Opinión
La extraña fuga de dos hermanos pedófilos vinculados al poder
*Por Fernando Ortega Zabala.
La cronología del caso Kiczka deja inexplicables espacios de tiempo e incógnitas que generan sospechas. Un diputado investigado por delitos de pedofilia se escapa bajo las narices de todos en una de las provincias más custodiadas del país. Redes de trata, abuso infantil, y guerra por el poder.
Se pide su detención por uno de los delitos más aberrantes por el que se puede acusar a una persona, después de matar. Y aunque todos somos o deberíamos ser iguales ante la Justicia, el caso Kiczka tiene una serie de aristas que lo tornan particular, una de ellas es que se trata de un diputado vinculado íntimamente a uno de los dos apellidos con mayor poder político y económico de la provincia.
Germán Kiczka era el presidente de Activar, el partido que creó el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, archienemigo favorito de la renovación. Los dos diputados eran íntimos, se tenían confianza, habían construido una amistad que se fue consolidando desde que eran adolescentes en la apacible Apóstoles, una pequeña localidad donde se vienen realizando allanamientos desde febrero, como parte de una investigación internacional por abuso y distribución de pornografía infantil.
Desde aquel momento, con el padre y el hermano del diputado imputados en el marco de una investigación que se inició en Estados Unidos, todos medios de comunicación se ocuparon en seguir el caso. La maquinaria de bots del oficialismo y su ejército de trolls hicieron lo suyo para instalar el tema en la agenda, con la particularidad de dejar bien claro que Kiczka ‘es Puerta”.
— Fernando Oz (@F_ortegazabala) August 25, 2024
El último informe de opinión pública realizado por Zuban Córdoba y Asociados se realizó entre el 12 y 14 de agosto sobre una base de 2500 casos. El 92,2 % de los encuestados situó al aumento de la pobreza como uno de los problemas más graves entre los temas de actualidad en el país. El 89,9 % opinó que se trata del aumento de la desocupación. El caso del diputado misionero investigado por pedofilia se ubicó en tercer lugar con el 89,7%.
Es decir que, en menos de seis meses, el tema se encontraba instalado en la punta de la agenda pública de todo el país. Así y todo, Kiczka y su hermano se dieron a la fuga. No se trata de un NN, sino de un diputado cuyo rostro salió por todos los medios. Misiones es la provincia con mayor cantidad de uniformados por habitante después de la Antártida. Además de la Policía provincial, Misiones cuenta con todas las fuerzas federales.
Lo que queda claro, bajo la luz de la investigación judicial, es que no se trató de una operación montada por la renovación en contra de Puerta. La realidad indica que su amigo y compañero de andanzas electorales se encuentra hasta el cogote, junto a su hermano.
A fines de mayo el juez de Instrucción Cuatro, Miguel Faría, ya tenía informes que apuntaban al diputado Kiczka. Cuando el caso se encontraba a punto de hervor, Pedro Puerta se encontraba en París, en compañía de la diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, lugar donde se comprometieron, bajo el cotillón de los Juegos Olímpicos.

Germán Kiczka era presidente de Activar, el partido creado por su amigo Pedro Puerta.
En el pedido de detención del diputado Kiczka y de su hermano, requerido por la fiscal Silvia Barronis, se argumenta que ambos debían ser apresados “a los fines de evitar entorpecimiento del proceso teniendo en cuenta el estado de la investigación, pericias pendientes de producción, y que la libertad de los involucrados pueda poner en peligro la recolección de los elementos probatorios y el desenvolvimiento del proceso”. En ese dictamen, se detalló que en los dispositivos electrónicos secuestrados a los hermanos se hallaron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
A las 20 horas del jueves 22 de agosto el juez ya estaba notificado del desafuero de Kiczka y la Policía lo estaba buscando. Una hora después, el diputado Puerta, amigo y jefe político del prófugo acusado de pedófilo, ingresa al edificio de Canal 4 para ofrecer una exclusiva al periodista Alejandro Barrionuevo. No llegó solo, lo acompañaba la influyente legisladora renovadora e integrante del Consejo de la Magistratura.
