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Senadores del FdT proponen “recuperar dinero de evasión para pagar deuda con el FMI”

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El bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado impulsa un proyecto que busca recuperar el dinero de la fuga de capitales para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo directorio aprobó el viernes el acuerdo con el gobierno argentino ratificado por el Congreso de la Nación.

La idea, según se informó, es crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, con el aporte de quienes tengan bienes no declarados en el exterior.

Según informó el bloque en un comunicado, “el aporte no representará una nueva carga impositiva” para la población, ya que “sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.

De acuerdo con el proyecto, los alcanzados por el aporte deberán pagar en dólares estadounidenses un 20% de los bienes que no hayan declarado.

En los casos en que la declaración se presente luego de los seis meses de entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

Quienes no faciliten el pago del aporte, podrían recibir una pena de prisión, tal como lo estipula la actual legislación.

La normativa alcanzará también a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal, “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Según los legisladores del oficialismo, los fondos estimados que podrían ser alcanzados por la iniciativa son, según las estadísticas oficiales unos U$S 417.507 millones, aproximadamente el doble del total de la deuda pública argentina.

Colaborar

El proyecto crea, además, la figura del “colaborador”, aplicable a quienes faciliten el hallazgo de estos bienes no declarados, sean personas físicas o jurídicas.

“Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor”, señala el comunicado.

“Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada”, agrega.

El bloque del FdT aclaró que para poder ser colaborador, se presentará otro proyecto de ley para modificar las excepciones del secreto bancario, bursátil y fiscal, una legislación –que según se señaló-rige en los principales países del mundo “para tener mayor control de operaciones comerciales o financieras”.

“Así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debe proteger”, afirma el comunicado.

Cristina

La iniciativa va en línea con un planteo que hizo la misma vicepresidenta Cristina Fernández en diciembre pasado, durante el acto que compartió con el presidente Alberto Fernández por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

En la ocasión, CFK ya había planteado la necesidad de que el Gobierno ponga en la mesa de negociación con el FMI una cláusula para que el organismo se comprometa a ayudar a “recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión”.

“Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude”, afirmó la vicepresidenta. “Se habla mucho de que a la Argentina le faltan dólares. No, los dólares de los argentinos los tienen afuera, se los llevaron afuera”, remarcó.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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