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Los detuvieron por amenazas y el pueblo los defendió: “Impedían la tala”

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Cinco productores, integrantes de la familia Cerpa, fueron detenidos el martes 12 de agosto, sobre la ruta provincial 18, en cercanías a Dos Hermanas, acusados en una causa por supuestas amenazas, tras una orden del juez de Instrucción Penal Uno de San Pedro, Ariel Belda Palomar. 

La medida tuvo un rápido repudio por parte de familiares, vecinos e incluso ediles que se manifestaron mediante asambleas. También hubo un corte sobre la ruta provincial 17, frente a la comisaría de Dos Hermanas, y un bloqueo en la Aduana en Bernardo de Irigoyen para reclamar la liberación de los hombres, lo que finalmente se concretó este martes.

Tras la detención de los cinco vecinos de 34, 42, 56, 58 y 64 años, respectivamente, concretada en un procedimiento realizado por más de 30 efectivos policiales con presencia del juez, el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen había emitido un comunicado en el que manifestó su acompañamiento a las familias afectadas por el procedimiento judicial y policial que calificaron como “irregular e injusto”.

A través de un breve escrito, enfatizaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del juez de Instrucción Penal Dr. Belda Palomar, que vulneró derechos adquiridos, sorprendió a las familias y afectó a niños, mujeres y productores de nuestra ciudad”.

La disputa

La familia Cerpa reside en una chacra del lote 17 de Bernardo de Irigoyen hace al menos 60 años. A la defensa de los hombres, que por los vecinos son reconocidos como productores, trabajadores y padres de familia “sin antecedentes criminales”, se sumó la propia presidenta del recinto deliberativo, Carmen Borges Da Silva.

La edil se refirió a la motivación detrás de la denuncia contra los productores y señaló que la única “amenaza” se produjo dentro del propio terreno de los detenidos, quienes habrían prohibido a ciertos compradores de madera ingresar y cortar árboles protegidos por ley provincial.

A raíz de esto, los interesados en extraer la madera nativa procedieron a realizar la denuncia por “amenazas” que luego culminó con la detención, el martes 12 de agosto alrededor de las 15, efectuada por efectivos de la Policía de Misiones, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por Belda Palomar.

Allí fueron capturados los cinco hombres, acusados en una causa por supuestas amenazas, mientras que de sus domicilios secuestraron armas de fuego.

Miembros de la familia Cerpa

El caso movilizó a más de 200 vecinos, quienes se reunieron para manifestar su enojo en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente este martes los hombres fueron liberados en horas de la tarde.

“Si bien ellos vuelven a sus chacras, que es la tierra donde nacieron y se criaron hasta la quinta generación de familiares, porque son vecinos que hace 65 años viven ahí, es muy compleja la situación. Ahora quedaron bajo caución y una vez al mes tienen que ir a firmar. Ahora hay que esperar a ver cómo sigue el proceso”, añadió Borges Da Silva consultada por La Voz de Misiones.

En cuanto a los desafíos pendientes en el municipio aseguró: “Acá hay que trabajar el tema de tierras porque realmente vivimos en un lugar donde falta mucho por hacer en cuanto a la regularización. Tenemos muy pocas tierras mensuradas y con título. La mayoría no se legalizaron”.

Nunca hubo amenazas de Cerpa, lo que él hizo fue prohibir la tala de árboles y por eso después pidieron allanar. Para mí se les fue de las manos, más que un allanamiento fue un atropello porque no fueron a allanar un lugar donde existieron antecedentes, que fueran personas dañinas o malas, fueron a allanar la casa de una familia vulnerando todos sus derechos”, cuestionó. 

Por lo que lamentó: “En Irigoyen hemos tenido casos muy complejos y nunca llegaron a hacer un allanamiento con esa magnitud. No hay explicación para todo lo sucedido”.

Según los testigos, la misma persona denunciante, que previamente recibió la prohibición de cortar árboles, se había apersonado en la chacra de los Cerpa, junto al juez, el 12 de agosto, luego de cortar el alambrado del predio y tumbar los portones.

“Por eso fue más grande la indignación de la sociedad, porque fue la primera vez en la historia que pasa algo así, como si estuviéramos mirando una película. El mismo denunciante estuvo junto al juez y la Policía, es como para hacernos pensar qué habrá detrás de todo esto”, concluyeron. 

 

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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