Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

La democracia no se quiebra de golpe; se va astillando. A veces con la firma de un decreto, otras con el estruendo de un tiro. En estos tiempos de pantallas, el método es más sutil y eficaz: la mentira programada. Una noticia falsa no requiere pólvora; le alcanza con un celular, un funcionario sediento de revancha, un ejército de bots o un rebaño dispuesto a repetirla. Lo que se dispara entonces no es información: es plomo simbólico. Y en esta guerra, como en todas, las primeras bajas suelen ser civiles: hombres y mujeres que trabajan, votan y todavía esperan —cada vez con más duda— que alguien, en algún rincón, esté diciendo la verdad.

Nuestra provincia no vive aislada del resto del mundo. Respiramos una época donde la mentira perdió su estigma de pecado para ser validada, sin pudor, como una estrategia política de diseño. Y acá, en Misiones, esa discusión tiene que dejar de ser abstracta. Esta semana, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Diego Hartfield, anunció que denunciará penalmente a Roque Gervasoni, titular del IMaC, por haber replicado en redes un video que lo vinculaba con supuestos vuelos en aviones privados financiados con fondos públicos.

Hartfield lo negó de forma categórica en Radio Up, en el programa “Realidad Mixta”: “Nunca me tocó un avión privado en mi vida. No, nunca, jamás”, dijo. Y fue más allá: le llamó la atención que “un funcionario del gobierno lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”. Lo que se cuestiona es que un funcionario público utilice las redes sociales para empujar desinformación en contra de. Una fake news, una peste antiquísima que se potenció con internet.

No se trata, entonces, de un cruce de chicanas. Se trata del mecanismo, del método. Una cosa es que la intoxicación circule desde cuentas anónimas, ese barro digital donde nadie firma nada y todos tiran piedras. Otra cosa —mucho más grave— es que la desinformación sea amplificada por alguien que ocupa un cargo público y se mueve con la autoridad implícita del Estado. Porque cuando un funcionario distribuye una noticia falsa, no está opinando: está ejerciendo una fuerza asimétrica. Como lo hace permanentemente Javier Milei y sus devotos. El poder, como las armas, exige un seguro y un protocolo. Sin reglas, la política se convierte en un campo de tiro ciego: gana el que dispara primero el engaño, no el que mejor gestiona la realidad.

La pregunta no es si Gervasoni lo hizo o no: eso lo determinará la Justicia y, antes, los hechos. La pregunta política, la que debería incomodar a todos los partidos, es otra: ¿vamos a aceptar que la campaña permanente se convierta en una cloaca donde todo vale?

Umberto Eco, que tenía la virtud de decir con elegancia lo que otros apenas balbuceamos, lo resumió con brutalidad: las redes sociales “le dieron derecho de palabra a legiones de idiotas”. No era un insulto; era, en todo caso, un diagnóstico cultural de época.

El semiólogo, uno de los más importantes del siglo XX, advertía que el problema no era que la estupidez existiera —siempre existió—, sino que ahora circula con mayor velocidad que un dato verificado y, peor, con más emoción. La mentira viaja en moto; la verdad va a pie, con papeles, con llamadas, con chequeos, con tiempo.

En su novela Número cero, Eco explicó el método: se manipula, se difama, se instalan intrigas, se fabrica clima. Y cuando el clima está instalado, la rectificación llega tarde: la reputación ya está herida.

Hartfield, de hecho, describió el “modus operandi” de estas operaciones: aprovechar un tema viral y “tirar” contenido falso para que “la inteligencia de las redes sociales lo manijee” porque la gente se prende. Ahí aparece el algoritmo como cómplice: no premia lo verdadero; premia lo que genera reacción. Y en política la reacción es oro. Por eso la fake es tan tentadora: cuesta poco, rinde mucho y casi nunca paga precio.

Tal vez este caso abra la puerta a un compromiso público de toda la dirigencia misionera: oficialismo y oposición. Acá es donde tienen una oportunidad histórica, simple y concreta: firmar un pacto de no difusión de noticias falsas, con un protocolo mínimo. No es poesía. Es higiene democrática. Un acuerdo básico, como los que se hacen en tiempos de peste para no contagiar al vecino.

