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Familia de San Vicente cedió lotes a la comunidad mbya Yvy Porã Mirī

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Tras varios años de disputa en defensa de un territorio históricamente saqueado, ayer miércoles el cacique Leonardo Ramírez de la comunidad mbya Yvy Porã Mirī recibió la documentación de la propiedad comunitaria indígena, sobre lotes, en la localidad de San Vicente.

El espacio fue cedido por la familia Didolich, con la cual los miembros de la comunidad debieron enfrentar varios ataques verbales y físicos, incluyendo el destrozo de viviendas, accionar que culminó con una presentación policial en la comisaría local en el año 2022. 

A través de un comunicado, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) celebró: “Este día es el cierre de una larga lucha que comenzó en términos violentos. Cabe recordar que esta familia fue muy agresiva y en reiterados intentos por desalojar de manera forzada a los mbya, llevaron adelante acciones inhumanas, como la destrucción de sus casas y el incendio del opy, templo central de la  espiritualidad guaraní, entre otros infortunios y amenazas”.

A lo que añadieron: “Hoy se dio un paso adelante en materia de derechos. Ante la ausencia del Estado, esto fue posible gracias a la generosidad de la asociación suiza Sagittaria, dedicada a la protección ambiental, y que ya en otras oportunidades adquirió lotes de monte para devolver al Pueblo Mbya”.

Anteriormente, en el año 2014 la asociación suiza Sagittaria entregó el título de tierras con monte a la comunidad mbya Takuapi en la localidad de Ruiz de Montoya.

Por su parte, Johannes Jenny, biólogo y director de Sagittaria en Argentina, reflexionó acerca de sus motivaciones para contribuir con esta causa: “El motivo es simple, es por el clima, el cuidado de los montes que quedan, que ayudan a eliminar el dióxido de carbono y eso sirve para todo el mundo. Lo otro es la biodiversidad, la selva misionera es uno de los ecosistemas más ricos del mundo, eso es muy importante para Sagittaria. Por eso hacemos todo lo posible para que no se extinga esa forma de vivir sustentable de la cultura Mbya”.

Por último, concluyó: “Es un día histórico, pero es solo un paso. Es una vergüenza lo poco que podemos devolver de la tierra que originalmente fue de los mbya. Tenemos dos montes más de 50 hectáreas cada uno que queremos comprar lo más pronto posible”.

Antecedentes

En octubre de 2022, Yvy Porã, sufrió atropello por parte de quienes entonces aseguraban ser los dueños de ese predio. Los miembros de la comunidad fueron “violentados con gritos, empujones y la destrucción de sus casas, sin importar si había niños o ancianos en el lugar”, señaló un comunicado de Emipa, quienes también resultaron agredidos físicamente por ese entonces.

Legalmente, las leyes 26.160 y la 23.302/85, reconocen que las familias de las diferentes comunidades mbya que habitan la provincia, así como también los demás pueblos originarios que conviven en nuestro país, no están “usurpando”, sino “ocupando territorio ancestral, tradicional, amparado por la Ley Madre en el artículo 75, inciso 17”. 

A lo largo y ancho de la provincia, de un total de 130 comunidades mbya, son varias las que se mantienen en pie de lucha por sus territorios, debiendo enfrentar no sólo intrusiones e intentos de desalojos violentos, sino además campañas de odio en su contra. 

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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