Judiciales
Una notebook del diputado Kiczka tenía 603 archivos de abuso sexual infantil
Las horas en libertad parecen estar contadas para el diputado Germán Kiczka. Hoy lo cubren sus fueros, pero eso puede cambiar en la sesión parlamentaria de mañana y a partir de ahí quedar a merced de la Justicia, que anoche ordenó tanto su detención como la de su hermano Sebastián, ambos imputados en una causa que los investiga por la tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia.
El pedido detención contra los hermanos Kiczka fue firmado por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, luego de un requerimiento formulado por la fiscal Silvia María Barronis y el oficio con la solicitud de desafuero del legislador como paso previo fue enviado a la Legislatura el martes a la noche, tras lo cual el asunto será tratado en la sesión de este jueves.
En el transcurso de este miércoles tanto el oficialismo como los bloques opositores adelantaron que acompañarán el pedido de desafuero, por lo cual todo indica que mañana a la noche el diputado apostoleño perderá la inmunidad que gozaba como privilegio parlamentario tras ser electo diputado en 2021.
Después de ello, la Cámara de Representantes deberá remitir un oficio con la decisión del cuerpo hacia la Justicia y a partir de ahí Kizcka podrá ser detenido por la fuerza pública.
La misma orden de detención corre para su hermano Sebastián, quien no cuenta con ningún tipo de inmunidad, pero hasta el momento la medida no fue concretada y la Policía continúa realizando labores de inteligencia para dar con su paradero.
Tanto la casa familiar de los Kizca en el barrio Illía como la pizzería de ellos en pleno centro de Apóstoles se encontraban esta tarde completamente cerrados, con candados puestos y persianas bajas.
Una vez que se concreten las detenciones, los hermanos deberán ser citados a prestar declaración indagatoria ante el juez Faría. Allí serán notificados de los elementos de prueba que se registran en sus contra, como así también de los hechos investigados, los cuales preliminarmente puede ser enmarcados como tenencia y distribución de contenido de menores en actividades sexuales explícitas, tipificados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación.
Sebastián y Germán Kiczka, los hermanos investigados por consumo y distribución de pedofilia.
La notebook de Germán
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, las medidas judiciales libradas en las últimas horas por el juez Faría tienen relación directa con los informes periciales efectuados sobre los aparatos informáticos incautados durante el operativo que dio origen a la causa a fines de febrero.
En aquella ocasión, las acciones fueron impulsadas por la fiscal especializada en Delitos Informáticos de Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, en el marco del mega operativo “Guardianes digitales por la niñez”, que disparó la ejecución de ocho allanamientos simultáneos en diversas localidades del país.
Uno de esos procedimientos fue realizado en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde residen Leonardo (padre de los hermanos) y Sebastián, aunque en el lugar también se encontró una notebook Acer perteneciente al diputado, con nombre y fotografía suya registrada como usuario.
Esa computadora portátil fue clave para que la investigación se extienda hacia el diputado, dado que el informe pericial remitido a la Justicia concluye que el soporte informático almacenaba al menos 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil) y zoofilia con menores involucrados, tanto en fotos como en videos.
Según la “autopsia digital”, los archivos en cuestión fueron descargados y distribuidos en un marco de tiempo comprendido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024.
Tal como adelantó LVM, del análisis efectuado también surgen registros de actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave. En este caso, la herramienta utilizada era Emule, una de las predilectas por consumidores de esta clase de contenidos en la dark web.
La casa familiar de los Kiczka, sin movimientos y con persianas bajas.
Los chats de Sebastián
Contra Sebastián, en tanto, también se recuperaron chats con usuarios no identificados hasta el momento donde el propio implicado admite su “adicción a las menores”.
En una de esas conversaciones, el señalado cuenta “estoy con mi vecinita. Te quiere conocer. Le presté mi cel para que juegue” y agrega “la voy a esperar tres años más, máximo”.
Su interlocutor contesta “pero calmate Sebastián… quieto… tiene como 5 la nena…” y el implicado responde: “Bueno, la voy a esperar 5 años… Hay dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan…”.
De las conversaciones también se desprende la existencia de un grupo de Whatsapp denominado “Los verdaderos”, donde aparentemente se organizaban fiestas y se planificaba la presencia de menores.
Ante todo este compendio de información fue que el juez Faría primero ordenó las nuevas medidas judiciales que se concretaron el 6 de agosto, instancia en la cual la Policía volvió a allanar la casa familiar de los Kizcka, pero también irrumpió en la vivienda del diputado.
En esos operativos se incautaron más aparatos pertenecientes al legislador, entre ellos dos celulares, otra notebook y un pen drive. Esos dispositivos se encuentran en manos del personal de Cibercrimen y de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
“Lo hallado en los primeros aparatos es solo la punta del iceberg”, confió una fuente consultada por LVM. El resultado de la segunda tanda pericial podría conocerse en los próximos días, aunque varios se animan a adelantar la existencia de más elementos sumamente comprometedores.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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