El pacto podría incluir tres reglas elementales: Primero, no compartir información sin fuente verificable; segundo, rectificar con la misma potencia con la que se difundió; tercero, sancionar políticamente a quien use recursos públicos para campañas de desinformación. Si no pueden sostener eso, entonces el discurso sobre “la república”, “las instituciones” y “la democracia” es sólo decoración de campaña.

Ahora bien: esta pelea no es sólo de los políticos. También es del periodismo, que tampoco está exento de culpa. Y acá conviene decirlo con crudeza, porque el romanticismo no paga las cuentas ni salva reputaciones: el periodista no puede ser un militante disfrazado de cronista. Puede tener ideas y posturas, claro. Pero su compromiso profesional es con el método: verificar, contrastar, dudar, llamar de nuevo, chequear, esperar.

Hace treinta años que me gano el pan escribiendo para diarios, revistas, portales de noticias y libros, y pasé por redacciones de los más diversos tamaños. Entiendo cómo funciona el juego del poder, pero jamás vi tanto desparpajo, tanta liviandad. Miren: ya sabemos que en la era de la posverdad hay medios que confunden velocidad con rigor y el ruido de los clics con el peso de la relevancia. Por eso, en tiempos de ansiedad, esperar es revolucionario.

Guiémonos por los faros que encendieron los mejores, como Ryszard Kapuściński, el gran reportero polaco que caminó guerras y dictaduras con una libreta y con la convicción de que, si no entendés a la gente, no entendés el conflicto; y si no respetás los hechos, no respetás a la gente. Comprendía que el periodismo no es repetir lo que te dicen, sino descubrir qué hay detrás de lo que te dicen. Además, estaba convencido de que los cínicos —los que manipulan, los que sirven intereses, los que convierten la información en negocio— no servían para este oficio, porque el cinismo es la antesala de la mentira.

Y en esta idea de señalar, pero a la vez buscar juntos la salida del laberinto, en su momento Umberto Eco propuso que los diarios dediquen páginas a señalar qué sitios mienten y cuáles son confiables. Tal vez hoy, en Misiones, esa tarea debería ser más ambiciosa: un observatorio local de desinformación, con participación de universidades, periodistas, organizaciones civiles y, sí, también del Estado. Pero con una condición: independencia. Porque si el árbitro juega para un equipo, el partido está arreglado. ¿Quién recoge el guante? Estoy casi seguro de que nadie.

No sé qué opinarán ustedes, pero termino creyendo que la democracia, al final, es confianza organizada. Y la confianza es un recurso no renovable: se gasta más rápido de lo que se repone. Por eso el caso Hartfield–Gervasoni no debería servir sólo para sumar un capítulo a la novela de la grieta. Debería abrir una discusión pública sobre cómo se contamina el debate, cómo se fabrica un enemigo con un par de posteos, cómo se destruye una reputación en horas y cómo, después, nadie se hace cargo. La fake tiene una virtud miserable: no deja huellas en la conciencia de quien la comparte. Se la reenvía como quien pasa una botella vacía. Total: “me lo mandaron”.

Por eso estas líneas no son una defensa hacia un dirigente ni un ataque a otro. Son un llamado a un mínimo de decencia pública. A entender que la mentira política es una forma de violencia. Y que, si de verdad queremos vivir en un Estado provincial donde el voto valga y la palabra tenga peso, hay que cortar de raíz la industria de la desinformación.

Hay guerras que se libran en trincheras. Esta se libra en el celular de cada habitante de Misiones. Y si la perdemos, no habrá ganador. Sólo un territorio más pobre: de verdad, de diálogo y de futuro.

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Me cuentan —y no me sorprende, porque esta película ya la vi en blanco y negro— que el fantasma de 2001 empieza a materializarse en los barrios del Cantón. Mientras los políticos discuten nuevas alianzas en despachos climatizados, los vecinos regresaron al trueque. Sí: al trueque puro y duro. Esa moneda de la desesperación donde doña Rosa cambia un paquete de fideos por un abrigo para el nieto, y donde un par de zapatos usados vale más que una promesa electoral.

