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Muni de Candelaria clausuró histórica arenera: “Es arbitrario e irregular”

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Arenera

La clausura de la playa de acopio y distribución de la Arenera JM S.A. en Candelaria abrió un conflicto entre la empresa misionera con más de 20 años en el mercado y el Ejecutivo municipal, que dispuso el cierre del área de trabajo que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) le otorgó en comodato a la compañía minera, tras ser relocalizada de su predio original por la suba del embalse de la represa a cota 83.

La suspensión de las actividades en el predio costero, ubicado entre el río Paraná y la desembocadura del arroyo Garupá, se concretó el 15 de octubre, luego de una intimación del municipio que comenzó con el reclamo de dos requerimientos: Estudio de impacto ambiental y Declaración Jurada de ventas realizadas, sobre la que el municipio aplica una tasa.

Fantasmas

En diálogo con La Voz de Misiones, el empresario Jorge Muniagurria tachó de “arbitrario e irregular” el procedimiento y denunció que la administración municipal de Carlos Flores, clausuró el predio donde desarrolla su actividad económica en base a “normativa inexistente” y “el arbitrio de funcionarios fantasmas, con áreas y atribuciones que no están establecidas en ninguna resolución, decreto u ordenanza”.

“¡No tienen Carta Orgánica y tampoco se ajustan a la Ley Orgánica de Municipalidades!”, se quejó el empresario arenero y lanzó: “No respetan nada, te cobran una tasa sobre el balance contable, pero no te dan ninguna contraprestación; no ofrecen ningún servicio”.

“La clausura es una muestra palpable de la inseguridad jurídica del municipio”, opinó Muniagurria. “¿Quién va a querer invertir en un municipio que opera al margen de la ley?”, lanzó.

El predio que la Municipalidad de Candelaria clausuró está alejado del casco céntrico y no recibe servicio alguno de parte del municipio. Sin embargo el lugar cuenta con luz, agua e internet y hasta una báscula para precisar las cargas en los camiones, todo alimentado por paneles solares. Inversión de la empresa.

 

El empresario arenero misionero, Jorge Muniagurria.

Irregularidades

La empresa relató los pormenores de la clausura en una nota dirigida a la Subsecretaría de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio de Gobierno de Misiones, donde pide su intervención y le adjunta toda la documentación intercambiada con el municipio de Candelaria.

En el escrito, dirigido al subsecretario José Schiro y fechado el 20 de noviembre, la empresa relata que el 15 de octubre pasado, mediante el Acta de Inspección Nº R-01-00000134, la Municipalidad de Candelaria le requirió “1º Presentar Estudio de Impacto Ambiental de la actividad desarrollada según Ordenanza Nº 3/12, 2º Presentar la información fidedigna de ventas de arena y las correspondientes DDJJ”.

“Ahora bien, al formular el descargo, cumplimentamos con la información necesaria en materia contable y en relación al requerimiento ambiental hicimos notar que la Ordenanza 3/12 jamás fue reglamentada, lo que impedía por ende cumplimentar con la solicitud, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades municipales que la empresa cuenta con la certificación ambiental expedida por el único organismo habilitado a tal fin en el ámbito provincial, adjuntando la documentación respaldatoria”, precisa la nota.

Seguidamente, señala que, como respuesta al descargo empresarial, la Municipalidad emite la Resolución Nº 02/2025, donde rechaza la documentación presentada y ordena la “clausura preventiva” de la firma minera, “hasta tanto se de cumplimiento a los dispuesto por la Ordenanza 3/12 y su Decreto Reglamentario Nº 04/2012”.

“Cómo únicos fundamentos, se limita a señalar en los considerandos que respecto a la información contable brindada por la empresa la considera insuficiente y en relación a lo ambiental, sostiene que tiene su reglamentación mediante -hasta ese momento y pese a nuestros pedidos- el ignoto Decreto Reglamentario 04/12”, afirma el escrito dirigido al subsecretario Schiro.

“Un breve análisis de tal respuesta sirve para apuntalar con creces nuestra aseveración sobre la irregularidad del proceso”, advierte y explica que “en lo que hace a la materia contable, utilizan el temperamento de calificar como ‘insuficiente’ la información brindada sin precisar los fundamentos”, y en lo relativo a la exigencia ambiental se ampara en un “supuesto Decreto Reglamentario Nº 04/12” que “nunca fue publicado” en el Boletín Oficial de la provincia.

