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Calle de Iguazú lleva el nombre de un espía de la dictadura y piden modificarla

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Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.

La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez,  subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.

La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.

Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.

En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.

Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.

La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.

El buchón 

Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.

“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.

“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.

“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.

El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.

Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La calle Moreyra

La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.

El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.

Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.

En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.

“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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