Diez años después de la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente jubilada con diagnóstico de esquizofrenia, el caso aún pareciera estar lejos de cerrarse por completo.

Es que, al margen de la condena a 4 y 2 años de prisión en suspenso por el delito de abandono de persona dictada hoy contra dos ex policías, el Tribunal Penal Dos de Posadas también dictaminó a favor de un pedido de la fiscalía para el desprendimiento de una investigación paralela contra otros tres agentes de otra dependencia ahora puestos bajo sospecha de haber sido autores del asesinato de la mujer. 

Estas disposiciones se corresponden a la parte resolutiva de la sentencia dictada hoy, cerca de las 14, como corolario de la séptima audiencia de debate, jornada en la cual también se desarrolló la ronda de alegatos. 

En su dictamen, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) decidió por unanimidad condenar a los ex efectivos de la Policía de Misiones Aldo Gabriel Aníbal Villalba (37) y Luis Albino Rotela (43) a las penas de 4 y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente, como coautores del delito de abandono de persona en perjuicio de Mirta Rosa.

De esta manera, los ahora condenados, quienes al momento de brindar sus últimas palabras volvieron a disculparse con la familia Rosa y a pedir justicia también para ellos, se retiraron del edificio caminando, emocionados y conmovidos tras cruzar abrazos tanto con sus allegados como con los hijos y demás parientes de la docente, que el 14 de febrero de 2013 fue hallada muerta con un golpe en la cabeza y estallido de vejiga.

Familiares de los imputados y de Mirta Rosa se abrazaron al culminar el debate.

“La Justicia ya se expidió. Nosotros como familia los liberamos. Ese abrazo que nos dimos fue de perdón, de paz para sus familiares, no hay animosidad de venganza de nuestra parte, pero sí hay muchas cosas que todavía tienen que salir a la luz y queremos que los verdaderos responsables aparezcan”, señaló a la prensa Rina Zarza, hija de la víctima, respecto a ese último cruce con los imputados. 

Ese último enunciado hace referencia a otro sustancial punto de la sentencia, en el cual el tribunal dio lugar al planteo del fiscal Vladimir Glinka sobre remitir las actuaciones del juicio al juzgado de origen de la causa para iniciar “cabeza de sumario” contra tres agentes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X como posibles autores de “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza”. 

Los acusados y el abandono 

El pedido de Glinka fue realizado durante la ronda de alegatos, donde expuso en primer término y durante exactamente una hora narró los hechos registrados ese 14 de febrero de 2013 en Garupá, trazó su hipótesis del caso y elevó un pedido de 8 y 5 años de prisión para Villalba y Rotela, respectivamente.

El fiscal comenzó con tono crítico. Calificó al expediente como “una causa con más errores que aciertos” y sostuvo que los imputados “nunca le asignaron valor de la vida a Rosa”, lo cual consistió “en una decisión discriminatoria” y “llegó el momento de responder por ello”.

Antes de repasar la secuencia de los hechos, Glinka puso en relieve el diagnóstico y la historia de vida de Rosa, una mujer de 47 años que debió dejar la docencia de manera anticipada como consecuencia de un “trastorno psicótico esquizofrénico”, patología a la cual describió como “degenerativa” e “incurable”, según el aporte dado por uno de los psiquiatras de la víctima.

A partir de ahí, reconstruyó que ese 14 de febrero Rosa salió de su casa en el barrio Santa Clara III de Garupá, pasó por una estación de servicio cercana y avanzó unos 1.700 metros más a pie hasta llegar a la casa de Mariela Benítez “en busca de resguardo” porque estaba desorientada y agotada por el calor.

Justamente Benítez y su marido fueron quienes acudieron a la Comisaría Quinta en busca de asistencia para Rosa y por eso arribó al lugar la patrulla Chevrolet S-10 ocupada por Villalba como oficial a cargo y Rotela como chofer.

Villalba -último a la derecha- volvió a pedir disculpas a la familia al momento de dar sus últimas palabras.

Según el fiscal, en esas circunstancias Rosa fue subida al móvil pero a los imputados no les importó la situación de la mujer (cansada, sedienta, descalza, desorientada, sin documentación, ni celular) ante lo cual la trasladaron hasta una zona alejada para “deshacerse” de ella antes de llevarla a la comisaría o a un hospital, como deberían haber actuado según el protocolo.

Glinka añadió que los acusados “sabían” del estado de salud de la mujer y cuestionó que “ella consiguió protección en una casa ajena y la Policía volvió a dejarla en riesgo”.

El fiscal también señaló que “el abandono es el dolo” de los implicados y clarificó que “yo no les imputo la muerte. Ellos querían abandonar y abandonaron a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma”. Ante esa premisa, solicitó que penas de 8 y 5 años de prisión efectiva para Villalba y Rotela, respectivamente.

La Brigada y la tesis del asesinato

Pero ese pedido no fue lo único resonante del alegato expuesto por Glinka, sino que también sacudió la sala al pedir que se extraigan copias de todo lo actuado y que la causa sea remitida al juzgado de origen a fin de que se investiguen a tres agentes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de aquel entonces como posibles autores del asesinato de la mujer.

Los apuntados por el fiscal son el subcomisario Emilio Broemser y los sargentos Adrián Roberto Borda y José María Bernal, quienes declararon como testigos en el juicio y ahora son pasibles de una investigación por “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza de seguridad”, figura prevista por el artículo 80, incisos 7 y 9, del Código Penal de la Nación, que prevé una pena de prisión perpetua.

La nueva hipótesis trazada por Glinka refiere que una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa en cercanías a la cancha del barrio Los Potrillos, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.

El fiscal Vladimir Glinka expuso un alegato que se extendió durante una hora.

“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.

Glinka además pidió que la nueva investigación también aborde la posible comisión de los delitos de “apremios y torturas” perpetrados por los mismos efectivos en perjuicio de Walter “Chinito” Velázquez, un joven que en ese momento estaba detenido y fue llevado con ellos a realizar recorridas por el barrio para “marcar objetos robados”, según declaró ante el tribunal.

Pedidos de absolución

Tras el cargado alegato del representante del Ministerio Público Fiscal, el turno llegó para los abogados defensores Mónica Olivera por Villalba y José Luis Rey por Rotela.

La primera en exponer fue Olivera, quien consideró que en el hecho investigado no existió abandono, argumentando que los uniformados no pudieron advertir el diagnóstico de la mujer y, por consiguiente, no notaron “conflictividad” y “solo cumplieron con el pedido de una persona que no estaba alterada ni tenía signos de violencia”.

El ex magistrado Rey, en tanto, en último orden, acompañó lo expuesto por su colega Olivera, y ambos solicitaron la absolución de sus respectivos defendidos por “atipicidad de la conducta”.

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