En principio todo hace suponer que en la instrucción judicial y en el proceso de desafuero del legislador en la Cámara de Diputados, se hicieron de manera correcta. Pero algo sucedió para que al Estado provincial y Nacional se les hayan escapado dos pedófilos, uno de ellos diputado y ligado a un apellido con poder y socio político del presidente Javier Milei.
Lo más extraño del caso es que nadie se haya ocupado de mantener una custodia a los involucrados en una causa donde el eje es el abuso sexual de menores de edad, más teniendo en cuenta la particular geografía fronteriza con Brasil y Paraguay. El caso Kiczka en Misiones y la desaparición del niño Loan en Corrientes, dos tramas oscuras que tocan hilos del poder.
La cronología de una fuga anunciada
16 de enero. La fiscal especializada en delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, con jurisdicción en Caba, recibe un correo donde se la invita a sumarse a una investigación de características globales denominada “Guardianes digitales por la niñez”. Tras analizar la información del operativo, la fiscal decide sumarse y avanzar. En la mira había domicilios en Ciudad y provincia de Buenos Aires, en Tucumán y Misiones.
26 de febrero. El juez Faría recibe un exhorto desde Buenos Aires para hacer un allanamiento en Apóstoles, una pequeña localidad donde medianamente todos se conocen. Desde ese día, el magistrado tiene conocimiento que se trata del domicilio de Leonardo Kiczka, padre del diputado Germán Kiczka.
28 de febrero. Es el día más importante de la investigación. Se realizan ocho allanamientos simultáneos, dos en Ciudad de Buenos Aires, dos en territorio bonaerense, uno en Tucumán y otro en Apóstoles, más precisamente en la casa de los Kiczka, los de la pizzería, donde vive el padre de Germán, el amigo de Pedro.
1 de marzo. Todos los medios ya habían publicado que el padre y el hermano del diputado Kiczka se encontraban imputados en una causa por la presunta comisión del delito de tener publicaciones, reproducciones y distribución de pornografía infantil. Para el juez, en el allanamiento “se obtuvo resultados ampliamente positivos, habiéndose procedido al secuestro de una gran cantidad de dispositivos informáticos”.
19 de abril. La Justicia porteña, por cuestiones de competencia territorial, declina parcialmente competencia, en el marco de la causa, para que el juez Faría avance en la investigación. A todo esto, la fiscal del caso en Misiones ya había pedido que el magistrado se declare competente. Cuestiones de forma y procedimientos normales de instrucción.
23 de abril. El juez ya tiene “especial consideración a los datos almacenados en los elementos (dispositivos electrónicos) que fueron secuestrados el 28 de febrero” porque “constituyen prueba fundamental de esta investigación”. También observó que “dada la urgencia ante volatilidad de la evidencia digital” ordenó la apertura y extracción de datos forenses, y luego se procedió a analizar la información obtenida.
21 de mayo. A estas alturas, Germán Kiczka es imputado y surge del “EXPTE N.o 52511/2024 SECRETARIA DE APOYO PARA INVESTIGACIONES COMPLEJAS”, donde figura “el análisis de los datos extraídos” de los equipos secuestrados.
10 de julio. Toda la prueba reunida comprometía claramente al diputado, esa situación no le impidió presentar ese día una nota a la mesa de entrada de la Legislatura para informar su salida del país, del 7 al 22 de julio. Nadie prestó atención a la solicitud. Explican que es de forma, un por si las dudas. Tampoco nadie preguntó al juez, al menos oficialmente. El caso seguía en la agenda de los medios.
