Judiciales
Comenzó el juicio contra el cacique acusado de matar y quemar a su pareja
Minutos antes de las 9 de hoy, en el Tribunal Penal Uno de Oberá, comenzó el juicio oral contra Marcelo Núñez (38), el ex cacique de la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente acusado de asesinar a su pareja María Solange Diniz Rabela (22), cuyo cuerpo luego fue incinerado y enterrado a metros de su casa.
El hecho ocurrió el 12 de abril de 2020, en plena pandemia, y en su defensa el acusado alegó que la joven falleció como consecuencia del Covid y afirmó que quemó el cuerpo por recomendación de los médicos que realizaban visitas sanitarias en la comunidad.
Esa cuestión será el principal tema de controversia durante el debate. Por más que la autopsia no haya podido determinar la causa exacta del deceso debido al estado de carbonización total que presentaban los restos, para la Justicia hubo muerte violenta y, por ende, consideró el caso como un femicidio.
La hipótesis se apoya en episodios previos de violencia de género que Núñez ejercía contra la víctima, además de los testimonios de los médicos intervinientes, quienes negaron haber dado la recomendación de cremar el cuerpo.
Según la reconstrucción trazada en el requerimiento de elevación a juicio, el hecho ocurrió el 12 de abril de 2020, un día después de una jornada de asado y bebidas alcohólicas que hubo dentro de la comunidad, aunque el caso recién salió a la luz el 16 de abril, tras una denuncia radicada por el padrastro de Diniz Rabela.
Con el descubrimiento de los restos enterrados y carbonizados, la Policía reconstruyó lo sucedido en los días anteriores y se estableció que al lugar arribaron la médica Mariel Ferreyra Díaz y el enfermero Ricardo Sabal.
Los agentes sanitarios se encontraron con Núñez y constataron la muerte de la joven, aunque no procedieron al traslado del cuerpo ni realizaron ninguna otra acción porque esas labores le correspondían a un médico policial o forense.
Al retirarse, Núñez le pidió ayuda otros paisanos para retirar el cuerpo de la vivienda y trasladarlo hasta la fosa donde incineró los restos con combustible. Ante todos ellos el acusado afirmó que la cremación del cadáver fue el consejo dado por los médicos en virtud de que el Covid era “una enfermedad contagiosa”.
Los restos quedaron carbonizados en su totalidad, lo que impidió a los forenses determinar la causa exacta del deceso, pero sí se supo que la incineración se produjo post-mortem.
Entre los testimonios recolectados también figuran vecinos y familiares de la víctima, quienes narraron antecedentes de violencia.
Una paisana, por ejemplo, recordó que “una vez yo estaba en la casa de mi abuela y María salió corriendo de su casa y mostró los dedos cortados. Él salió atrás de ella y le decía que vuelva. A veces los gritos duraban hasta una hora”.
También se tuvo en cuenta una declaración en Cámara Gesell vertida por uno de los dos hijos menores de Diniz Rabela, donde el niño reveló que “el cacique era malo para mí mamá, le daba piñas y patadas”.
La jornada de hoy
Ahora, todos esos testigos que declararon durante la instrucción de la causa deberán comparecer ante el tribunal durante la jornada de hoy. En total hay 13 personas citadas.
Se prevé que el juicio se extenderá hasta mañana, jornada en la que se producirán los alegatos de las partes y posteriormente se dictará sentencia. El debate puede seguirse en vivo, a través de Youtube.
El cacique Marcelo Núñez, que en la comunidad era conocido como Claudio, enfrenta una acusación por femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El tribunal encargado de llevar adelante el juicio es presidido por el magistrado Francisco Aguirre e integrado por sus pares Horacio Paniagua y Jorge Villalba.
En representación de la fiscalía interviene David Milicich, en tanto que el implicado es defendido por Jorge Horacio Zabulanez. Del proceso también forma parte un intérprete del idioma guaraní para favorecer la comunicación y garantizar el entendimiento de las partes con el imputado.
En diálogo con Emipa, el letrado que defienda al cacique sostuvo la inocencia del acusado y reclamó en la causa hubo discriminación contra Nuñez por ser integrante de la comunidad indígena.
“Él es totalmente inocente, si no hubiera sido aborigen probablemente ya estaría fuera. El abandono a las Comunidades Indígenas tiene una base institucional y racial”, planteó.
Y agregó: “Me gustaría que se haga justicia y que esta persona no siga en la cárcel porque no hay ningún elemento que pueda decir que cometió un asesinato. Sin embargo creo que aunque él salga, la situación en relación al trato y la discriminación con los indígenas no va a cambiar. Si no fuese Mbya, hubiese tenido acceso a otras cosas”.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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