Judiciales
Se abstuvo y fue imputado el policía detenido por el asesinato de Acuña
El policía detenido por el asesinato del chofer de Uber Jorge Daniel Acuña (48) se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado provisoriamente como autor del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido por un funcionario público”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Tal como estaba previsto, el hasta el viernes pasado agente con cumplimiento de funciones en la Comisaría Segunda de Posadas, Héctor Raúl A. C. (26), fue trasladado esta mañana bajo fuerte custodia al Juzgado de Instrucción Uno, para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, aunque al momento de comparecer ante el magistrado Marcelo Cardozo optó por guardar silencio.
En la misma audiencia el detenido fue notificado del hecho que se investiga, como así también del material probatorio que se registra en su contra hasta el momento. Las evidencias más importantes son cámaras de seguridad que lo captan abordando el auto de la víctima horas de su desaparición, además de huellas dactilares suyas que quedaron marcadas en elementos manipulados dentro del vehículo.
En la misma instancia se le notificaron los primeras conclusiones del examen forense practicado al cuerpo del fallecido, el cual confirmó la presencia de dos disparos, uno en la espalda y otro en el cráneo que no alcanzó a ser penetrante, además de golpes compatibles con culatazos.
Los médicos que participaron de la necropsia también establecieron que Acuña no murió de manera instantánea, sino que atravesó un proceso de larga agonía hasta fallecer.
El cuerpo de Acuña fue hallado el viernes a la noche entre las malezas a un costado del by pass.
El hombre fue visto por última vez el lunes 22 de julio a la tarde, cuando salió de su casa en Garupá para ir a ver un mecánico que reside sobre la avenida Lavalle, casi Carlos Pellegrini, pero nunca regresó. Su cadáver recién fue encontrado el viernes siguiente, tendido a un costado del by pass y tapado con ramas de diferentes características.
La investigación trazada por diversas dependencias especializadas de la Policía de Misiones estableció que ese lunes por la tarde Acuña efectivamente se encontró con el mencionado mecánico, pero se retiró de allí entre las 15 y las 16.
Su siguiente ubicación fue determinada a través de cámaras de seguridad que lo captaron cuando arribaba a bordo del Fiat Siena que usaba para trabajar al cementerio La Piedad de Posadas.
Las imágenes mostraron que allí subió a otra persona y que desde ese punto el vehículo avanzó hasta llegar al by pass y continuar recorrido en dirección hacia Garupá, aunque en determinado se perdió de vista.
Una hora después volvió a ser captado por los dispositivos de monitoreo emprendiendo el regreso por las mismas arterias hasta detenerse sobre la calle Pedro Correa, frente al cementerio, aunque quien conducía no era Acuña, sino que se trataba de otra persona.
El Kwid fue una pista clave para dar con el policía detenido.
Todo indica que esa otra persona era el policía ahora detenido, que minutos después se subió al mismo Renault Kwid con el que había llegado anteriormente. Ese vehículo fue la punta del ovillo para su identificación y posterior captura mediante el allanamiento de una vivienda sobre avenida Tomás Guido, casi Blas Parera.
Tras su comparecencia ante la Justicia hoy, el único acusado por el hecho continuará detenido mientras avanza el expediente que lleva adelante el juez Cardozo.
Se espera que a la causa se añadan en las próximas horas el resultados de las pericias balísticas y los informes de autopsia digital practicados sobre los teléfonos celulares incautados en el marco de la causa.
Se espera que de allí se obtengan pistas que puedan determinar la existencia de algún vínculo previo entre la víctima y el sospechoso o si Acuña ese día vio primera vez a su posible asesino.
Mientras ello sucedido en el juzgado, los familiares de Jorge Acuña procedían a dar el último adiós a la víctima y luego a inhumar sus restos. Prometieron luchar hasta obtener justicia por el crimen.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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