6 de agosto. El juez informó a la Cámara de Diputados que el legislador de Apóstoles fue allanado. También hicieron pesquisas en un negocio familiar y la casa donde residen su hermano y su padre. Ese mismo día, por la tarde, Germán Kiczka toma distancia del allanamiento y argumenta que se debe a la causa en la que está imputado su padre y hermano. “Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, se lee en un párrafo de un comunicado de prensa. Nada dice de renunciar.
7 de agosto. Buena parte de los medios confirman que en la casa del diputado los efectivos de la Unidad Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) encontraron archivos con pornografía infantil. Todo relacionado al allanamiento ordenado por la Justicia Federal en febrero. En la nueva computadora secuestrada se encontraron archivos con material de pedofilia, zoofilia e incesto y accesorios sexuales. Los artículos periodísticos parecen precisos y hasta muestran las fotos del diputado durante el allanamiento. Pese a lo que pareciera ser un caso de flagrancia, Kiczka no fue detenido el día anterior.
8 de agosto. La Cámara ya está notificada del allanamiento, pero se tomó la decisión de esperar a la sesión prevista para el 22 de agosto para tratar el tema, esperando armar una comisión para investigar el tema, ajustándose al artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece un mecanismo en caso de “faltas graves”. Desde Activar emiten un comunicado donde aclaran que “nadie ni nada está por encima de la ley. Estamos a disposición de la Justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso”. Nadie hizo nada.
9 de agosto. Pedro Puerta utiliza su cuenta en la red social X para comunicar que pidió la renuncia a su amigo y socio político: “Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la Justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley. Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la verdad”. Los dos hermanos Kiczka y el padre de ambos se presentaron en el juzgado para ponerse a disposición y designar abogado defensor.
10 de agosto. Faría dijo en una entrevista a FM Show que en el allanamiento del 6 de agosto “se estableció que había un archivo, por eso secuestramos esa notebook Lenovo”, del diputado. “Se visualizaron algunos archivos que tenían vinculación, entonces a raíz de eso vamos a proceder a una apertura, y se va a fijar una fecha a los fines que el diputado Germán Kiczka pueda ejercer su derecho a defensa”. Sin explicación de por qué no se lo detuvo si constituía un delito en flagrancia, y sin tomar medidas ante la alta posibilidad de fuga; tenía todos los medios para fugarse: dinero y poder.
11 de agosto. Kiczka ofrece una entrevista en el canal de Puerta. “Mi renuncia está a disposición del juez y del equipo de nuestro partido”. La nota la presentó ante el juzgado. “Si el juez considera que es necesario que renuncie para investigar, estoy dispuesto a renunciar”.
12 de agosto. Kiczka presenta su renuncia a su banca en la Cámara de Diputados.
15 de agosto. El juez consulta a la Cámara de Diputados si fue aceptada la renuncia presentada por Kiczka. Al hacerlo, en su escrito señala que el diputado de Activar presentó una solicitud de exención de prisión en el marco de la causa principal.
16 de agosto. A las 8.30 se realiza la pericia clave de los aparatos secuestrados a Kiczka. Participan los peritos oficiales y de parte.
20 de agosto. Es martes y el juez pide la detención y el desafuero de Kiczka de la Cámara de diputados.
22 de agosto. Es la primera sesión ordinaria de la Cámara tras el receso invernal. Ingresa una nota entregada por la secretaria de Kiczka donde anuncia la ausencia del diputado en la sesión, luego se sabe que la firma fue falsificada. Durante la sesión, la Cámara rechaza la renuncia que había presentado el diputado puertista, se le quita los fueros y se aprueba la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso. Alrededor de las 20 horas el magistrado recibe la resolución de la Cámara y cuando envía a detener a los hermanos Kiczka la Policía no los encuentra. Se fugaron. Tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo.
23 de agosto. El juez Faría solicitó la captura internacional a Interpol.
