Nacionales
Los 55 años del otro Cóndor, el que voló a Malvinas
La historia argentina registra dos operativos llamados Cóndor, que aunque separados por la tragedia se cruzan en el destino de algunos de sus protagonistas, como si fueran dos caras de una misma imposible moneda.
Este miércoles se cumplieron 55 años del Operativo Cóndor de los 18 jóvenes militantes que el 29 de septiembre de 1966 secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Río Gallegos, y obligaron al piloto a aterrizar en las Islas Malvinas.
Una vez allí, el grupo izó siete banderas argentinas, tomó como rehenes a varios isleños, entre ellos al jefe de Policía y el jefe de los pocos Royal Marines que por entonces constituían la guarnición militar, cantó el himno y exigió al gobernador inglés Cosmo Haskard reconocer la soberanía argentina de las islas. Toda una epopeya.
El grupo estaba liderado por Dardo Cabo, un periodista y trabajador metalúrgico de 25 años, miembro del Movimiento Nueva Argentina, de la resistencia peronista nacida del golpe de diez años antes contra el gobierno del general Juan Domingo Perón.
Lo secundaban Alejandro Armando Giovenco, de 21; Juan Carlos Rodríguez, de 31; Pedro Tursi, de 29; Aldo Omar Ramírez, de 18; Edgardo Jesús Salcedo, de 24; Ramón Adolfo Sánchez; María Cristina Verrier, de 27; Edelmiro Ramón Navarro, de 27; Andrés Ramón Castillo, de 23; Juan Carlos Bovo, de 21; Víctor Chazarreta, de 32; Pedro Bernardini, de 28; Fernando José Aguirre, de 20; Fernando Lisardo, de 20; Luis Francisco Caprara, de 20; Ricardo Alfredo Ahe, de 20; y Norberto Eduardo Karasiewicz, de 20 años.
Eran los tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía, que se había propuesto exterminar al peronismo, y curiosamente, aquel día visitaba el país el Príncipe Felipe de Edimburgo, consorte de la Reina Isabel, fallecido el 9 de abril pasado.
El gaucho enterriano
En el avión viajaban 43 pasajeros, entre quienes iban el contraalmirante José María Guzmán, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Héctor Ricardo García, director del diario Crónica, que había sido invitado por Cabo, pero no conocía el operativo en detalle.
Dos horas después de despegar de Buenos Aires, Cabo y su grupo sacaron las armas de fuego que llevaban ocultas en el equipaje y obligaron al comandante Ernesto Fernández García a desviarse hacia las Islas Malvinas.
El Douglas de Aerolíneas aterrizó en la misma pista que dos años antes, en 1964, convirtió a Miguel Fitzgerald en el primer argentino en lograr la hazaña.
Cabo y su grupo bautizaron al lugar como Puerto Rivero, en homenaje al gaucho entrerriano Antonio Rivero que en 1.833 combatió la ocupación inglesa de las islas.
“Operación Cóndor cumplida. Pasajeros, tripulantes y equipo sin novedad. Posición Puerto Rivero. Autoridades inglesas nos consideran detenidos. Jefe de Policía e Infantería tomados como rehenes por nosotros hasta tanto gobernador inglés anule detención y reconozca que estamos en territorio argentino”, informó Cabo a través de la radio del avión a las 9.57 horas.
“La recuperación de las Islas Malvinas no puede ser una excusa para facciosos. Es causa profunda de la vocación de patria de cada argentino”, en Buenos Aires, el comunicado de Onganía sonó marcial.
En Puerto Rivero las horas se tensaron de prisa. El avión pronto terminó rodeado por soldados y civiles isleños armados, que le exigieron a Cabo y los suyos la rendición incondicional.
Pese a la abismal diferencia numérica y de potencia de fuego, el grupo declinó la rendición. Pero, liberó a los rehenes y pasajeros, y se dispuso a negociar por intermedio de la iglesia católica de la isla un traslado pacífico de vuelta al continente.
Regreso sin gloria
Al cabo de 36 horas de máxima tensión, el grupo emprendió el regreso a Tierra de Fuego, donde los esperaba la cárcel por los delitos de privación de libertad y tenencia de armas de guerra. En aquel entonces el secuestro de un avión no estaba tipificado en el Código Penal.
De los 18 jóvenes, 15 estuvieron en prisión durante nueve meses. Sin embargo, Cabo, Giovenco y Juan Carlos Rodríguez estuvieron tres años. En 1967, Cabo recuperó las siete banderas que habían flameado en las Islas Malvinas.
El destino que los aguardaba luego de salir de prisión tampoco estuvo coronado por la gloria. La mayoría de ellos fueron detenidos – desaparecidos de la última dictadura militar. Dardo Cabo fue fusilado.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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