Nacionales
El macrismo le permitió a José López seguir siendo legislador del Mercosur
El parlamento del Mercosur votó hoy en dos ocasiones y resolvió no expulsar al diputado José López, ante un pedido del kirchnerismo que no fue bienvenido por muchos de sus pares de Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, molestos por tener que tratar un problema local de Argentina. Además los parlamentarios que responden al gobierno nacional, encabezados por la dirigente cercana a Lilita Carrió, Mariana Zuvic, votaron en contra de la expulsión del detenido.
La decisión se tomó en una controvertida sesión que incluyó recriminaciones entre los bloques políticos que conforman la delegación argentina, y dos votaciones en las que no se consiguió la mayoría especial para expulsar al ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
n la votación nominal se alcanzaron 82 votos positivos de 95 presentes, por lo que la primera moción no fue aprobada.
Al inicio de la sesión, el presidente del Parlasur, Jorge Taiana había adelantado que había una “situación excepcional” respecto del diputado José López y que se había acordado “tratar la expulsión” del ex secretario argentino de ese cuerpo.
“Yo pedí la incorporación del tema y todos los vicepresidentes estuvieron de acuerdo”, aclaró el ex canciller.
La palabra de Taiana fue cruzada por la diputada Marian Zuvic, quién le adjudicó una actitud cínica al tratar de “purgar del seno de su bloque la manzana podrida” cuando conocían de su accionar y le señaló que durante su gestión al frente del Palacio San Martín se montó “una embajada paralela” con Venezuela.
Zuvic acusó además al Frente para la Victoria por defender al diputado Julio De Vido y mantener sus fueros para impedir que se investigue el posible vínculo espurio que pudiera unirlo a su segundo en el Ministerio de Planificación.
Además apuntó contra Taiana por encabezar la lista del kirchnerismo y que, según dijo entender, tenía como objetivo darle “fueros y caja” a políticos corruptos.
El ex canciller, bajó del estrado de la presidencia para responder especialmente a la diputada de Cambiemos, transformándose la sesión -durante algunos instantes- en una discusión de política interna argentina.
“Tengo varias décadas de militancia política, nunca fui acusado de delito alguno”, señaló Taiana y explicó que “no son solo denunciados en el FPV, sino aquellos que poseen cuentas en el exterior no declaradas”.
En el mismo sentido le contestó Agustín Rossi cuando le preguntó a Zuvic si era verdad que los dirigentes kirchneristas eran investigados por los servicios de inteligencia y recordó la aparición del presidente Mauricio Macri en la investigación Panamá Papers.
Antes de la votación fue Julio Sotelo el parlamentario del FPV que inició el debate pidiendo “ser inflexibles con hechos que enlodan a un país, a un partido y a una legislatura”.
En su discurso, como representante del bloque mayoritario dentro de la delegación argentina, Sotelo también llamó la atención sobre la necesidad de establecer un código de Ética.
“Solicitamos la expulsión del parlamentario en cuestión”, dijo el político kirchnerista quién durante una parte de su discurso confundió el apellido de López llamándolo “Báez”.
En cambio, María Luisa Storani adelantó que, además de la expulsión de López, en una futura sesión pedirá la suspensión de Milagro Sala como diputada, hoy presa en la provincia de Jujuy, para que asuma un suplente.
Por su parte, el parlamentario uruguayo Pablo Iturralde, apuntó con dureza al kirchnerismo, recordando los años que el ex secretario de Obras Públicas llevaba en la gestión pública, tanto en la provincia de Santa Cruz y en el gobierno nacional.
Sin embargo, el también uruguayo Gonzalo Civila criticó a los que utilizan la ocasión -en clara alusión a su conciudadano- para fustigar a “los proyectos populares” y elogió la actitud del FPV por buscar la expulsión de López.
Desde la delegación paraguaya, Miguel Sosa Cabañas, se preguntó “cuál era el apuro” por expulsar a López, llamó a esperar “el informe de la comisión respectiva” y “respetar el derecho a la defensa”.
“Queremos escucharle. ¿Cuál es el apuro de expulsarlo sin el debido proceso?”, señaló el diputado Guaraní y pidió la suspensión de López.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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