Judiciales
Pernigotti ante la Justicia: negó las acusaciones y fue imputado por amenazas
El periodista Mario Pernigotti (67), detenido ayer a la tarde a raíz de una denuncia radicada en su contra por agresiones y amenazas de muerte radicada por tres empleados municipales de Posadas, negó las acusaciones al momento de declarar ante las autoridades judiciales que dirigen la investigación del hecho.
El comunicador fue trasladado hoy hacia el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte. En esa instancia, Pernigotti tenía la posibilidad de abstenerse o bien brindar su versión de los hechos, opción que finalmente escogió.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, al hacer uso de la palabra, el periodista negó las acusaciones en su contra y alegó que bajó con el matafuego en manos porque así se lo habían solicitado para verificar su aptitud. Más allá de ello, no ahondó en mayores revelaciones ni tampoco hizo mención a las imágenes de seguridad que trascendieron y se viralizaron.
En la misma audiencia el periodista fue notificado de una imputación provisoria en su contra por el delito de “amenazas” y luego regresó a una celda policial, aunque podría recuperar la libertad en las próximos horas en virtud de un pedido de excarcelación y a raíz de otras aristas que podrían valer una morigeración de la medida en su contra como, por ejemplo, razones de salud (cuadro de hipertensión) y edad avanzada (67 años).
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Denuncia y detención
Pernigotti fue detenido ayer, cuatro día después de ser denunciado por tres empleados municipales del Centro de Evaluación Vial de Posadas, dos de ellas mujeres, quienes acusaron al periodista por agresiones y amenazas de muerte. En el allanamiento de su casa y requisa de su vehículo no se hallaron armas de fuego, elemento que fue especialmente buscado después de una ampliación de denuncia por parte de las víctimas.
Según narraron los damnificados, el periodista fue el viernes a realizar el trámite de renovación del carnet de conducir, pero a pesar de tener la licencia vencida llegó al lugar al mando de una camioneta Nissan Frontier, ante lo cual estaba infringiendo una norma y en esas condiciones no iba a poder avanzar con el proceso.
Al ser notificado de ello, -denunciaron las víctimas- Pernigotti estalló en ira, empujando, arrinconando y amenazando con golpear a los empleados con el matafuego que tenía en sus manos. Toda la situación fue registrada por una cámara de seguridad y las imágenes no tardaron en trascender, dejando al descubierto el accionar del comunicador acusado.
“Sentí que no tenía escapatoria”
En una entrevista con este medio, las damnificadas Rocío Lemes y Vanesa Gómez, acompañadas por su abogada Juliana Queiróz, narraron el minuto a minuto del episodio padecido.
“Le dijimos que como tenía vencida la licencia no podía llegar manejando y nos empezó a decir como si a nosotros nunca se nos venció una boleta de luz”, contó Lemes, una de las más afectadas y shockeadas por la situación.
“Después en un momento agarró el matafuegos y sentí que no tenía escapatoria. Quise salir a pedir ayuda porque nosotros no estamos preparado con nada nuestra defensa”, agregó.
Y, entre lágrimas, sostuvo que “no quiero ir más a trabajar. Tengo mucho miedo de encontrarme contra persona así. Yo ese día pensé que no volvería a ver a mis compañeros. Tengo una hija también y no quiero que pierda a su mamá”.
Vanesa Gómez, la otra denunciante, añadió que “todo el tiempo se le habló bien, en ningún momento se le faltó el respeto”.
“A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo”, afirmó.
Judiciales
Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Judiciales
Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Judiciales
Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
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