Fernando Ortega Zabala es periodista. Nació en Buenos Aires y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Se especializa en periodismo de investigación y narrativo. Fue jefe de la sección Política del diario El Territorio y editor de Judiciales en Misiones Online. Trabajó durante nueve años en la sección Política de Perfil. Colaboró con la revista Noticias y con diversos medios gráficos, radiales y televisivos. También trabajó en el diario Ámbito Financiero y dicta talleres de periodismo. Publicó dos libros Historia del contrabando en la Argentina y La industria del humo. Cubrió la guerra entre Rusia y Ucrania para Grupo Atlántida.
Opinión
La política del trueque: hoy Milei, mañana el que pague
Por Fernando Oz
Me cuentan —y no me sorprende, porque esta película ya la vi en blanco y negro— que el fantasma de 2001 empieza a materializarse en los barrios del Cantón. Mientras los políticos discuten nuevas alianzas en despachos climatizados, los vecinos regresaron al trueque. Sí: al trueque puro y duro. Esa moneda de la desesperación donde doña Rosa cambia un paquete de fideos por un abrigo para el nieto, y donde un par de zapatos usados vale más que una promesa electoral.
En ese paisaje desalentador aparece el diputado ultraopositor Miguel Núñez, vinculado a sectores productivos que sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo —como si el verde milenario de la selva estorbara a sus balances contables, siempre de corto aliento—. Núñez articula con quien se deje convencer el armado de un espacio opositor contra el oficialista Frente Renovador de la Concordia Social y, también, contra los libertarios que adoran al presidente Javier Milei como si fuera un santo de estampita con motosierra.
El pasado miércoles, en el Hotel Julio César, el legislador abrió las puertas a una jornada de reflexión: “Misiones Productiva”, así la llamaron. Nombre impecable: nadie en su sano juicio va a declararse antiproductivo. Junto a él estaban Gabriel Montiel y Alfredo Gruber, los mismos que salieron a pedir el voto por Milei con el entusiasmo de un converso rumbo al patíbulo y que ahora se quejan de las reglas del juego. La eterna paradoja de este país de cainitas: pedirle fuego al que incendia la casa y luego lamentarse por las cenizas en el salón.
Bajo el lema heroico de “¡Déjennos Trabajar y Producir!”, se amontonaron los logos de las entidades nacionales: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y CONINAGRO. La Mesa de Enlace en formación de combate. Y los regionales no se quedaron atrás: APICOFOM, AMAYADAP y la Sociedad Rural de Misiones, entre otros. En definitiva: propietarios y productores unidos por el espanto de la baja rentabilidad y la presión impositiva, un reclamo que suena a música celestial, pero que Núñez intenta convertir en palanca para su propio ascenso.
Los videos y las fotos del evento confirman lo evidente: no fue una asamblea de colonos flacos, sino un encuentro de actores con peso económico, agenda propia y ganas de influir. El espacio, más que para debatir, funciona como think tank de ocasión: un living con micrófonos para hacer lobby a favor del armado de la candidatura del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, y para ir calentando el tablero.
No hacía falta ser malpensado para entender el guion: reclamo productivo como bandera, bronca fiscal como pólvora. Una operación prolija, de traje y gráficos en pantalla. Y no es la primera vez. En las últimas elecciones, Núñez ya había aprovechado el malestar de un sector de la policía para sumar a otros estatales y empujar armado de la candidatura de Ramón Amarilla.
Según el propio Núñez, se invitó a todos los diputados. Pero no estuvieron los del bloque de La Libertad Avanza ni los renovadores. Sí estuvieron los de la bancada radical: Francisco Fonseca, Santiago Koch y Rosa Kurtz; además del radical con peluca Martín Arjol; el expolicía Ramón Amarilla, del mismo espacio de Núñez, y Cristian Castro, del PAyS, entre otros. Algunos no conocían el trasfondo y se fueron antes del cierre. Otros se quedaron apenas lo justo: para tantear terreno, para ver si el aire soplaba a favor de un frente que, en las próximas lides, dispute el voto tanto a renovadores como a libertarios.
