre. Mientras Ameri redacta odas a la “inversión histórica”, en las oficinas de Avenida Leandro N. Alem al 1050, frente al barrio porteño de Puerto Madero, se encuentra el cartel de “Venta”. La multinacional, propiedad del fondo estadounidense Platinum Equity, busca la puerta de salida. Si no me creen vayan y pregunten en el Banco Santander.
Quieren vender su filial argentina por 400 millones de euros antes de que el contrato expire en 2030 y alguien les exija las cuentas que hoy no quieren dar en el Concejo. Es el truco del tahúr de oficina: te muestran la paloma de las normas ISO en la mano derecha para que no veas cómo la izquierda te vacía la billetera y te deja hasta sin agua.
Miren, además de ver la boleta que llega a mi casa, camino estas calles y he visto los medidores girar con un frenesí demoníaco cuando no hay una gota de agua. Es el “fraude del aire”. Mis vecinos, cansados de ser el cajero automático de una empresa que desinvierte, forzaron al EPRAC a ordenar rectificaciones. Y los funcionarios del organismo de control se dieron cuenta de que no se puede ocultar el sol con un dedo, ni la estafa con una gacetilla de prensa de aniversario.
Mire, ingeniero Ameri, a quienes usted llama “estimado usuario”, yo suelo tratarlos por sus nombres, porque muchos de ellos son mis vecinos. Su “compromiso con la mejora continua” es una bofetada a los 106.000 “usuarios” –dato del último informe de gestión de la empresa– que usted cita como si fueran ganado contable.
El plan es claro: maximizar la recaudación con tarifazos salvajes del 400%, maquillar el balance con certificados de cartón pintado y largarse a toda vela antes de que la infraestructura termine de crujir. Es la ética del corsario: saquear la plaza y huir antes de que llegue la marea de la justicia.
Usted, Ameri, presidente de Samsa, es un transeúnte de la alta gerencia. Mañana, con su ganada chapa de International Waste Manager, estará certificando la calidad de una constructora en Madrid o una mina en alguno de los cuatro continentes donde opera Urbaser Global. Pero el vecino de Posadas y Garupá se queda con su canilla seca. Por eso escribo. Porque si el agua es un derecho humano, lo que están haciendo ustedes —y lo que callan al no ir al Concejo— es un crimen de guante blanco.
Durante las últimas tres décadas, como periodista me tocó escribir sobre redes de corrupción, flujos de dinero, contrabandistas buenos y malos, políticos sin escrúpulos, mercenarios colombianos camino al matadero, en fin, pero nunca sobre una corporación que cobrara el aire.
Sigan mandando cartas. Sigan celebrando aniversarios de papel. Mientras tanto, nosotros seguiremos contando las vueltas del medidor que marca el vacío, documentando el vaciamiento de una empresa que se quiere ir sin pagar la cuenta y recordándoles a los ciudadanos de Posadas que, frente al silencio de sus sillas vacías, solo queda quienes nos animamos a decir basta.
No es una pelea por una factura impaga, el acceso al agua es un Derecho Humano. Es en defensa de un derecho básico de los que vivimos en Misiones frente a una multinacional que lo vulnera. Los tres poderes del Cantón deberían tomar cartas en el asunto y ser menos laxos, pero ahora, no sea cosa que se vayan sin pagar la cuenta.

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