En ese paisaje desalentador aparece el diputado ultraopositor Miguel Núñez, vinculado a sectores productivos que sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo —como si el verde milenario de la selva estorbara a sus balances contables, siempre de corto aliento—. Núñez articula con quien se deje convencer el armado de un espacio opositor contra el oficialista Frente Renovador de la Concordia Social y, también, contra los libertarios que adoran al presidente Javier Milei como si fuera un santo de estampita con motosierra.

El pasado miércoles, en el Hotel Julio César, el legislador abrió las puertas a una jornada de reflexión: “Misiones Productiva”, así la llamaron. Nombre impecable: nadie en su sano juicio va a declararse antiproductivo. Junto a él estaban Gabriel Montiel y Alfredo Gruber, los mismos que salieron a pedir el voto por Milei con el entusiasmo de un converso rumbo al patíbulo y que ahora se quejan de las reglas del juego. La eterna paradoja de este país de cainitas: pedirle fuego al que incendia la casa y luego lamentarse por las cenizas en el salón.

Bajo el lema heroico de “¡Déjennos Trabajar y Producir!”, se amontonaron los logos de las entidades nacionales: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y CONINAGRO. La Mesa de Enlace en formación de combate. Y los regionales no se quedaron atrás: APICOFOM, AMAYADAP y la Sociedad Rural de Misiones, entre otros. En definitiva: propietarios y productores unidos por el espanto de la baja rentabilidad y la presión impositiva, un reclamo que suena a música celestial, pero que Núñez intenta convertir en palanca para su propio ascenso.

Los videos y las fotos del evento confirman lo evidente: no fue una asamblea de colonos flacos, sino un encuentro de actores con peso económico, agenda propia y ganas de influir. El espacio, más que para debatir, funciona como think tank de ocasión: un living con micrófonos para hacer lobby a favor del armado de la candidatura del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, y para ir calentando el tablero.

No hacía falta ser malpensado para entender el guion: reclamo productivo como bandera, bronca fiscal como pólvora. Una operación prolija, de traje y gráficos en pantalla. Y no es la primera vez. En las últimas elecciones, Núñez ya había aprovechado el malestar de un sector de la policía para sumar a otros estatales y empujar armado de la candidatura de Ramón Amarilla.

Según el propio Núñez, se invitó a todos los diputados. Pero no estuvieron los del bloque de La Libertad Avanza ni los renovadores. Sí estuvieron los de la bancada radical: Francisco Fonseca, Santiago Koch y Rosa Kurtz; además del radical con peluca Martín Arjol; el expolicía Ramón Amarilla, del mismo espacio de Núñez, y Cristian Castro, del PAyS, entre otros. Algunos no conocían el trasfondo y se fueron antes del cierre. Otros se quedaron apenas lo justo: para tantear terreno, para ver si el aire soplaba a favor de un frente que, en las próximas lides, dispute el voto tanto a renovadores como a libertarios.

Ahí están: ayer Milei, hoy un frente “productivo”, mañana lo que convenga. En la Argentina, la coherencia es una afición rara. Pero el sainete no termina ahí, porque en Misiones siempre hay lugar para un acto más de esta comedia bufa que nos toca habitar.

En otra esquina del mismo circo provincial asoma el partido Por la Vida y Valores, que dirige el diputado Walter Ríos: exempleado de la ANAC, ultraderecha y conservador. Con el conflicto en Irán como telón de fondo, y con la voz del presidente Milei amenazando al régimen de los ayatolás a la hora del rezo, Ríos salió a decir que encabeza gestiones para el desembarco de una mega inversión de capitales de Medio Oriente en el Cantón.

Ríos mantiene el misterio y no dice nada. Se habla —se habla, nada más— de un grupo inversor del sector petrolero vinculado a países árabes. El diputado arrojó cifras extraordinarias, de esas que no entran ni en un delirio contable: hasta 200 billones de dólares en un plan de inversión a escala. Del proyecto, insisto, no se sabe nada serio. Pero él pretende encuadrarlo dentro del RIGI, palabra mágica que hoy sirve de talismán para cualquier aventurero con contactos y poca vergüenza.

