Policiales
Policía denunció trata y abuso contra su hija en San Ignacio
Un sargento primero de la Policía de Misiones se presentó en la Fundación Alameda para denunciar un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual que tendría como víctima a su hija de 18 años. En la acusación señaló la posible participación de otros efectivos de la fuerza provincial. La organización, dedicada a combatir la trata y otros delitos vinculados, solicitó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal.
La Voz de Misiones accedió a la presentación que la Fundación Alameda elevó a Protex, en la que se describen los hechos denunciados por el policía misionero Claudio Benítez, quien presta servicio en la comisaría de Loreto, dependiente de la Unidad Regional (UR) XIII.
El documento firmado por el presidente de la fundación, Gustavo Vera, apunta que los hechos comenzaron el domingo 26 de octubre en horas de la tarde, cuando la joven le informó a su papá Claudio Benítez que se trasladaría a una casa quinta ubicada en Loreto para trabajar.
Siempre de acuerdo a los hechos denunciados, el policía misionero le pidió a su hija que le brindara “fotos” o la “ubicación” del lugar al “tratarse de un trabajo nuevo”.
En esa línea, el documento señala que la víctima identificó a Jorge “Coqui” Mesa como la persona que habría gestionado el supuesto empleo y, según su relato, ese mismo día el hombre se presentó en la vivienda familiar y tomó fotografías de su hermana, menor de edad, con el objetivo de amenazarla para que asistiera a la casa quinta.
En una entrevista con el medio Alem News, la víctima contó que conoció a Jorge “Coqui” Mesa a través de una amiga. Coqui, según el testimonio de la joven, le había prestado mucho dinero y, a cambio de esa deuda, la obligó a traficar droga en su barrio, primero; hasta que la condujo a la cabaña donde se produjeron los hechos.
“Como no tenía para devolverle, me dijo: ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme la plata’. Y ahí, me empezó a dar drogas (cocaína) para que venda. Empecé a vender acá en mi barrio para recuperar esa plata. Y ahí, como ya estaba todo, él me ofreció un trabajo en Loreto”, afirmó la muchacha.
Ante las cámaras del medio mencionado, la muchacha describió lo que vivió ese domingo 26 de octubre: “Me mandó un remis y me dijo para hablar. Me subió al auto y me empezó a dar bebidas, empecé a tomar; él daba vueltas y me dormí, sentí un pinchazo; y cuando me desperté estaban cinco hombres alrededor mío. Me levanto y siento mucho dolor”.
Continuando con lo expuesto en el escrito de la fundación Alameda a la fiscalía, la chica le confesó a su padre, el sargento Benítez, que no estaba en la casa quinta, sino que había sido trasladada a la localidad de San Ignacio, en un camping llamado La Familia.
“Ante ello, Benítez solicitó permiso en la comisaría, ya que estaba cumpliendo turno, para trasladarse a buscarla al camping La Familia. Una vez en el lugar, le pidió a su hija que se trasladara con él a Loreto, la llevó hasta la casa quinta donde supuestamente debía trabajar y la dejó allí”, se desprende del documento.
Luego, Benítez recibió un mensaje de su hija donde la muchacha le contó que “estaba dentro de una habitación con tres personas desnudas en el complejo La Familia, en San Ignacio”. Ante la situación, el policía pidió intervención a la comisaría de Loreto y acudió al lugar con un móvil.
Al presentarse en el camping, el denunciante encontró a su hija en el lugar junto a su camarada Carlos Díaz, a quien señaló como custodio del intendente de San Ignacio, Esteban “Negro” Romero; a una persona identificada como Daniel Dorrey y otra persona que no logró identificar.
Posteriormente, la muchacha de 18 años fue trasladada a la Comisaria de la Mujer jurisdiccional, donde se le tomó declaración de los hechos ocurridos. En tanto, el martes 28, la joven fue trasladada a la ciudad de Puerto Rico para ser examinado por un médico policial, quien corroboró que “había sido víctima de abuso sexual”, se desprende del documento de la fundación Alameda.
En su presentación ante Protex, la Fundación Alameda advirtió sobre indicios de una presunta red de explotación sexual que podría involucrar o contar con el encubrimiento de efectivos de la fuerza provincial. Por ello, solicitó medidas urgentes, resguardo de las pruebas digitales, protección para la víctima y su familia, y una investigación a nivel judicial y administrativo sobre los funcionarios señalados.
Un joven de 26 años falleció esta mañana en Aristóbulo del Valle, como consecuencia de las heridas sufridas en el despiste de un automóvil que era conducido por otro muchacho que dio positivo de alcoholemia y que quedó demorado.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6.20 de hoy, sobre la avenida De las Américas, en el acceso al barrio 60 Viviendas de Aristóbulo del Valle, donde un automóvil Volkswagen Gol con tres ocupantes se salió de la acera y acabó en la banquina.
Los uniformados intervinientes constataron que el vehículo era conducido por Kevin G. (20), mientras que como acompañantes iban María Soledad B. (17) y Lucas Jordan Viera (26), quien falleció producto de un “politraumatismo con fractura de cráneo y pérdida encefálica”.
Los otros dos heridos sufrieron escoriaciones múltiples y quedaron internados en observación.
En medio de las labores de rigor, el conductor del auto fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,52 como resultado y la Justicia dispuso su demora preventiva una vez que reciba el alta médica.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
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