Judiciales
Fondos fantasma y documentos truchos: la denuncia del Club Tigre de Santo Pipó
Un socio del Club Tigre de Santo Pipó realizó una denuncia penal que apunta contra la gestión de la ex intendenta y actual diputada provincial Mabel Cáceres.
En su exposición, que se tramita en la Fiscalía Dos de Jardín América, el también preparador físico de la institución Leandro Ariel Cardozo, habla de fondos fantasma otorgados a Tigre, mediante pedidos falsos y sellos y firmas truchas.
La presunta defraudación también fue denunciada en Santo Pipó, pero se hizo en primera instancia en Jardín América “porque no quise que acá encajonen todo, porque muchos de los policías de Santo Pipó son acomodados por la diputada”, dijo el denunciante a La Voz de Misiones.
“Primero fui a la Fiscalía, y el fiscal me dijo que ese día no podía recibirme porque tenía una gestión fuera de Jardín, pero que vaya nomás sin miedo y denuncie en la comisaría”, relató Cardozo.
Papeles que queman
El socio acompañó su denuncia con una serie de documentos que describirían el procedimiento utilizado por la administración de Cáceres para drenar fondos del municipio bajo la figura de subsidios, supuestamente, solicitados por el Club Tigre.
Una publicación de la institución en su página de Facebook, en apoyo a la denuncia de Cardozo, señala que los documentos fueron aportados por la actual intendenta Claudia Acuña.
Entre los documentos que ahora forman parte del expediente, hay varios pedidos con sello y firma de la abogada Cristina Cuchak, en representación de la entidad deportiva, así como resoluciones de la intendenta Cáceres autorizando a la Tesorería el desembolso del subsidio solicitado, órdenes de pago y recibos de dinero.
“Nosotros tenemos los documentos que pudimos rescatar, porque ellos quemaron muchos cuando Cáceres salió de la intendencia”, señaló Cardozo.
“Todos los pedidos son falsos, hicieron un sello del club, la firma de la abogada Cuchak es falsa, ella nunca firmó ningún papel, el club nunca pidió ni recibió un peso”, aseguró el denunciante a LVM.
Los papeles obrantes en la Fiscalía de Jardín América refieren a desembolsos de 2020 y 2021. Se trata de montos que van desde los $10.000 a $50.000, que sumados alcanzan poco más de $370.000.
El denunciante informó a LVM que el viernes próximo comparecerá en la Justicia para prestar declaración, junto a la abogada Cuchak, que aparece como firmante de las notas truchas.
Rapi pago
Para el denunciante, resulta llamativa la celeridad con que la entonces intendenta canalizaba los pedidos de la “subcomisión” del club, que se otorgaban el mismo día de ingresada la solicitud.
Otro dato es que todas las supuestas notas del Club Tigre tienen un argumento idéntico: “Para paliar parte del pago de mantenimiento que el club debe en la Liga Posadeña de Fútbol”.
Hay registros de pedidos y pagos de julio, septiembre y octubre de 2020, y julio de 2021, entre otros. En todos los casos, la solicitud, la resolución de pago, la orden de tesorería y el recibo del dinero por parte de Tigre se tramitaron en la misma fecha.
Así, por ejemplo, una nota del club, fechada el 23 de octubre de 2020, Folio 9243, se corresponde con la Resolución 654 que ordena a Tesorería el desembolso, y la Orden de Pago 1679 emitida por Tesorería, ambas del mismo día. Lo mismo con desembolsos del 17 de julio y 8 de septiembre de 2020, y 20 de julio de 2021.
En todos están las firmas auténticas de la intendenta Cáceres, el tesorero César Luis Arroyos, y el contador municipal Hugo César Ferreyra; y la rúbrica, supuestamente, falsa de la abogada Cuchak, de Santo Pipó.

Los supuestos subsidios otorgados.

El pedido, con el sello y firma falsos.

Una de las órdenes de pago de la Muni.

La resolución municipal.

La denuncia radicada.
Judiciales
Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Judiciales
Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Judiciales
Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
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