Ahí están: ayer Milei, hoy un frente “productivo”, mañana lo que convenga. En la Argentina, la coherencia es una afición rara. Pero el sainete no termina ahí, porque en Misiones siempre hay lugar para un acto más de esta comedia bufa que nos toca habitar.
En otra esquina del mismo circo provincial asoma el partido Por la Vida y Valores, que dirige el diputado Walter Ríos: exempleado de la ANAC, ultraderecha y conservador. Con el conflicto en Irán como telón de fondo, y con la voz del presidente Milei amenazando al régimen de los ayatolás a la hora del rezo, Ríos salió a decir que encabeza gestiones para el desembarco de una mega inversión de capitales de Medio Oriente en el Cantón.
Ríos mantiene el misterio y no dice nada. Se habla —se habla, nada más— de un grupo inversor del sector petrolero vinculado a países árabes. El diputado arrojó cifras extraordinarias, de esas que no entran ni en un delirio contable: hasta 200 billones de dólares en un plan de inversión a escala. Del proyecto, insisto, no se sabe nada serio. Pero él pretende encuadrarlo dentro del RIGI, palabra mágica que hoy sirve de talismán para cualquier aventurero con contactos y poca vergüenza.
Por momentos, Ríos parece olvidar que es diputado y se cree canciller. Cuando le piden detalles, pone cara de Hombre de Estado y suelta que “cuida y reserva mucho el proyecto para que no se frustre”. Estaría bien que algún diputado le pida informes a su colega. La última vez que en Posadas se habló de inversiones con turbante, se prometieron más de 20 millones de dólares para remodelar un edificio histórico de 1912. Ya sabemos cómo terminan esas historias: renders, fotos y un silencio posterior que ni el incienso tapa.
Y mientras Ríos juega al misterio y al negocio de los petrodólares, su compañera de bloque, la audaz diputada Rita Flores, busca la foto con el pastor Dante Gebel. El pre-candidato que impulsa una murga de peronistas no K, libertarios desencantados y buscavidas varios.
El nuevo mundo que promete la prédica de Gebel podría unir a gente tan heterogénea como sectores de Ramiro Marra con el sindicalista Néstor Segovia, Yamil Santoro y los influencers Emmanuel Dannan y “el Presto”. Martín Llaryora, el cordobés, es el único gobernador que ya le tiró un guiño. La idea es instalar a Gebel como “outsider” para disputar el poder a los libertarios en 2027, aprovechando alcance mediático y red de contención social. Argentina: el país donde la política tradicional se disfraza de antipolítica y la antipolítica aprende rápido a transar como la vieja política.
Flores, que en menos de un año decía “somos libertarios, nos vemos en la obligación de salir a defender nuestras banderas afuera de LLA”, o “Javier Milei excede cualquier cuestión partidaria; hablar de Javier Milei no necesariamente es hablar de LLA”, también se codeó con Lucía Montenegro y luego se acercó a Marcela Pagano, la diputada nacional que desertó de las filas libertarias. Todo fluye, todo se acomoda. El apellido cambia; la ambición, no.
Al final, mientras el vecino truequea para comer, ellos truequean siglas, fotos y promesas. Nadie parece tener un plan serio: reclamos sectoriales, mezquindades, maniobras para no quedar afuera. Y, en medio de la incertidumbre, lo único que se consolida es la certeza vieja y amarga: para demasiados, la cosa pública no es patria ni destino. Es caja, escalera y negocio. Y el que no lo entienda, que vaya juntando arroz y aceite: el trueque ya empezó.
