Judiciales
Médicos en juicio a cacique por femicidio: “No recomendamos quemar el cuerpo”
Muerte por covid o femicidio. Sobre ese interrogante se centró esta mañana el primer día del juicio oral contra el ex cacique Marcelo Núñez, acusado de asesinar a su pareja criolla María Solange Diniz Rabela (22), para luego incinerarla y enterrarla en una fosa a metros de su casa dentro de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente.
Núñez, que enfrenta una acusación que puede conducirlo a prisión perpetua, mantuvo su inocencia al declarar este miércoles al mediodía, una vez concluida la presentación de los trece testigos citados para la fecha, varios de los cuales optaron por no declarar al ser familiares del imputado.
El cacique insistió en la versión defensiva que sostiene desde el 12 de abril de 2020, día en que se produjo el deceso de Diniz Rabela, aunque el hecho recién se descubrió cuatro días después, tras una denuncia radicada por el padrastro de la joven.
“Yo soy inocente”, sostuvo Núñez, apoyado por un intérprete de idioma guaraní, al momento de declarar ante el magistrado Francisco Aguirre, que preside el Tribunal Penal Uno de Oberá con sus pares Horacio Paniagua y Jorge Carvallo como vocales.
El imputado reiteró que Diniz Rabela murió por un cuadro de covid y apuntó que la cremación del cadáver se efectuó por recomendación de la médica Adriana Mariel Ferreyra Díaz (55), que declaró minutos antes que el cacique y repitió en al menos cinco oportunidades que nunca emitió tal consejo.
“La doctora mintió. No fue así. Yo le llamé y llamé pero no atendió nunca. Recién a los tres días vino. Ella dijo que la enterrara o hiciera algo más rápido. Me dijo: ‘Vos Núñez hace mi palabra y yo me hago cargo”, lanzó el cacique, atribuyéndole la responsabilidad del cruento final de Diniz Rabela a la médica.
El cacique además se desligó de la cremación del cadáver, tarea que -según su testimonio- fue realizado por otro paisano que actuó sin su consentimiento como autoridad máxima de la comunidad. También negó haber ejercido violencia de género sobre la víctima en ocasiones anteriores.
“Siempre íbamos bien con ella. Ella iba a la iglesia, a la religión de ellos y yo seguía mi religión guaraní. Yo nunca le hice mal, le amo mucho a ella”, aseguró.

Marcelo Núñez está detenido con prisión preventiva y puede ser condenado a prisión perpetua.
Los médicos
Sin embargo, varios de los testimonios recolectados previamente marcan episodios diametralmente opuestos al relato brindado por el cacique imputado.
Los aportes más esperados de la jornada eran los de la médica Ferreyra Díaz y la de su compañero, el chofer de ambulancia, Ricardo Sabal (45), quienes relataron cómo fueron esos primeros días del caso.
“Era domingo de Pascuas en 2020. Era pandemia, es decir que estábamos alerta. Yo estaba en mi casa y me llama Núñez solicitando que vaya con la ambulancia porque había obitado su pareja y él pensaba que era covid. Yo le dije que no podía hacer eso, que debía llamar a la Policía porque se trataba de un óbito en domicilio”, recordó la médica que desde 2012 realiza visitas sanitarias en comunidades aborígenes de San Vicente y alrededores.
En idéntica sintonía declaró Sabal, a quien Núñez llamó solicitando lo mismo y recibió la misma respuesta. “Nos preguntó si podíamos ir a buscar el cuerpo de su pareja, que había fallecido. Supuestamente él se despertó y ella estaba fallecida. Yo me comuniqué con mi jefe y me dice que no, que nosotros no somos la morgue, que debía intervenir la Policía”, afirmó.
Lo que ocurrió después, según ambos testigos, fue que el cacique los volvió a llamar, pero esta vez pidió que acudieran a la comunidad porque habían niños con síntomas similares al coronavirus.
Ferreyra Díaz contó que esa visita sí fue autorizada y decidieron ir hasta Tarumá Poty, pero antes de ello pasaron por la comisaría Segunda de San Vicente para advertir que en el lugar había una persona fallecida, lo cual fue prácticamente desoído por los oficiales en turno.
“Yo hablo con un oficial y le empiezo a comentar. Él me dice que estaban en conocimiento porque vino el padrastro de la señora (de Diniz Rabela). Me dijo que nadie nos iba a acompañar porque la costumbre de ellos era enterrar el cuerpo en la comunidad. Ahí yo le avisé que ella no era de la comunidad”, profundizó en ese punto Sabal.
La cuestión es que al llegar a la comunidad el equipo sanitario revisó a sus integrantes, donde había niños con cuadros subfebriles pero ninguno presentaba mayores síntomas, ni hubo que trasladar a ninguno para una atención más pormenorizada.
“Cuando estábamos allá me acerqué a la carpa donde estaba el óbito. Yo ya sabía que estaba ahí, pero yo ya había dicho que no iba a revisar el cuerpo. El señor Núñez nos volvió a pedir que trasladáramos el cuerpo hasta Fracrán, pero nosotros terminamos nuestro trabajo y volvimos al pueblo”, alegó la médica.
Tanto el fiscal David Milicich, como el defensor particular Jorge Zabulandez e incluso los magistrados realizaron varias preguntas relacionadas a la cremación del cuerpo de Diniz Rabela, a lo que la médica contestó, una y otra vez: “Yo jamás dí esa recomendación. Juro por Dios y los Santos Evangelios. Ni se me hubiese ocurrido”.
“Cuando terminamos todo la doctora se acercó a Núñez y le recomendó que traten de resolver lo antes posible porque el cuerpo se iba a descomponer. En ningún momento recomendamos que quemaran el cuerpo”, ahondó Sabal.
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, tras el deceso de Diniz Rabela el cacique le ordenó a varios paisanos que colaboren para deshacerse del cuerpo, siempre siguiendo la teoría del fallecimiento por covid. Tal fue así que algunos participaron en el traslado del cadáver y otros ayudaron en la cremación.
Sin embargo, ninguno de ellos aceptó declarar hoy, amparándose en que todos guardaban algún lazo de parentesco con Núñez, lo cual los exime de testimoniar, según la legislación vigente.

