Nacionales
Diputados sancionó ley que permitirá jubilarse a 800 mil personas
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó esta tarde la moratoria previsional, que establece un plan de pago de la deuda previsional, para posibilitar que unas 800.000 personas con aportes incompletos, puedan acceder a una jubilación.
La discusión del proyecto, impulsado por Frente de Todos (FdT), se extendió por varias horas a partir del mediodía, con argumentos y acusaciones cruzadas entre los legisladores oficialistas y de la oposición.
El trámite se dio en la última sesión extraordinaria del año, y un día antes del inicio del período de sesiones ordinarias que inaugurará mañana el presidente Alberto Fernández.
Desde el arranque, el proyecto tuvo el rechazo del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), que minutos antes de la hora prevista de la sesión emitió un comunicado, adelantando el voto en contra de sus legisladores.
“Hay que decirlo con todas las letras: el kirchnerismo reparte recursos que no existen”, afirmaba el comunicado opositor.
La oposición cuestiona la “falta de sustentabilidad” del sistema previsional y el supuesto impacto de la nueva ley en el déficit fiscal.
JxC intentó hacer caer la sesión, amenazando con no prestar quórum, pero finalmente el oficialismo pudo sumar a los cuatro diputados del Frente de Izquierda —Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman— y a los legisladores del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo, y los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández.
La sesión se inició pasadas las 11 de la mañana, con el quórum mínimo de 129 diputados, a los que posteriormente se sumaron los de JxC, y liberales como Espert, que profirieron furibundas críticas al proyecto previsional y vaticinaron una catástrofe económica.
Espert, economista de Avanza Libertad, argumentó que “con este programa, a los jubilados les estamos proponiendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.
Afirmó que “uno de los problemas principales que vuelve el insostenible el sistema previsional es la gran cantidad de regímenes especiales de jubilaciones”.
El diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, calificó al sistema jubilatorio argentino como “una estafa”, y precisó que “1 de cada 2 pesos que paga Anses es para sistemas de privilegio”.
“A partir del 2030 este sistema es inviable porque se termina el bono demográfico, también hay un gran problema de informalidad, y hay un problema de incentivos, que impulsa a no cumplir”, indicó.
Por el lado del oficialismo, todas las intervenciones defendieron el proyecto, haciendo hincapié en el sentido de justicia de la moratoria propuesta para miles de trabajadores y trabajadoras informales.
“Que 9 de cada 10 mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido también responsables de esa crisis del sistema”, afirmó, por su parte, la diputada Marisa Uceda, presidenta de la Comisión de Previsión Social.
El diputado del FdT, presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, explicó que a pesar del “grandísimo problema de la informalidad laboral” que tiene el país, las sucesivas moratorias aprobadas por el Congreso, permitieron jubilarse al “95% de las personas con edad para hacerlo”.
Heller, reconoció que la moratoria aprobada hoy “un paliativo, un parche”, pero argumentó que ante situaciones de esta gravedad, y mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son un mecanismo para salir de esa situación”.
Pagos en cuotas
Finalmente, la nueva moratoria previsional se aprobó por 134 votos.
La moratoria, que ya tenía media sanción en el Senado, establece un plan de pago de deuda previsional para quienes no cuentan con aportes suficientes para obtener la prestación.
De acuerdo al proyecto, se podrán regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio.
Los afiches de la Anses
El desarrollo de la sesión estuvo marcado también por el enfrentamiento entre legisladores del FdT y JxC, por el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que para la oposición “es una embestida del kirchnerismo al Poder Judicial”.
También, hubo fuertes cruces entre oficialistas y opositores por los afiches con que el gremio de Anses empapeló hoy la sede del edificio, mostrando uno a uno los rostros los legisladores que se oponían al proyecto, con la leyenda: “Son diputados y diputadas de tu ciudad, y no quieren que te jubiles”.
Los afiches que aparecieron en la Anses y enfurecieron a la oposición.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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