Ambiente
Mbyas y productores denuncian apeo e intentos de usurpación en Alberdi
A través de un comunicado, el Movimiento Agrario de Misiones (Mam) alertó sobre “graves hechos de apeo ilegal de madera nativa y una ocupación irregular y violenta de tierras” contra cuatro familias de pequeños productores e integrantes de la comunidad mbya El Chapá en Colonia Alberdi.
Los denunciantes aseguran que se encuentran asentados en esa localidad desde hace décadas y en los últimos tres años fueron objeto de constante “intimidación” y “tensión” por parte de los supuestos propietarios, quienes estarían “ligados directamente a una funcionaria provincial”.
Por este motivo, desde el año 2022 las familias de agricultores han radicado denuncias policiales y penales ante el Juzgado de Instrucción Dos, la secretaría N°2 IV Circunscripción Judicial de Jardín América, como también elevaron reclamos al Ministerio de Ecología, pero aseguran que “la problemática continúa”.
Los lotes en disputa, según la nomenclatura registrada de la Dirección General de Catastro, son el 94B y el 943D (Departamento San Ignacio, Municipio Gobernador Roca, Campos de Rocas).
Ataques registrados
Una de las productoras afectadas es Mabel Acosta, quien adquirió sus tierras hace décadas: “Producimos yerba en ese monte, de manera agroecológica, porque trabajamos con una cooperativa. De pronto apareció un gendarme, de nombre José Miguel Kerm, quien nos amenazó, nos intimidó y más tarde nos quemó una casa que teníamos en el lugar. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría de Roca”.
Sin embargo, con el paso del tiempo “la invasión y el robo” de madera se acentuó: “Como en esa zona no hay puente no podíamos ir frecuentemente, solíamos recorrer la zona los fines de semana, después de trabajar en la cooperativa. Íbamos a plantar cúrcuma, todo bajo el monte, porque somos ecologistas”.
Intervención con personal policial
Fue durante una de esas visitas cuando se produjo un nuevo ataque de los supuestos propietarios. Acosta y su familia registraron en videos y fotografías el violento episodio: “hubo empujones, amenazas y quemaron la segunda casa que empezamos a construir“.
La mujer contó que las persecuciones persistieron y lamentó que realizó una denuncia al Ministerio de Ecología, pero el organismo provincial no puso freno a la situación: “Siguen haciendo lo que quieren, sacando madera, con el dueño del aserradero Rosenthal, sacan madera con camiones todos los días”.
Complicidad política
Según denuncian desde el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), en los hechos de apeo ilegal e intento de apropiación irregular de miles de hectáreas, está involucrada directamente, como supuesta propietaria, Mariana Mira, quien desde 2021 a la fecha se desempeña como directora general de Catastro de la Provincia.
Explican que, llamativamente, de pronto los lotes, ocupados desde hace décadas por productores que se dedican a la agricultura familiar y por comunidades mbya guaraní, aparecieron a nombre de Mira, padre de la mencionada funcionaria de Catastro, quien, de ese modo, pasó a ser la supuesta “heredera” y que incluso habrían modificado planos para favorecerla.
Desde el MAM observan que el hecho no es aislado: “Otros episodios similares se han denunciado en los últimos dos años”. Y alertan que el propósito de los invasores es extraer la abundante madera nativa que existe en el lugar.
Acosta denunció que la propia directora de Catastro, está involucrada directamente en el asunto: “Funcionarios públicos provinciales están metidos en este desastre que está pasando en la provincia de Misiones. Ellos les dan información y hasta operarios. Yo misma fui a hablar con Mariana Mira para decirle que vendiera al Movimiento Agrario esas tierras para convertir al espacio en una reserva natural. Lamentablemente están invadiendo todo, persiguiendo y amenazando a agricultores e indígenas. Y quien se pone al frente de todo esto es un agente de Gendarmería, prepotente, con machete y revólver. Y así siguen tumbando los montes, con total impunidad, en evidente connivencia con el poder político y el poder judicial”.
Acosta comentó que colocaron un portón en su propiedad y montaron allí una guardia con personal de seguridad armados.
“Somos mujeres y estamos trabajando en viveros, labores cotidianas con nuestras gallinas, nuestros frutales, en total armonía y respeto por el ambiente. Todos los animales fueron muertos. Tenemos miedo y no queremos que ocurra lo mismo que en Eldorado y Puerto Libertad, donde se produjeron invasiones similares para plantar monocultivos de pino. Yo sé bien que Mira es pariente de Urrutia y juntos tienen un pacto para la apropiación y explotación de estas tierras. Se están repartiendo entre unos pocos las tierras que debieran ser para todos los misioneros”.
