Judiciales
Podría caerse el juicio a Pablo Schoenfisch por autoincriminación de su padre
La autoincriminación de Arnoldo Schoenfisch (67) puso en un embrollo el juicio oral contra su hijo Pablo (23), acusado de asesinar a su madre Faustina Antúnez (54) y de herir a su padre en un presunto ataque parricida registrado en 2020 en Santiago de Liniers, y el tribunal decidió suspender la continuidad del proceso, aunque la decisión final se comunicará mañana cuando se resuelvan los planteos efectuados por la fiscalía y la defensa del joven imputado.
La segunda audiencia del debate oral comenzó esta mañana, minutos después de las 10, cuando los magistrados Adriana Andino, Atilio León y Eduardo Jourdan -subrogante- ingresaron a la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado con una resolución que disponía remitir las declaraciones de Arnoldo Schoenfisch a la fiscalía de instrucción de turno para que se investigue su autoincriminación y que, en consecuencia, el presente juicio se suspenda hasta que se dirima la situación procesal del hombre que pidió ser imputado en lugar de su hijo.
En el escrito, la jueza Andino argumentaba que la decisión obedecía a “resguardar las garantías del proceso”, mientras que León ahondó en que la incriminación merecía “una nueva mirada de parte del órgano encargado de la instrucción”. Jourdan, en tanto, adhirió a los votos precedentes y por unanimidad se resolvió la suspensión del debate, aunque las partes, además de oponerse efectuaron nuevos planteos que obligaron a diferir para mañana la decisión final.
Artilugio
El primero en oponerse a la medida fue el fiscal Federico Rodríguez, quien insistió en que la incriminación del padre del imputado carecía de fundamentos y correspondía a “un nuevo artilugio para dilatar el proceso” craneado por la defensa integrada por los abogados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga.
Rodríguez recordó que en la antesala del juicio el hombre presentó un escrito firmado por escribanía en el que declaraba la misma confesión, pero todo fue desestimado por las autoridades correspondientes y entonces consideró que el debate debe continuar con la exclusión como prueba de la declaración de Schoenfisch padre.
En respuesta al “esquema defensivo”, el fiscal pidió que efectivamente las actuaciones de ayer sean remitidas a la fiscalía de instrucción, pero, en este caso, no para investigar la veracidad de la versión autoincriminatoria, sino para avanzar sobre la posibilidad de que se hayan cometidos delitos de “calumnias, falsedad ideológica y falso testimonio”.
El tribunal y las partes, cara a cara, decidiendo el futuro del juicio para esclarecer el hecho registrado en Santiago de Liniers.
Pedido de excarcelación
El letrado De Sá, por su parte, también tomó la palabra y sostuvo que “la defensa recién conoció al testigo ayer”, mientras que Alvarenga pidió revocar la suspensión del debate al considerar que el juicio debe continuar y que la “hipótesis alternativa” debe ser analizada recién al culminar el proceso.
Subsidiariamente pidió que, en caso de que la suspensión se haga efectiva, el imputado Pablo Schoenfish sea excarcelado y aguarde en libertad hasta tanto se defina toda esta situación iniciada a partir de la autoincriminación de Arnoldo, ex intendente de Santiago de Liniers.
“Estábamos acostados con mi esposa y discutimos un poco. Estaba un poco desorientado. Agarré el arma, la asesiné y después me quise suicidar. Pasó lo que tenía que pasar. Pablo es inocente, yo hice todo y yo tengo que ser el imputado”, fue la declaración que hizo detonar el proceso y podría hacer caer el debate.
El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30 para analizar los planteos de las partes y comunicar la decisión final.
La causa
La nueva versión expuesta por Arnoldo Schoenfisch, que tras el hecho quedó con ceguera, es contraria a lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio formulada por el fiscal Edgar Francisco Doldán y firmada por el magistrado Roberto Saldaña, ex juez de Instrucción Uno de Eldorado.
La hipótesis acusatoria sostiene que en la madrugada del 14 de mayo de 2020, Pablo Schoenfisch atacó a sus padres mientras dormían, efectuándoles disparos a corta distancia. Como consecuencia del hecho, Antúnez perdió la vida y Arnoldo quedó con secuelas permanentes.
Según lo plasmado en ese documento, el acusado mantenía una relación conflictiva con sus padres, motivada por desavenencias y mal comportamiento del muchacho, cuestión que fue ratificada por varios familiares y amigos del imputado al momento de declarar como testigos en la etapa investigativa.
Arnoldo Schoenfisch quedó con ceguera tras el hecho que se investiga.
Incluso, hay testimonios que apuntan sobre una posible premeditación del muchacho, quien ante varios de sus amigos y parientes manifestó abiertamente las intenciones de matar a sus padres con dichos como “voy a matar a toda esta mierda” o “cualquier día de estos le voy a pegar un tiro al viejo de mierda”.
A pesar de ello, el expediente remarca que las sospechas se centraron en él desde el primer momento, cuando los investigadores supieron que la primera expresión de Arnoldo Schoenfisch tras sufrir el ataque y pedir ayuda fue: “Pablito se mandó una cagada”.
No es todo. Durante el transcurso de la causa apareció otro integrante de la familia que recordó que semanas antes del hecho, en el marco de un asado, Pablo Schoenfisch le consultó cómo se podía ocultar los rastros de pólvora que deja la acción de percutir un arma de fuego y la respuesta fue la utilización de un guante.
El testimonio cobra mayor relevancia al mencionar que un par de guantes negros de cuerina fueron encontrados ocultos en una cajonera ubicada en la habitación donde el sospechoso durmió durante la noche del crimen.
Además, sus propios amigos relataron que el joven solía mostrarse e incluso disparar con un revólver calibre 38, el mismo que fue utilizado para perpetrar el crimen que ahora busca ser esclarecido.
Giro en caso Schoenfisch: el acusado se defendió y su padre se autoincriminó
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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