Opinión
La política de la cortedad: entre el amotinamiento fiscal de Amarilla y la soberbia de Franco
Por Fernando OZ
En tiempos en que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio. El reciente cruce entre la diputada Paula Franco y su par Ramón Amarilla no es solo un intercambio de ‘chicanas’ olvidables; es el fiel reflejo de una dirigencia que, de uno y otro lado, está fallando en la lectura de la urgencia histórica que atraviesa nuestra provincia frente a un Gobierno Nacional que ha decidido asfixiar al federalismo.
Empecemos por el proyecto del ex policía. Su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel. Sé que no le gusta que se lo digan.
Proponer hoy, con una crisis mundial a galope armamentístico, que Misiones renuncie a su recaudación en frontera es de una inconsciencia que roza la deserción. El hombre apela al “sentido común” del trabajador, pero parece olvidar que ese mismo trabajador es el que se queda sin hospital, sin escuela y sin seguridad cuando la caja provincial se queda escuálida.
Desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es “liberar el comercio”; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial.
Porque no nos engañemos: la Nación le está robando a Misiones. Así, sin paños calientes. El Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán —un hombre que maneja los números con la frialdad de un coronel del servicio de intendencia— puso las cartas sobre la mesa: cuarenta mil millones de pesos mensuales de “agujero” por culpa de una coparticipación que es una estafa legalizada. Misiones produce con la fortaleza de una población joven y recibe migajas como un mendigo. Somos la séptima economía del país, pero nos tratan peor que a una colonia de ultramar a la que se le exige todo y se le da lo justo para que no muera del todo. En ese contexto, la tasa en cuestión no es un capricho; es el último recurso del sitiado para que el pan no falte en la mesa de los suyos.
Pero si lo de Amarilla es una estupidez estratégica, lo de la diputada Paula Franco, abanderada de la Neo, es de una arrogancia que hiela la sangre. Ante un debate que exige altura de miras, la señora Franco, doctora en leyes y contadora con pergamino, decidió bajarse al barro de la chicana barata. Ironizar sobre la formación académica de sus pares y proponer “cursillos de ingreso” para legisladores no solo es un acto de soberbia, sino que baja el nivel de la discusión pública al subsuelo.
En lugar de explicarle al misionero con pedagogía y honradez por qué el anticipo fiscal es el escudo contra el ajuste porteño, prefirió el ninguneo desde el pedestal, rompiendo los puentes de diálogo que una Legislatura debería construir. Cuando el oficialismo responde con el título universitario bajo el brazo, lo que hace es alejarse de la gente. La crisis actual no se resuelve con doctorados, sino con sensibilidad social y firmeza política.
Al chicanear con la falta de formación de Amarilla, Franco le regaló al diputado el papel de “víctima del sistema” y “defensor del sentido común”, permitiéndole eludir el debate técnico sobre el agujero fiscal que su proyecto generaría. La soberbia académica es el refugio de quienes no quieren, o no pueden, explicar por qué las medidas que toman son necesarias. Miren, uno puede tener tres doctorados colgados en la pared del despacho y seguir siendo un mediocre de manual.
El Cantón está en una encrucijada de esas que definen el destino de una generación. Por un lado, la caída real de los ingresos y el parate del consumo; por el otro, un Gobierno Nacional que ha decidido que las provincias son gastos a recortar y no pueblos a proteger.
Mientras los diputados se tiran con títulos y chicanas, la realidad económica de la provincia, descripta por Safrán, es de una gravedad extrema. El ministro ha sido claro: la baja de la recaudación por la recesión nacional y el recorte de transferencias han generado un escenario de “plan de austeridad” obligatorio. Se suspendieron compras de bienes de capital y se prioriza lo urgente. Así las cosas, a la provincia no le queda más que cobrar en la frontera porque la Nación no le liquida lo que le corresponde en la ventanilla de la coparticipación. Es un mecanismo de compensación frente a un federalismo quebrado.