El cacique Zayas y la médica Ferreyra Díaz, cara a cara, para un careo.
Careo
El único que aborigen que sí declaró fue Pablo Alejandro Zayas, cacique de otro pueblo mbya guaraní distante a unos 20 kilómetros de Tarumá Poty.
“Todos los testigos que estuvieron acá, por miedo o timidez ante la autoridad, no se animan a contar la verdad. La policía, el blanco, siempre llega atropellando. Por eso yo hoy estoy acá, para decir que Marcelo Ñúñez es inocente y que la señora falleció de enfermedad”, arrancó Zayas, que no dudó que atribuir responsabilidades en el caso a la médica Ferreyra Díaz.
El cacique narró que “doña María (por Diniz Rabela) una semana atrás ya estaba muy enferma. Ella contó todo, tenía un tumor y seguramente eso le fue perjudicando la vida física de ella”, aunque ante una repregunta del fiscal Milicich admitió que a pesar de ello “nadie llamó al médico”.
Sobre la cremación del cuerpo, tampoco vaciló y cuestionó a la médica: “Yo escuché que la doctora mandó a quemar el cuerpo. Yo por eso fui el martes, para que no se haga eso, pero ya era tarde”.
La contraposición entre ambos era evidente, por lo cual el fiscal solicitó la realización de un careo, donde los dos mantuvieron sus mismos postulados. La doctora negó haber dado esa recomendación y Zayas insistió en su acusación.
Violencia
Independientemente del debate en torno a la quema del cadáver, en esta primera jornada también declararon dos testigos que dieron cuenta de episodios de violencia de género contra Diniz Rabela.
Uno de ellos fue Leonardo Benítez (44), padrastro de la víctima. El hombre contó que la muchacha era “maltratada” y que llevaban cinco meses sin hablar con ella porque Núñez impedía las comunicaciones.
“Él le golpeaba y le maltrataba. Ella intentó escapar dos veces y él le salía a buscar de nuevo en la moto. Yo creo que fue más muerte por delito, que por covid. Ella fue matada por el señor”, incriminó.
Otro que testigo que mencionó situaciones de violencia fue Cristian Reinel (24), vecino de la comunidad. Si bien el joven no presenció los hechos, sí relató lo que su esposa, Juana Sierra -también aborigen-, le contó.
“Yo escuchaba gritos cada noche, pero no sabía nada. Pensé que por ahí era que estaban jugando naipes. Mi señora me contó que un día estaban en la casa de su abuela y escuchó a la señora gritar. Ella me contó que la señora salió corriendo, con un dedo cortado y que Marcelo venía con un machete atrás”, describió.

Leonardo Benítez, padrastro de la víctima, relató episodios de violencia.
Día clave
El debate oral continuará mañana, a partir de las 8.30, con la declaración de dos testigos citados a último momento: uno es el médico policial que participó de la excavación y otro es el médico forense que realizó la autopsia a los restos carbonizados de la víctima.
La declaración de ambos será clave para abordar cuestiones referidas al fallecimiento de la joven. En este punto cabe recordar que la autopsia no pudo precisar la causa de muerte debido al estado de carbonización total que presentaban los restos, aunque sí consideró que el deceso fue violento.
Se prevé que después de ello se dará inicio de la etapa de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales, para que posteriormente el tribunal dicte sentencia.
El debate puede observarse en vivo a través de Youtube.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) advirtieron “aunque la causa fue presentada públicamente como un femicidio, lo cierto es que no existen pruebas concluyentes que incriminen a Marcelo Núñez, quien lleva años en prisión preventiva”.
Y reclamaron que “el proceso estuvo atravesado por irregularidades graves, la falta total de perspectiva intercultural y una condena social y mediática reforzada por prejuicios racistas y discriminatorios.
FOTO: Emipa
Comenzó el juicio contra el cacique acusado de matar y quemar a su pareja
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Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
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Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
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Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
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