Provinciales
Gobierno provincial rechazó cautelar de la Corte a Loma Negra
El Gobierno de la Provincia salió al paso de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que esta semana concedió a la empresa cementera bonaerense Loma Negra una medida cautelar contra el pago del anticipo del impuesto a los ingresos brutos a la Agencia Tributaria Misiones (ATM).
El vicegobernador Carlos Arce y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán rechazaron los argumentos de Loma Negra, y de paso cruzaron a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), cuyos parlamentarios fogonearon la resolución judicial tachando lo establecido en la normativa fiscal provincial de “aduana paralela”.
Arce defendió la política tributaria, y argumentó que obligaciones como el anticipo de ingresos brutos es una herramienta impositiva que sirve para compensar la asimetría en los recursos de coparticipación que recibe la provincia.
“Es un caso particular de una empresa. Siempre nosotros apoyamos la coparticipación injusta que recibimos. El mes pasado fuimos la séptima provincia que más aporta y la número 21 en recibir los aportes”, ilustró el Vicegobernador.
“Nosotros sabemos muy bien que la única manera de mantener los hospitales, la seguridad, la educación, todo lo que significa la política pública misionera es a través del tributo y es lo que nos distingue a nosotros”, explicó.
“Cuando haya una participación justa uno se plantea esta situación, pero mientras no exista es la defensa que tenemos para seguir realizando políticas públicas en beneficio de todos los misioneros”, sentenció.
“No es aduana paralela”
Por su parte, el ministro Safrán desmintió que Misiones tenga una “aduana paralela” o “aduana interior”, de la que habla la oposición y sirvió a Loma Negra en la tramitación del amparo resuelto por la CSJ esta semana.
Safrán afirmó que “Misiones no tiene una aduana paralela”, sino “un régimen de pago a cuentas” que sirve para mantener a raya la “evasión fiscal”.
En diálogo con FM Show de Posadas, el alto funcionario provincial indicó que Tucumán y Jujuy disponen del mismo mecanismo tributario con la obligación de anticipar los ingresos brutos.
“Buscamos que las empresas que no son de Misiones le paguen a la provincia lo que le corresponde por el ingreso bruto, así como las empresas misioneras pagan el impuesto a los ingresos brutos cuando van a Buenos Aires o Córdoba”, señaló.
“Vamos a demostrar que es un régimen de pago a cuentas y no una aduana como manifiesta la empresa”, aseguró.
Los padres de la deuda
En otro orden, Safrán hizo este viernes un análisis del desendeudamiento de la provincia, y acusó al ex gobernador Ramón Puerta y a su ministro de Hacienda, el hoy senador del PRO Misiones Humberto Schiavoni, de ser los responsables de la abultada deuda en dólares tomada en los ’90, que pudo pesificarse durante la administración de Carlos Rovira, y se saldó en su totalidad durante el gobierno de Hugo Pasalacqua.
“Esa deuda se contrajo principalmente con a) Bancos comerciales privados, en dólares, con garantía de coparticipación para atender gastos de funcionamiento del Estado incluyendo sueldos; b) con la emisión de los Bonos CEMIS en dólares para cancelar diferentes obligaciones (deudas de funcionamiento del Estado y pago de juicios del ex-Instituto Provincial del Seguro), y c) con la emisión de los Bonos Juniors y Seniors en dólares para atender gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos el pago de sueldos”, reseñó.
Safrán publicó en su cuenta de Facebook una infografía que muestra cómo el Estado provincial pudo revertir la ecuación de 1999, cuando la deuda en dólares era significativamente mayor a la acumulada en pesos, y que hoy representa una mínima porción del total.
“En términos reales, la deuda pública de la provincia en el año 1999 era de U$S 903 millones. En ese entonces, esa cifra duplicaba el presupuesto provincial anual. Pero el problema no era solamente la dimensión de este pasivo, sino sobre todo su composición, ya que el 91% de la deuda había sido contraída en moneda extranjera. En esta comprometida situación fiscal, la provincia quedaba constantemente expuesta a los vaivenes macroeconómicos de la variación del dólar, ya que ante cada corrida cambiaria o devaluación de la moneda local la deuda provincial se disparaba, algo que generó muchísima inestabilidad en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno provincial”, explicó.
El ministro de Hacienda estimó que para 2023, la deuda provincial en dólares sumará unos U$S 99,8 millones, “diez veces menor a la existente en 1999”.
Safrán acusó a Puerta de la implementación de “políticas que proclamaban bajar la carga tributaria de las grandes empresas, que solo provocaron déficit fiscal y endeudamiento del Estado”.
“Fueron años en los que los servicios de la deuda representaron 15% de los ingresos totales de la Tesorería, no permitiendo atender entonces cuestiones básicas del Estado: desde los servicios de la salud, la educación o la obra pública (recordemos que hoy en salud pública se destina no menos del 15% del presupuesto, o para la obra pública el 18% del mismo)”, expresó.

Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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