Nacionales
El Gobierno reemplazará planes sociales por empleo formal
El plan federal de reemplazo de planes sociales por empleo formal en varios sectores de la economía lo poresentará el gobierno con un acto en el interior junto a gobernadores, la CGT, organizaciones sociales oficialistas y las cámaras patronales de la construcción y la gastronomía y la hotelería junto con la estatal AySA, los rubros alcanzados por la medida.
Incluirá la coordinación de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, apuntará a suprimir un argumento opositor que martilla contra el peronismo por la persistencia en el tiempo de los programas de asistencia social.
Buscará cohesionar la alianza gobernante con señales hacia los movimientos piqueteros afines que demandan la reconversión de la ayuda social en soluciones de largo aliento. Y será, también, otro elemento para sostener el vínculo del Ejecutivo con los sindicatos tradicionales.
Uno de los hitos será la inclusión del rubro gastronómico en el diseño de la medida, pero no sólo por tratarse de una de las actividades más golpeadas por la pandemia y con mayor porcentaje de mano de obra intensiva, sino por un rasgo político: el gremio principal es el que conduce Luis Barrionuevo, enemigo principal del kirchnerismo en el arco sindical.
Para todas las actividades contempladas en el programa la premisa será la misma: capacitación a beneficiarios de planes sociales en oficios de albañilería, atención en restaurantes y hoteles y conexión de redes de agua y saneamiento, y transferencia a empleos formales en sendas actividades.
El salario a percibir de arranque por parte de los nuevos empleados será el valor de un plan Potenciar Trabajo (equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil) a cargo del Estado, y la diferencia con el básico de cada convenio colectivo por parte de cada empleador.
La prueba piloto se desplegó hace un mes en Concordia, Entre Ríos, con el lanzamiento del Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural. Consistió en habilitar la continuidad de la percepción de los planes de asistencia social para alrededor de 250 mil peones rurales en caso de ser contratados para cosechas de temporada.
El reclamo de los productores rurales en algunas economías regionales daba cuenta de la imposibilidad de contar con trabajadores para las labores de temporada por la supuesta competencia que representaban los planes sociales, sostenidos en el tiempo.
El siguiente paso para la reconversión de planes en empleo se concentrará en la construcción, uno de los sectores que primero sufre las crisis y también acusa recibo de las recuperaciones económicas, y que es más dinámico en la multiplicación de puestos laborales. Gerardo Martínez, jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), es uno de los negociadores del programa.
Su sector registró una merma de al menos 70 mil operarios entre el parate de la actividad por la caída económica que representó el gobierno de Mauricio Macri y el derrumbe de la obra privada durante la pandemia. El programa contendrá tanto obra pública como privada, dijeron los funcionarios a cargo del diseño, y participarán del lanzamiento directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
En el caso de la gastronomía también se prepara una coordinación con las principales entidades patronales del sector, nucleadas en Fehgra, y el gremio de Barrionuevo, Uthgra, según informa Ámbito.
Al igual que en el caso de la construcción se trata de una actividad donde empresas y gremio cuentan con escuelas de capacitación diseminadas en todo el país con capacidad de absorber la demanda potencial de decenas de miles de beneficiarios de planes que esperan su inserción laboral formal. Lo mismo buscarán promover con la estatal Aysa para las tareas de conexión de aguas y cloacas en todo el país.
La mano de obra correrá por cuenta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los principales movimientos sociales afines al Frente de Todos. El sector tiene como representante dentro del Gabinete de Alberto Fernández a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, y como referentes a nivel nacional a Esteban “Gringo” Castro y a Juan Grabois.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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