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Productor de Eldorado pide a la Legislatura habilitar uso de pistolas taser

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El productor de Eldorado Sergio Delapierre, de la organización de Productores autoconvocados contra los delitos rurales, presentó este martes en la Legislatura provincial un proyecto de ley encaminado a autorizar el uso de pistolas taser contra la inseguridad en las chacras misioneras.

En su artículo 1°, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo provincial “para que proceda a gestionar ante las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación convenios para el uso y disponibilidad de armas de defensa civil tipo Taser con fines de utilización  en zonas rurales para la defensa de las familias de los productores que viven en lugares apartados”.

El artículo 2°, encarga al gobierno de la provincia “la organización de un cuerpo de capacitadores especializados” de la Policía de Misiones, que también tendrá a su cargo expedir autorizaciones para su uso.

Consultado por La Voz de Misiones, Delapierre, argumentó que “los casos de inseguridad que vienen repitiéndose en las chacras no merman, la justicia no ejerce el poder para defender a los productores o a cualquier otro damnificado; la delincuencia siempre porta armas sin necesidad de registrarlas ni de rendir cuentas, y el ciudadano común, honrado, está desarmado”.

“Hay una desventaja, y para quebrar esa asimetría, está más que justificado el uso de las taser”, agregó.

Delapierre sostuvo que “muchos productores tienen armas, pero no se animan a usarla disparando al cuerpo, porque toda la problemática recae después sobre el mismo productor, y si no tiene los papeles en orden va preso”.

“Yo fui asaltado, a mí me sacaron el arma y no pude disparar; yo lo hubiera matado al delincuente y después me hago cargo, pero hay gente que no se anima”, contó.

“Con una taser vos disparas, inmovilizás al delincuente, y tenés tiempo de llamar a la policía, atarlo con sogas, o encerrarlo en una habitación hasta que llega la ayuda”, graficó.

Electrochoque

La pistola taser es un arma de electrochoque, que dispara una descarga eléctrica destinada a interrumpir temporalmente las funciones musculares, incapacitando a quien la recibe, sin que, por lo general, pueda causar una lesión letal.

Existen varios tipos de estos dispositivos, entre pistolas paralizantes, picanas y cinturones que administran una descarga eléctrica por contacto directo.

Las pistolas disparan dardos que administran la descarga a través de cables delgados y flexibles, y funcionan, principalmente, a través del dolor al afectar el sistema nervioso sensorial.

Si bien hay cientos de estudios sobre este tipo de dispositivos utilizados en más de 100 países, y la mayoría sostiene que no son peligrosos para quien recibe la descarga, diversas organizaciones humanitarias alrededor del mundo argumentan contra su uso.

“Se trata de un equipamiento que está siendo introducido de manera mayoritaria en diversos cuerpos policiales en todo el mundo, en ocasiones sin una consideración suficiente en cuanto a su peligrosidad, con insuficiente regulación y, sobre todo, sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas”, afirma Amnistía Internacional.

La organización advierte sobre el riesgo que representa la descarga que producen estos dispositivos, especialmente en personas adultas mayores, personas con problemas cardiacos, y embarazadas.

Según la cadena de noticias CNN, el voltaje de “carga máxima” de un taser en el rango de impacto es de hasta 40.000 voltios, pero es un promedio de 600 voltios durante el disparo.

Amnistía pide “la prohibición del uso de las armas de electrochoque, pues entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el uso de descargas reiteradas o prolongadas”.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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