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La inflación de enero fue del 3,9% y suma 50,7% en los últimos 12 meses
La inflación de enero fue del 3,9%, según informó hoy en Indec, además, el organismo señaló que la inflación interanual acumuló 50,7% en los últimos 12 meses. Los precios del rubro de alimentos y bebidas se ubicaron nuevamente, como en meses anterior, por encima del nivel general, con un alza del 4,9%.
El rubro comunicaciones fue el de mayor impacto en el nivel general, con un alza del 7,5%, impulsado por el aumento en los servicios de telefonía e internet, seguido de hoteles y restaurantes con 5,7% y bienes y servicios varios, que agrupa a elementos de higiene personal con un 4,3%.
También se ubicaron por encima de la inflación mensual los rubros de recreación y cultura con un alza del 4,2% y salud con un 4,1%, por el aumento en la medicina prepaga.
Por debajo del nivel general se ubicaron equipamiento y mantenimiento del hogar con un alza del 3,3%, transporte que subió 2,8%, prendas de vestir y calzado con un 2,4% y bebidas alcohólicas y tabaco con un 1,8%.
La utilización de gas, agua, electricidad y otros combustibles para la vivienda registró un incremento de precios del 1,8%, y el sector de educación fue el de menor aumento con un 0,8%.
En la suba de alimentos se destacaron los aumentos en verduras como el tomate con un alza de precios del 82,2%, lechuga 51,1%,limón 30,2, naranja 25,2%, papa 14,2%, cebolla 11,3% y la manzana 9%.
El kilo de pan registró un aumento del 11,5%, el filet de merluza 9,0, mientras que las carnes rojas no mostraron grandes variaciones y bajaron la carne picada un 5,0% y la nalga un 0,3%, según la lista de precios del INDEC.
El aumento de la inflación núcleo que mide el aumento de precios desestacionalizados creció un 3,3% y bajó un punto porcentual respecto del mes anterior. El alza en los productos estacionales llegó al 9% mientras que los regulados crecieron un 2,8%.
Alerta por las subas de febrero
En el segundo mes del año, los aumentos no se producen de manera aislada. Y son más elevados que la inflación promedio. Impactantes porque pegan directamente en el poder adquisitivo de la población. Esos incrementos llegan al 50% en el precio de los huevos. Al 20% y hasta 25% en el kilo de pan. En un porcentaje similar para la yerba. Al 17% en el pollo. Y entre 5% y 10% en la media res de carne, que tendrá un traslado inmediato al público.
En una economía que sufre de una dinámica inflacionaria muy alta -superior al 50% anual- es muy difícil identificar las causas de los incrementos, que básicamente se vinculan con esa realidad.
Es cierto: hay particularidades. De hecho, en el caso de la yerba, el azúcar, los lácteos y hasta el arroz, las fuertes remarcaciones tienen que ver con la ola de calor, la sequía persistente y los incendios en algunas zonas del país, que destrozaron buena parte de la producción.
También, claro está, hay fundamentos en la realidad internacional: los precios de las materias primas mantienen una tendencia alcista. En las últimas horas, la tonelada de soja superó los u$s580, un valor históricamente alto, explica Iprofesional.
Ese escenario, que beneficia a la Argentina por el valor de sus exportaciones, termina perjudicando por el impacto del precio de los alimentos en el mercado interno. No es un fenómeno distinto al que sufren otros países, que también conviven con una inflación irregularmente elevada. En la Argentina, todo empeora por la propia dinámica inflacionaria, que se mantiene en los dos dígitos desde el lejano año 2006.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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