Lo que Misiones necesita no son iluminados del “sentido común” que quieran desmantelar la poca defensa fiscal que nos queda, ni presuntos catedráticos que miren por encima del hombro al resto del mundo. Necesita personas valientes que sepan que la batalla se gana con unidad y con la verdad por delante. La verdadera inconstitucionalidad no está en un camión pagando un canon en la Ruta 14; la verdadera inconstitucionalidad es el centralismo que nos asfixia, que nos quita lo que es nuestro y que luego nos critica por intentar sobrevivir.
En resumen: Amarilla se equivoca de enemigo al querer desfinanciar su propia tierra, y Franco se equivoca de lenguaje al tratar a sus pares —y por extensión a los ciudadanos— como a alumnos de primaria. Al final, como siempre, el que paga el pato es el ciudadano de a pie, el que no tiene despacho ni coche oficial, y el que espera que sus representantes tengan, al menos una vez en la vida, la decencia de estar a la altura de la historia.
Criticar el proyecto de Amarilla es necesario porque es un salto al vacío que desprotege al misionero de a pie. Pero criticar a Franco también es imperativo, porque la soberbia y la chicana barata son el peor camino para convencer a la sociedad de que el esfuerzo fiscal vale la pena.
En esta encrucijada, el sentido común —ese que Amarilla invoca pero que no aplica en su proyecto, y que Franco desprecia desde su pedestal— dicta que la única salida es la unidad provincial para exigir lo que nos corresponde, sin desfinanciar nuestra casa en el intento. Misiones es mucho más que un ring de redes sociales. Es una provincia que trabaja y produce bajo condiciones de injusticia federal. Es hora de que sus representantes dejen de pelearse por el micrófono y empiecen a pelear, juntos y con argumentos sólidos, por el futuro de la tierra colorada.
Opinión
El “fraude del aire”: despedida amarga de Samsa, entre cartas, tarifazos y silencios
Por Fernando OZ
@F_ortegazabala
Para cerrar la semana laboral y bajo el disfraz de un “nuevo aniversario” de Samsa, a su presidente, el ingeniero Santiago Ameri, se le dio por enviarle al “usuario”, a quienes cobra hasta el aire en las canillas, una carta de 238 palabras enumerando “los principales logros alcanzados” durante el último año. Un ejercicio de cinismo que aparece justo 72 horas después de no haber dado la cara ante una comisión del Concejo Deliberante de Posadas –mientas los vecinos gritaban por el pésimo servicio– y a menos de 12 horas de que LVM desnudara que Urbaser Argentina ya tiene el cartel de venta y las inversiones en el freezzer.
Y después nos hablan de normas ISO, planes de inversión y de líderes mundiales en servicios públicos medioambientales. Les decía que el pasado martes, en el Concejo Deliberante, mientras los vecinos desgranaban facturas de un millón de pesos y los técnicos del EPRAC intentaban explicar lo inexplicable, el lugar reservado para Samsa permaneció vacío. Ni el ingeniero, ni ninguno de sus gerentes de platinada sonrisa, se atrevieron a cruzar la puerta de la Comisión de Medio Ambiente.
Es una táctica vieja, de manual de fugas: cuando no se tienen respuestas, se ofrece el silencio. Es la respuesta de quien ya tiene las valijas hechas y el pasaje sacado.
Mire usted, lector, la ironía del asunto. En la tierra de las grandes aguas, del Iguazú que ruge y del Paraná que nos abraza junto al Uruguay, hay una casta de tipos con gemelos de plata y aliento a café de aeropuerto que decidieron cobrarnos el aire. Sí, leyó bien: el aire. En Posadas y Garupá, el milagro no es convertir el agua en vino, sino convertir el vacío de una cañería seca en una deuda impagable.
