Nacionales
Servicio doméstico: suben un 30% los salarios en abril, mayo y junio
El Ministerio de Trabajo y el sindicato del sector comunicaron esta tarde que a partir de los ingresos correspondientes a este mes se aplicará un reajuste de 6%, en tanto que en tres meses se acumulará un incremento de 30%; en agosto habrá una revisión.
Con los ingresos correspondientes al actual mes de abril regirá un aumento de 6% en los salarios del personal de servicio doméstico. En mayo habrá un nuevo reajuste, del 9%, y en junio, otro de 15%. Así lo comunicaron esta tarde, por separado y tras una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares- el Ministerio de Trabajo y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares.
El sindicato de la actividad publicó la información en su página web y consignó que la primera cuota del aguinaldo de este año, a pagarse en junio, deberá calcularse sobre la cifra resultante de aplicar los tres nuevos aumentos.
Según la cartera laboral, si se considera el llamado “año paritario” de esta actividad, el incremento en el período comprendido entre junio de 2021 y mayo de 2022 resultará de 65%. La última suba, de 12% sobre los valores de mayo del año pasado, se concretó con el pago de los salarios de marzo.
Además del incremento para los tres próximos meses, hoy se anunció que en agosto habrá un nuevo encuentro para revisar el porcentaje de suba en general y, en particular, el adicional que se cobra por zona desfavorable.
De cuánto serán los nuevos valores dependerá de la forma en la que se disponga que se apliquen los porcentajes. Para determinar las subas más recientes y al definirse que serían “no acumulativas”, se calcularon los porcentajes establecidos sobre los valores vigentes en mayo del año pasado, y las cifras resultantes se sumaron a los ingresos mínimos del mes previo al de cada suba.
En marzo, en la categoría de tareas generales, el valor del ingreso por hora fue de $278 (en la modalidad con retiro) y de $299,5 (sin retiro). Lo anunciado hoy permite estimar que esas cifras serán este mes de entre $289 y $295 y de entre $311 y $318, dependiendo de cómo se efectivice finalmente la suba.
Los destalles de la implementación y las nuevas cifras se conocerán cuando se emita la resolución correspondiente, según se indicó desde el sindicato. En el caso de salarios mensuales, es decir, por trabajo con jornada completa, los salarios mínimos por realizar tareas generales (la llamada quinta categoría), fueron en marzo de $34.148,50 (con retiro) y de $37.973 (sin retiro).
El aumento de salarios determina también un reajuste automático de la cuota del seguro de riesgos del trabajo, que se había incrementado en marzo para llegar a cifras de $504,62 (si la jornada semanal es de hasta 12 horas), $747,76 (12 a 16 horas de trabajo por semana) y $1099,95 (16 o más horas semanales de tareas).
En cambio, no se modifican a partir de las subas salariales los importes de los aportes y contribuciones con destino a la obra social y al sistema jubilatorio, informa el medio La Nación. El reajuste de esos importes se hace una vez por año y sigue los pasos de los cambios en los valores del monotributo.
Así, en el primer mes de este año aumentaron un 26%, que fue el nivel de actualización que tuvieron las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Anses en el segundo semestre del año pasado (esa fue la variable por la que optó la AFIP para actualizar la tabla del régimen impositivo simplificado, que había sido modificada durante el año pasado).
Caída de puestos
Por la muy alta incidencia de la informalidad, el sector laboral del servicio doméstico resultó uno de los más afectados por la imposibilidad de trabajar durante la cuarentena. Se perdieron puestos tanto en el segmento no registrado como en el registrado.
Si bien en el segundo caso la caída fue mucho más leve, no llegó a haber hasta ahora una recuperación del nivel de ocupación y, por el contrario, se observa que el número de registros sigue cayendo.
Según la estadística del Ministerio de Trabajo, en enero de este año había 467.374 personas registradas como asalariadas con tareas en casas particulares, una cifra que es un 6,6% inferior a la de ese mes de 2020.
Eso significa que son algo más de 33.000 personas menos las que trabajan en blanco en comparación con dos años atrás. En relación con enero de 2021, el número de este año es un 1,5% menor, con una caída de 7300 puestos.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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