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Diputado de JxC propone demoler edificio porteño con la imagen de Evita

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Moritán

El diputado porteño de Juntos por el Cambio (JxC) Roberto García Moritán presentó un proyecto de ley en la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) para demoler el emblemático edificio de los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, donde se encuentra la imagen iluminada de Evita, y que desde ayer luce una bandera gigante de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

“Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”, tuiteó García Moritán este mediodía en su cuenta de Twitter, donde posteó un facsímil del proyecto.

El diputado porteño argumentó que su proyecto busca el “mejoramiento de la circulación” y  “disminuir los piquetes”, y propuso que el predio sea destinado “a la ampliación de la avenida 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”.

“Es importante remarcar que este edificio es el único que se encuentra emplazado en medio de la avenida 9 de julio. En un principio, esta estructura no fue un problema para la normal circulación, pero el crecimiento demográfico que tuvo la Ciudad de Buenos Aires (que pasó de tener en 2001 2.776.138 habitantes a tener aproximadamente más de 3.000.000 en el año 2022), sumado al crecimiento del parque automotor, generó el entorpecimiento del tránsito. Esto, sin considerar los más de 3.500.000 ciudadanos que ingresan desde el gran Buenos Aires a la Capital Federal diariamente”, precisó el legislador en los fundamentos del proyecto de ley.

“El edificio nació como Ministerio de Obras Públicas, y actualmente aloja al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Nación. Al cambiar las carteras que aloja, el edificio se ha convertido en objeto de protestas, piquetes y acampes por parte de movimientos y organizaciones sociales. Este trastorno causa demoras de tránsito y en el transporte público, con lo que también se generan protestas de quienes sufren para ir y volver de sus trabajos. Particularmente, desde que comenzó 2022, en la CABA se dieron ya más de 600 piquetes, y las organizaciones sociales protagonizan más del 45% de los cortes que suceden en la Ciudad, siendo que estas organizaciones le reclaman al Estado Nacional. Así como se pueden ver los datos actuales, también se pueden mencionar los del 2021: 713 cortes en la CABA”, agregó.

“Por todas estas razones, consideramos que se transforma en una necesidad cumplimentar con lo establecido en la ley 238 y demoler este edificio, permitiendo así no solo descongestionar el tránsito y promover el normal funcionamiento de una arteria tan importante como lo es la Av 9 de Julio, sino también ofreciendo la posibilidad de trasladar la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a un lugar donde las protestas y reclamos de diferentes sectores se lleven a cabo sin generar un caos vehicular y/o peatonal, redundando en el reconocimiento del derecho a circular de todos los porteños, bonaerenses y argentinos. Asimismo, y considerando también el tipo de ministerio, tendría sentido su relocalización hacia barrios vulnerables, como lo ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, dado que su objetivo es la integración social”, completó.

La propuesta del diputado macrista generó la reacción de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien le contestó desde su cuenta en la misma red social, acusándolo de “gorila”.

“El legislador quiere demoler el emblemático edificio de la avenida de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico. Desbloqueó un nivel superior de gorilismo”, tuiteó Cerruti.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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