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Juez Federal alertó sobre avance del crimen organizado en la Triple Frontera

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“Mucho se ha hablado y mencionado sobre el actuar de algunos comandos por el Primer Comando de Frontera (PCF), el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética. De los 9 sujetos con extradición internacional que tenemos, las alertas rojas los vinculan directamente con una u otra de esas organizaciones”, alertó el juez Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, con competencia en la zona de Triple Frontera, en encuentro nacional sobre narcotráfico realizado en la ciudad de Rosario el último jueves.

El magistrado fue el último en exponer en el marco del Encuentro Nacional de la Justicia Federal “El juzgamiento del narcotráfico”, organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (Ajufe), y allí expuso la complejidad de las causas que se tramitan en su juzgado, alertó sobre el avance del crimen organizado en la región y también homenajeó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, recientemente asesinado en Colombia y con quien además de trabajar conjuntamente mantenía una relación de amistad.

“Mi idea era plantearles, no sé si lo voy a poder hacer en 3 minutos. un poco la realidad que se vive”, avisó Guerrero al comienzo de su alocución y luego se solidarizó con sus pares en Rosario por la permanente situación de violencia que se vive en esa ciudad santafesina, aunque sostuvo que “si no tomamos en cuenta lo que está pasando en la jurisdicción donde yo trabajo creo que en 10 años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario”.

Y eso fue tan solo la antesala de lo que el magistrado ahondaría en los pocos minutos de exposición. “En primer lugar, como para que tengan una idea, ese juzgado federal de primera instancia (por el de Eldorado) tiene competencia en la zona de la Triple Frontera, hasta tanto no se habilite el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”.

A partir de ello, reclamó que “ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.

Desde ese punto, Guerrero problematizó sobre la cantidad de personal abocado al juzgado y la complejidad de las causas que se tramiten en los pasillos del Juzgado Federal de Eldorado. “Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.

El magistrado señaló que la investigación trazada determinó, en 2016, unas 2.700 transacciones que importaron más de 3 millones de dólares y explicó que el 99% de esas transferencias salieron de una sola ciudad a puntos controlados por la organización terrorista a la que reportarían. Ese grupo terrorista al que hace referencia sería Hezbollah.

PCF, PCC, CV, Bala na Cara y más

Pero Guerrero no culminó allí y aprovechó al máximo su tiempo al frente del micrófono para continuar exponiendo la realidad de Misiones y, principalmente, de la Triple Frontera.

“El secuestro en los tres primeros meses del año 2022 de más de 45 toneladas de marihuana, de 10.000 pastillas de MDMA, de 180 kilogramos de cocaína, de 335 millones de pesos en mercadería en infracción al código aduanero. Todo ese caudal de causas es gestionada por una estructura que se diseñó y planificó para una realidad de 1985”, reclamó.

Y alertó que “la abrupta irrupción de organizaciones violentas con trágicas historias en los vecinos estados, asociados a grupos locales vinculados al narcotráfico. El lavado de activos con fines de financiamiento del terrorismo, el contrabando, el tráfico y la trata de personas, conforman una nueva realidad de ese juzgado. Nueve detenidos en los últimos 45 días son expedientes de extradiciones internacionales que son ciudadanos que registran alertas rojas con capturas ordenadas por jueces federales y locales de la República Federativa de Brasil vinculadas a la delincuencia organizada transnacional”.

A partir de allí, el juez, que en su momento también fue blanco del narco-sicario paraguayo Néstor Fabián “El Negro” Rojas, puso nombre a las organizaciones que acechan en la región tripartita.

“Mucho se ha hablado y mencionado sobre el actuar de algunos comandos por el Primer Comando de Frontera (PCF), el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética. De los 9 sujetos con extradición internacional que tenemos, las alertas rojas los vinculan directamente con una u otra de esas organizaciones”, lanzó.

Por último, el magistrado aprovechó la oportunidad para rendir un breve homenaje al fiscal paraguayo Marcelo Pecci y pidió reflexionar sobre la realidad que se vive en esta región, reclamando al Estado por su seguridad y la de sus colegas.

“Reflexionar que en la Triple Frontera la lucha contra la delincuencia organizada transnacional no siempre resulta igual. Las organizaciones que operan al margen de la ley  no en pocas oportunidades ostentan una mejor logística y mayor poder económico que las propias organizaciones de seguridad del Estado argentino. La integridad física y la vida de todos los jueces y fiscales debe ser responsabilidad del estado, ya que de esas magistraturas depende no solo la salud de la república sino su propia existencia y desarrollo”, culminó ante el auditorio colmado.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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