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Takuapí Mirí señala a empresa por talar árboles nativos en su territorio

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De noche, sin permiso y con máquinas pesadas y motosierras, así denuncia la comunidad mbya Takuapí Mirí que una empresa afectó al menos 100 hectáreas de las 558 que componen su territorio, relevado según la ley 26.160.

Si bien la situación fue denunciada en la comisaría local el pasado 26 de agosto, el mvuruvichá Francisco Silva aseguró a La Voz de Misiones que el accionar no se detuvo y fue constatado por funcionarios del Ministerio de Ecología.

Según comentó el líder indígena, tras escuchar “a las 8 o 9 de la noche” el sonido de las motosierras, al otro día se acercó al lugar, distante a unos mil metros de las viviendas, pero “ya era muy tarde, muchos árboles caídos, totalmente destruido, desmontado”.

Puntualmente, el apeo de vegetación nativa ocurrió en los lotes 85, 86, 87 y 88 de un predio de 125 hectáreas, ubicado al suroeste del relevamiento territorial en el que viven tres comunidades, compuestas por 150 familias.

En este sentido, el cacique confió que, luego de la denuncia policial, recorrió la zona junto a funcionarios del Ministerio de Ecología, quienes constataron el hecho y lo dejaron asentado en el acta 7530, fechada el 30 de agosto.

No obstante, en horas de la noche de ese mismo día, “echaron 3 o 4 hectáreas”, denunció Silva, aunque admitió que “ahora pararon”.

La continuidad del apeo motivó un pedido de informe, radicado en la delegación de Eldorado de la cartera ambiental, donde se detalló que, de las 125 hectáreas, al menos 103 habían sido afectadas, mientras que 43 “fueron convertidas a suelo desnudo por tala raza”, dice el documento, al que tuvo acceso LVM.

Los trabajos incluyeron “diseño y quema de escolleras, sin dejar faja perimetral de lotes ni fajas protectoras de vertientes, y una violenta extracción de árboles nativos mediante uso de maquinaria pesada”, aseguraron en el escrito.

Consultado sobre los responsables del presunto corte ilegal, Francisco Silva dijo que “acusamos a la empresa Macovalle”, porque, en la recorrida realizada con los funcionarios, “pasamos por un camino que limita y ahí en su terreno estaba la máquina y algunos de los árboles amontonados como para salir”.

“El camino pertenece a Macovalle y no hay manera de que entre una máquina que no sea de ellos, salvo que les den permiso”, apuntó el mvuruvichá.

En la misma dirección, en la presentación le solicitaron al ministro de Ecología, Víctor Kreimer, que de existir el permiso de apeo, remita una copia del expediente a la comunidad.

“Se nos ha informado extraoficialmente que quienes habrían ingresado y llevado a cabo el desmonte serían de la empresa Macovalle, sin que pudiéramos acceder a mayor información, y que estarían autorizados por la autoridad de aplicación a través de una resolución dictada en el marco de un plan de manejo”, sostienen en la presentación.

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Asimismo, criticaron que, “de existir, estaría violentando nuestros derechos constitucionales, al no haberse dado debida participación a nuestra comunidad a través de consulta libre, previamente informada y de buena fe”.

No obstante, desde Takuapí Mirí advirtieron que “aún en ese contexto ninguna autorización permite una deforestación de esta naturaleza, pues la reglamentación de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (ley 26.331/07) en zona verde exige el consenso con pobladores afectados, fajas de selva en torno a vertientes, perímetros de lotes y cursos de agua”.

Por otra parte, los señalamientos de la comunidad mbya guaraní llegaron a la sesión de este jueves de la Cámara de Representantes de Misiones, donde el diputado radical Ariel “Pepe” Pianesi presentó el proyecto de comunicación 63.278 para solicitar al Poder Ejecutivo que informe sobre la situación, el cual fue aprobado por la totalidad de los legisladores presentes.

“Ya está hecho, pero nosotros queremos saber quién fue el culpable y que se detenga porque hizo mucho daño en el monte”, pidió el cacique de Takuapí Mirí y agregó que “ahora empezaron a cortar el pino y lo hacen sobre el arroyo, ensuciando el agua que tomamos y usamos”.

 

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El lote de 125 hectáreas afectado.

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Murió Elecha, una histórica yaraguareté de la selva misionera

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Elecha yaguareté

El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.

Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.

Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.

Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.

A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.

En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.

En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.

Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.

La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.

Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.

Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.

Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.

También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.

FALLO CAUTELAR OREMBAE

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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Clarisa Neztor, la activista detrás de las pintadas en Misiones

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Clarisa Neztor

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.

En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.

Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.

La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.

Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.

También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.

Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.

Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.

En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.

Daño

En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.

En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.

“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.

La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.

De Posadas al activismo ambiental

Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.

Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.

Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.

Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.

El video y el argumento

La organización ambientalista Rebelión o Extinción difundió un video donde se observa el momento en que Clarisa Neztor, quien ya había asumido públicamente la autoría, realiza pintadas en la Casa de Gobierno y en los ventanales de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

El material, publicado en formato reel en Instagram, muestra a la activista durante la acción y refuerza su pertenencia al espacio. Según había expresado previamente, el hecho forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por la organización en distintas provincias del país, en el marco de acciones de visibilización ambiental en repudio a la reforma a la Ley de Glaciares.

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