“O sea, que un presunto Secretario de Planificación, Catastro y Medio Ambiente (puesto que no existe información legalmente sustentada en base a una Carta Orgánica y/o Ordenanza reglamentaria para saber sus funciones, atribuciones y deberes), ordena, nada más y nada menos, la clausura de una empresa en base a un decreto inexistente”, denuncia.

“Estamos, tal como se puede apreciar, ante un completo desconocimiento de lo que significa e implica un Estado de Derecho”, sostiene la empresa en su escrito a Schiro y considera que “la conducta seguida por el funcionario y sus superiores, demuestra un cabal ejemplo de arbitrariedad absoluta incompatible con el ordenamiento jurídico positivo de nuestro país”.

“Tal accionar es groseramente una muestra de despotismo que debe ser inmediatamente rechazado por los ingentes daños que genera”, advierte.

Hostigamiento

En otro tramo del escrito, la firma privada informa que “no es la primera muestra de hostigamiento” que recibe de parte de las autoridades municipales de Candelaria, ya que “anteriormente han solicitado ante la Entidad Binacional Yacyretá el cese del comodato del inmueble conferido, en base a idénticos argumentos”.

“Todo ello adquiere una proyección nefasta cuando se advierte la crisis que asola actualmente a nuestra provincia, con cierres cotidianos de empresas y consecuente pérdida de fuentes de trabajo”, sostiene la nota y pide a la Subsecretaría a cargo de Schiro “urgente intervención, en base a las facultades que le fueran conferidas en relación con aquellos municipios que carecen de Carta Orgánica, para poner coto al lesivo accionar de las autoridades municipales de Candelaria”.

Arenera, astillero e historia

La Aranera JM Sociedad Anónima comenzó las actividades en 2003, aunque la trayectoria de Jorge Muniagurria -titular de la compañía- suma más de 40 años vinculada al río; como una forma de vivir que heredó de su abuelo, Camilo, que navegada las aguas del Paraná transportando frutas y madera, hasta que posicionó un servicio para transportar personas con una lancha que unía los puertos de Posadas y Encarnación.

Para principios de los años ´80, el negocio de las lanchas lo continúo Juan Carlos Tim Muniagurria, tío de Jorge, de quien supo adquirir más conocimientos sobre el río, sus secretos y la navegación, información arraigada en la familia.

Con el río como aliado, durante décadas, Jorge Muniagurria se desarrolló en la industria arenera con diferentes socios y vinculado a diversas firmas, hasta fundar la propia en 2003: Arenera JM S.A.

Posicionada en el mercado como una empresa modelo, la arenera misionera obtuvo en 2014 la Certificación ISO 9001, acreditando calidad del servicio, peso exacto y transporte seguro.

Mientras el negocio de la arena se desarrollaba a ritmo constante generando decenas de puestos de trabajo de alta capacitación en torno al buque arenero Otello, Muniagurria comenzó un nuevo desafío: construir un barco arenero, con casco de acero. Nunca se había hecho en Misiones.

Tupá, el buque arenero con casco de acero construido íntegramente en Misiones, en el astillero de Jorge Muniagurria.

El proyecto de Muniagurria, formado como armador naval y egresado de la Escuela Industrial de Posadas, lo llevó a instalar un astillero naval, una actividad que formalmente dejó de existir en la provincia hace unos 50 años.

Formalizados los trámites, en agosto de 2014, en las instalaciones del Astillero Jorge Muniagurria, comenzó la construcción, desde cero, del primer buque motor arenero con casco de acero armado íntegramente en Misiones.

Dos años más tarde, en octubre de 2016 se presentó en sociedad al buque Tupá, nombre que lleva la embarcación con la que el empresario bautizó el desafío industrial, y que fue botada inicialmente con 15 metros de eslora, 5 metros de manga, una pileta arenera con capacidad de 40 metros cúbicos, un motor interno diesel y un generador de 133 KW de potencia máxima admisible. Todo en un casco de acero de más de 25 toneladas.

“La inauguración de este buque significa la culminación de un sueño, a la vez que representa el inicio de una nueva etapa en el necesario proceso de industrialización y el desarrollo de las vías navegables al que se inserta la provincia de Misiones”, destacó Muniagurria entonces.

En el acto para la botadura asistieron las autoridades del momento: el vicegobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el intendente capitalino, Joaquín Losada, y el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yactyretá, Humberto Schiavoni; además de diputados provinciales; autoridades de Prefectura, representantes sindicales y empresarios de la construcción que acompañaron al emprendedor.

Luego el buque Tupá fue intervenido para una ampliación de capacidad y potencia realizado en el mismo Astillero, que se mantiene activo y presta servicios a embarcaciones de toda la región.

 

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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