Mira respondió que era heredera de una extensión total de 163 hectáreas, de las cuales la mitad pertenece a otra pequeña productora familiar, Perla Viñabski, quien reside en el lugar desde hace 48 años. La invasión comenzó allí y se fue adentrando cada vez más.
Consultada por la situación, Viñabski expresó que “El primer día que vinieron entraron y dijeron que todo esto era de ellos”. Contó que el problema comenzó en 2022 cuando estos desconocidos empezaron a colocar alambres y a retirar todas las plantaciones de yerba, pino y frutales, de las familias que viven y trabajan esas tierras desde hace décadas.
También mencionó que sacaron camiones de madera nativa, especialmente cargas de la especie paraíso, por lo que la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Gobernador Roca. Luego, fue amenazada y los supuestos propietarios le advirtieron que no volviera a ingresar porque si lo hacía la iban a disparar.
Viñabski enfatizó que la mensura de sus tierras se efectivizó hace muchos años y que ya completó los pagos correspondientes.
Señaló que en los últimos años los invasores hicieron caminos y puentes, con la finalidad de trasladar la madera nativa sustraída. Y dijo que, como a ella no le tomaban las denuncias de manera particular, debió proceder con un abogado, quien formalizó las presentaciones judiciales ante el Juzgado de Jardín América. Los problemas persistieron y ante cada nuevo atropello Viñabski radica nuevas denuncias.
Extracción de madera nativa
“Pese a todas las denuncias siguen trabajando, tumbando monte y sacando maderas. Es todo un tema con esa gente. No sé qué es lo que tienen, que tienen tanta autoridad. Queda demostrado una vez más que las leyes no se cumplen para los pobres y sólo se ampara a los más ricos. Y, a todo esto, el Ministerio de Ecología autoriza a los ocupantes que tumben el monte y hace la vista gorda ante toda la destrucción que están provocando”, manifestó la productora.
En el caso de la comunidad mbya guaraní El Chapa, cuenta con la carpeta de territorio relevado a través de la Ley 26160, del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Allí, se les reconoce más de 600 hectáreas y los lotes en conflicto corresponde a zonas de tránsito, recolección y caza.
Trasfondo histórico
Los procesos de regularización de las tierras en esas secciones de Colonia Alberdi comenzaron formalmente en 2010, cuando tales propiedades aún se encontraban bajo la titularidad dominial de Rudecindo Roca (primer gobernador del Territorio de Misiones y hermano del por entonces presidente Julio Argentino Roca, quien compró 265.180 hectáreas en 1881).
En su primera fase, el proyecto se desarrolló con la participación articulada del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia, la Subsecretaría de Tierras y Colonización del Ministerio de Ecología, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la intendencia de Colonia Alberdi, por entonces a cargo del Juan González.
“El objetivo fue que las familias agrícolas poseedoras de lotes en Colonia Alberdi que tuvieran como propietarios o titulares dominiales a la familia Roca, consiguieron la titularización de sus tierras de manera gratuita”, se informó en una publicación del diario El Territorio en septiembre de 2016.
Se precisó entonces que la primera tarea fue rastrear a los herederos de Rudecindo Roca, los que fueron identificados como Julia Blanca Roca y Lencisa de López. María Teodosia Roca y Lencisa de Watson Hutton, Rudecindo Roca y Murguerza y Virginia Rogelia Muguerza de Roca. De esta manera se iniciaron las demandas de usucapión o prescripción adquisitiva (veinteañales).
Fuente: Movimiento Agrario de Misiones (MAM)
Apeo ilegal en Piñalito: “Es un hecho aislado que por su magnitud nos alertó”
El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.
Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.
Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.
Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.
A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.
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El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.
La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.
En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.
En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.
Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.
La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.
Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.
“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.
Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.
Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.
También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.
FALLO CAUTELAR OREMBAEONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio
Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.
En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.
Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.
La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.
Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.
Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.
También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.
Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.
Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.
En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.
Daño
En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.
En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.
“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.
La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.
Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.
De Posadas al activismo ambiental
Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.
Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.
Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.
Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.
El video y el argumento
La organización ambientalista Rebelión o Extinción difundió un video donde se observa el momento en que Clarisa Neztor, quien ya había asumido públicamente la autoría, realiza pintadas en la Casa de Gobierno y en los ventanales de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.
El material, publicado en formato reel en Instagram, muestra a la activista durante la acción y refuerza su pertenencia al espacio. Según había expresado previamente, el hecho forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por la organización en distintas provincias del país, en el marco de acciones de visibilización ambiental en repudio a la reforma a la Ley de Glaciares.
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