Nacionales
Por las promociones aéreas, los micros de larga distancia reducen frecuencias
Mientras aguardan que el Gobierno avance en un marco regulatorio para el sector, que les permita ganar competitividad y reducir precios, las empresas de micros de larga distancia comenzaron a reducir frecuencias, sobre todo en los tramos más largos, afectados por las promociones de líneas aéreas.
Diferentes empresas admitieron haber reducido frecuencias en viajes largos entre grandes ciudades, como de Buenos Aires a Mendoza, Córdoba o Bariloche, ya que salir con la mayoría de los asientos vacíos no es rentable. “Lo que hacemos es, en caso de poca diferencia horaria entre servicios de una y otra empresa y baja ocupación de asientos, sumar pasajeros a un sólo servicio para minimizar costos. El Ministerio de Transporte puede autorizarlo, pero lo hace de palabra, con lo cual estamos en una situación muy precaria, necesitamos que se legalice”, explicaron fuentes del sector. “Si un micro sale muy vacío todos pagan un boleto más caro; si se saliera con un 80% de ocupación, la tarifa sería más barata. Pero el promedio es menor al 50%”, agregaron.
La mayoría de las empresas realizan viajes largos, de 500 km. a 1000 km. Las más afectadas son las que cubren rutas de más de 1000 km., por la competencia del transporte aéreo. En los últimos meses, las aéreas que hacen vuelos domésticos (Aerolíneas Argentinas, Latam y Andes) lanzaron fuertes promociones, antes de que nuevas firmas lleguen al mercado.
Así, al reservar con tiempo, se puede volar desde Buenos Aires a Mendoza (ida y vuelta) por $ 2096, mientras que en micro cuesta $ 1700 en precio promocional, $ 2350 en semicama (valor habitual), $ 3060 en cama y $ 3700 en cama suite, ida y vuelta, en viajes de 14 a 16.30 horas por tramo. A Bariloche, las aéreas ofrecen promociones a $ 2809, mientras que en ómnibus (de 20 a 24 horas) cuesta $ 2004 en promoción, $ 3340 en semicama y $ 3800 en cama, ida y vuelta. Es decir, viajar en avión cuesta apenas un poco más o incluso menos que hacerlo en micro, y en un viaje de corta duración.
Como anticipó El Cronista el lunes, se estima que el transporte de larga distancia caería un 20% por el arribo de nuevas aéreas: perderían más de 8 millones de pasajeros, de los 37,9 millones que trasladan al año.
En este contexto, las empresas reclaman, al menos desde 2013, un marco regulatorio que les permita adaptarse a la demanda. “Unimos más de 1500 puntos del país, muchos pueblos dependen de los micros, tanto en traslado de pasajeros como de encomiendas. Necesitamos que el Gobierno tenga más celeridad en tratar un marco regulatorio para ser más competitivos y bajar precios, una celeridad que sí tuvo para llamar a una audiencia para nuevas rutas a empresas aéreas, en tiempo récord”, destacó en tanto Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi).
El transporte de larga distancia es considerado servicio público, de ahí la rigidez para hacer cambios en frecuencias y servicios. Las empresas buscan que el marco regulatorio contemple, por ejemplo, hacer acuerdos de código compartido, como las aéreas, para trasladar pasajeros de una empresa a otra en caso de baja ocupación (algo que hoy hacen bajo autorización, pero en forma precaria); cambios en sus bandas tarifarias, para bajar más los precios en servicios de escasa demanda y subirlos en los de alta; y contar con licencias legales, ya que desde 2013, cuando vencieron, están con permisos precarios. También reclaman una jornada laboral específica: hoy es de 8 horas y cada micro debe partir con dos conductores, pero cuentan las horas que viajan como acompañante como si condujeran, con lo cual cuando toman el volante estarían infringiendo la ley.
El arribo de más aéreas se da en un contexto donde los pasajeros de micro caen año a año: entre 2011 y 2015 se redujeron un 28%, de 50,5 millones a 37,9 millones de personas; y las distancias recorridas bajaron un 15,3%, según la Celadi, en base a la CNRT. En este contexto difícil, quedaron desde enero además como único medio de transporte público sin subsidio.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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