Por momentos, Ríos parece olvidar que es diputado y se cree canciller. Cuando le piden detalles, pone cara de Hombre de Estado y suelta que “cuida y reserva mucho el proyecto para que no se frustre”. Estaría bien que algún diputado le pida informes a su colega. La última vez que en Posadas se habló de inversiones con turbante, se prometieron más de 20 millones de dólares para remodelar un edificio histórico de 1912. Ya sabemos cómo terminan esas historias: renders, fotos y un silencio posterior que ni el incienso tapa.

Y mientras Ríos juega al misterio y al negocio de los petrodólares, su compañera de bloque, la audaz diputada Rita Flores, busca la foto con el pastor Dante Gebel. El pre-candidato que impulsa una murga de peronistas no K, libertarios desencantados y buscavidas varios.

El nuevo mundo que promete la prédica de Gebel podría unir a gente tan heterogénea como sectores de Ramiro Marra con el sindicalista Néstor Segovia, Yamil Santoro y los influencers Emmanuel Dannan y “el Presto”. Martín Llaryora, el cordobés, es el único gobernador que ya le tiró un guiño. La idea es instalar a Gebel como “outsider” para disputar el poder a los libertarios en 2027, aprovechando alcance mediático y red de contención social. Argentina: el país donde la política tradicional se disfraza de antipolítica y la antipolítica aprende rápido a transar como la vieja política.

Flores, que en menos de un año decía “somos libertarios, nos vemos en la obligación de salir a defender nuestras banderas afuera de LLA”, o “Javier Milei excede cualquier cuestión partidaria; hablar de Javier Milei no necesariamente es hablar de LLA”, también se codeó con Lucía Montenegro y luego se acercó a Marcela Pagano, la diputada nacional que desertó de las filas libertarias. Todo fluye, todo se acomoda. El apellido cambia; la ambición, no.

Al final, mientras el vecino truequea para comer, ellos truequean siglas, fotos y promesas. Nadie parece tener un plan serio: reclamos sectoriales, mezquindades, maniobras para no quedar afuera. Y, en medio de la incertidumbre, lo único que se consolida es la certeza vieja y amarga: para demasiados, la cosa pública no es patria ni destino. Es caja, escalera y negocio. Y el que no lo entienda, que vaya juntando arroz y aceite: el trueque ya empezó.

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

En tiempos en que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio. El reciente cruce entre la diputada Paula Franco y su par Ramón Amarilla no es solo un intercambio de ‘chicanas’ olvidables; es el fiel reflejo de una dirigencia que, de uno y otro lado, está fallando en la lectura de la urgencia histórica que atraviesa nuestra provincia frente a un Gobierno Nacional que ha decidido asfixiar al federalismo.

Empecemos por el proyecto del ex policía. Su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel. Sé que no le gusta que se lo digan.

Proponer hoy, con una crisis mundial a galope armamentístico, que Misiones renuncie a su recaudación en frontera es de una inconsciencia que roza la deserción. El hombre apela al “sentido común” del trabajador, pero parece olvidar que ese mismo trabajador es el que se queda sin hospital, sin escuela y sin seguridad cuando la caja provincial se queda escuálida.

Desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es “liberar el comercio”; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial.

Porque no nos engañemos: la Nación le está robando a Misiones. Así, sin paños calientes. El Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán —un hombre que maneja los números con la frialdad de un coronel del servicio de intendencia— puso las cartas sobre la mesa: cuarenta mil millones de pesos mensuales de “agujero” por culpa de una coparticipación que es una estafa legalizada. Misiones produce con la fortaleza de una población joven y recibe migajas como un mendigo. Somos la séptima economía del país, pero nos tratan peor que a una colonia de ultramar a la que se le exige todo y se le da lo justo para que no muera del todo. En ese contexto, la tasa en cuestión no es un capricho; es el último recurso del sitiado para que el pan no falte en la mesa de los suyos.