Leí la carta de aniversario con una mezcla de tedio y asco. Un texto que huele a perfume caro para disimular el hedor de un sumidero tapado. Ameri nos arroja a la cara el abecedario de las normas ISO: la 9001, la 14001, la 45001. Alfabetismo corporativo para analfabetos de la realidad que ven al ciudadano –usuario– desde una planilla de cálculos. Dice que certifican la “satisfacción del cliente” y el “trabajo mancomunado”. Yo le pregunto al ingeniero: ¿En qué manual de la ISO figura que dejar la silla vacía ante los representantes del pueblo es un estándar de calidad? ¿Cómo se “mancomuna” el esfuerzo con una empresa que no da la cara, no respeta las instituciones ni cumple con lo acorado?
Samsa, esa criatura del Grupo Urbaser, cumple 26 años. Pero no es un cumpleaños, es una liquidación por cierre. Mientras Ameri redacta odas a la “inversión histórica”, en las oficinas de Avenida Leandro N. Alem al 1050, frente al barrio porteño de Puerto Madero, se encuentra el cartel de “Venta”. La multinacional, propiedad del fondo estadounidense Platinum Equity, busca la puerta de salida. Si no me creen vayan y pregunten en el Banco Santander.
Quieren vender su filial argentina por 400 millones de euros antes de que el contrato expire en 2030 y alguien les exija las cuentas que hoy no quieren dar en el Concejo. Es el truco del tahúr de oficina: te muestran la paloma de las normas ISO en la mano derecha para que no veas cómo la izquierda te vacía la billetera y te deja hasta sin agua.
Miren, además de ver la boleta que llega a mi casa, camino estas calles y he visto los medidores girar con un frenesí demoníaco cuando no hay una gota de agua. Es el “fraude del aire”. Mis vecinos, cansados de ser el cajero automático de una empresa que desinvierte, forzaron al EPRAC a ordenar rectificaciones. Y los funcionarios del organismo de control se dieron cuenta de que no se puede ocultar el sol con un dedo, ni la estafa con una gacetilla de prensa de aniversario.
Mire, ingeniero Ameri, a quienes usted llama “estimado usuario”, yo suelo tratarlos por sus nombres, porque muchos de ellos son mis vecinos. Su “compromiso con la mejora continua” es una bofetada a los 106.000 “usuarios” –dato del último informe de gestión de la empresa– que usted cita como si fueran ganado contable.
El plan es claro: maximizar la recaudación con tarifazos salvajes del 400%, maquillar el balance con certificados de cartón pintado y largarse a toda vela antes de que la infraestructura termine de crujir. Es la ética del corsario: saquear la plaza y huir antes de que llegue la marea de la justicia.
Usted, Ameri, presidente de Samsa, es un transeúnte de la alta gerencia. Mañana, con su ganada chapa de International Waste Manager, estará certificando la calidad de una constructora en Madrid o una mina en alguno de los cuatro continentes donde opera Urbaser Global. Pero el vecino de Posadas y Garupá se queda con su canilla seca. Por eso escribo. Porque si el agua es un derecho humano, lo que están haciendo ustedes —y lo que callan al no ir al Concejo— es un crimen de guante blanco.
Durante las últimas tres décadas, como periodista me tocó escribir sobre redes de corrupción, flujos de dinero, contrabandistas buenos y malos, políticos sin escrúpulos, mercenarios colombianos camino al matadero, en fin, pero nunca sobre una corporación que cobrara el aire.
Sigan mandando cartas. Sigan celebrando aniversarios de papel. Mientras tanto, nosotros seguiremos contando las vueltas del medidor que marca el vacío, documentando el vaciamiento de una empresa que se quiere ir sin pagar la cuenta y recordándoles a los ciudadanos de Posadas que, frente al silencio de sus sillas vacías, solo queda quienes nos animamos a decir basta.
No es una pelea por una factura impaga, el acceso al agua es un Derecho Humano. Es en defensa de un derecho básico de los que vivimos en Misiones frente a una multinacional que lo vulnera. Los tres poderes del Cantón deberían tomar cartas en el asunto y ser menos laxos, pero ahora, no sea cosa que se vayan sin pagar la cuenta.

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