Judiciales
Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Culminada la primera jornada del juicio oral, tres de los seis ex policías imputados por “tortura agravada seguida de muerte” en perjuicio del albañil Carlos Raúl Guirula (34), acusación que prevé una pena de prisión perpetua, adelantaron que en la audiencia de este miércoles prestarán declaración ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas que lleva adelante el proceso.
Los acusados que a través de sus patrocinantes legales expresaron su intención de declarar fueron Ricardo Rafael Escobar (42), Carlos Alberto Da Silva (35) y Carlos Alberto Zidorak (35), mientras que quienes comunicaron que por el momento guardarán silencio fueron Lourdes Beatriz Tabarez (42), Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Claudio Marcelo Servián.
Todos ellos afrontan la misma acusación, aunque al momento del hecho pertenecían a diferentes dependencias policiales y esa madrugada del 19 de julio de 2014 confluyeron en el procedimiento terminó con la muerte a golpes y costillas fracturadas del albañil Guirula.
El inicio
De acuerdo a la reconstrucción del caso trazada en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento que se leyó íntegramente en la jornada de hoy, el hecho que se pretende esclarecer tuvo su origen a las 3.15 de aquella madrugada, cuando una mujer solicitó presencia policial en el motel Park, ubicado en Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas, debido a que un hombre estaba ocasionando disturbios.
Al lugar se dirigió un patrullero Toyota Hilux de la comisaría Decimotercera, con la oficial Tabarez como encargada, el cabo Servían como chofer y el agente Da Silva como acompañante.
Al llegar, el conserje afirmó que el conflicto comenzó cuando un cliente se negó a pagar dos botellas whisky, aunque añadió que las bebidas ya habían sido abonadas al momento de la llegada del móvil policial.
Ese cliente era Guirula, que para ese entonces se encontraba en el asiento trasero de un Renault 19. En ese contexto, la oficial Tabarez ordenó su detención, pero el albañil se resistió al procedimiento y en medio de forcejos efectuó un golpe contra la mujer policía.
Lourdes Tabarez -al fondo- era la encargada del primer patrullero que arribó al operativo.
Ante esas circunstancias, Tabarez pidió apoyo al Comando Radioeléctrico y al lugar acudieron otros dos patrulleros: un Corsa en el que iba Escobar y otro Corsa en el que iba Zidorak.
Finalmente, entre todos lograron que Guirula descienda del rodado y lo redujeron aprisionándolo contra el suelo, donde fue esposado y recibió una primera tunda de golpes antes de ser cargado en la caja trasera de la camioneta Hilux.
Instantes después, el albañil volvió a prestar resistencia y alcanzó a zafarse de los uniformados, cayéndose contra unas piedras ubicadas en las afueras al motel Park, donde volvió a ser reducido a golpes.
Para ese entonces, al lugar ya había arribado otro patrullero en el que se encontraba el último imputado, Saravia Allosa, quien a pedido de otro uniformado accionó un gas pimienta.
Traslado y muerte
Allí, Guirula volvió a ser colocado en la cajuela de la camioneta. Según la acusación planteada en etapa de instrucción, Tabarez ordenó que junto a él vayan Da Silva, Saravia Allosa y otro agente que no resultó imputado en la causa.
Durante el traslado desde el motel hasta la comisaría Decimotercera, la víctima habría continuado recibiendo golpes de todo tipo, incluso patadas y hasta se menciona que uno de los agentes iba saltando sobre su espalda.
La consecuencia fue el fallecimiento del detenido. Para cuando llegaron a la comisaría, distante a unas siete avenidas (3 kilómetros), Guirula ya no respondía y tampoco reaccionó ante un baldazo de agua, ni a las labores de reanimación practicadas.
La autopsia estableció que el hombre sufrió traumatismos graves en zonas de cabeza y tórax que a su vez provocaron fracturas costales múltiples y bilaterales. Todo ellos derivó en una contusión pulmonar bilateral grave, con insuficiencia aguda grave y edema cerebral difuso, que en su suma generó el paro cardiorespiratorio que lo llevó a la muerte.
El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre en el TP-2 de Posadas.
Mediante las pericias los investigadores también establecieron que el móvil fue lavado y que a Guirula le quitaron el teléfono celular, entre otras cuestiones clave que derivaron en una orden de detención emitida para los sospechosos que ahora afrontan este debate oral donde se definirá el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho.
Todos los acusados llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de los plazos de prisión preventiva, pero hoy el tribunal atendió a un planteo efectuado durante las cuestiones preliminares y dispuso que cada uno de ellos cuente con una consigna policial en sus respectivos domicilios como medida para garantizar de que nadie intente evadir el proceso.
La imputación contra los uniformados también incluye el delito de “ocultamiento de pruebas”, aunque la defensa de uno de ellos pidió la prescripción, cuestión que será atendida al momento del dictado de sentencia, según informó esta mañana el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
En la fiscalía y encargado de la acusación interviene el fiscal Vladimir Antonio Glinka.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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