Pero si lo de Amarilla es una estupidez estratégica, lo de la diputada Paula Franco, abanderada de la Neo, es de una arrogancia que hiela la sangre. Ante un debate que exige altura de miras, la señora Franco, doctora en leyes y contadora con pergamino, decidió bajarse al barro de la chicana barata. Ironizar sobre la formación académica de sus pares y proponer “cursillos de ingreso” para legisladores no solo es un acto de soberbia, sino que baja el nivel de la discusión pública al subsuelo.

En lugar de explicarle al misionero con pedagogía y honradez por qué el anticipo fiscal es el escudo contra el ajuste porteño, prefirió el ninguneo desde el pedestal, rompiendo los puentes de diálogo que una Legislatura debería construir. Cuando el oficialismo responde con el título universitario bajo el brazo, lo que hace es alejarse de la gente. La crisis actual no se resuelve con doctorados, sino con sensibilidad social y firmeza política.

Al chicanear con la falta de formación de Amarilla, Franco le regaló al diputado el papel de “víctima del sistema” y “defensor del sentido común”, permitiéndole eludir el debate técnico sobre el agujero fiscal que su proyecto generaría. La soberbia académica es el refugio de quienes no quieren, o no pueden, explicar por qué las medidas que toman son necesarias. Miren, uno puede tener tres doctorados colgados en la pared del despacho y seguir siendo un mediocre de manual.

El Cantón está en una encrucijada de esas que definen el destino de una generación. Por un lado, la caída real de los ingresos y el parate del consumo; por el otro, un Gobierno Nacional que ha decidido que las provincias son gastos a recortar y no pueblos a proteger.

Mientras los diputados se tiran con títulos y chicanas, la realidad económica de la provincia, descripta por Safrán, es de una gravedad extrema. El ministro ha sido claro: la baja de la recaudación por la recesión nacional y el recorte de transferencias han generado un escenario de “plan de austeridad” obligatorio. Se suspendieron compras de bienes de capital y se prioriza lo urgente. Así las cosas, a la provincia no le queda más que cobrar en la frontera porque la Nación no le liquida lo que le corresponde en la ventanilla de la coparticipación. Es un mecanismo de compensación frente a un federalismo quebrado.

Lo que Misiones necesita no son iluminados del “sentido común” que quieran desmantelar la poca defensa fiscal que nos queda, ni presuntos catedráticos que miren por encima del hombro al resto del mundo. Necesita personas valientes que sepan que la batalla se gana con unidad y con la verdad por delante. La verdadera inconstitucionalidad no está en un camión pagando un canon en la Ruta 14; la verdadera inconstitucionalidad es el centralismo que nos asfixia, que nos quita lo que es nuestro y que luego nos critica por intentar sobrevivir.

En resumen: Amarilla se equivoca de enemigo al querer desfinanciar su propia tierra, y Franco se equivoca de lenguaje al tratar a sus pares —y por extensión a los ciudadanos— como a alumnos de primaria. Al final, como siempre, el que paga el pato es el ciudadano de a pie, el que no tiene despacho ni coche oficial, y el que espera que sus representantes tengan, al menos una vez en la vida, la decencia de estar a la altura de la historia.

Criticar el proyecto de Amarilla es necesario porque es un salto al vacío que desprotege al misionero de a pie. Pero criticar a Franco también es imperativo, porque la soberbia y la chicana barata son el peor camino para convencer a la sociedad de que el esfuerzo fiscal vale la pena.

En esta encrucijada, el sentido común —ese que Amarilla invoca pero que no aplica en su proyecto, y que Franco desprecia desde su pedestal— dicta que la única salida es la unidad provincial para exigir lo que nos corresponde, sin desfinanciar nuestra casa en el intento. Misiones es mucho más que un ring de redes sociales. Es una provincia que trabaja y produce bajo condiciones de injusticia federal. Es hora de que sus representantes dejen de pelearse por el micrófono y empiecen a pelear, juntos y con argumentos sólidos, por el futuro de la tierra colorada.

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