Nacionales
Obispos expresaron “preocupación” por el conflicto docente y la situación de la educación
La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó dos días de deliberaciones, en los que los obispos compartieron sus preocupaciones por la situación de la educación y el conflicto docente, como así también por las amenazas recibidas en el último tiempo por sacerdotes y referentes sociales por sus denuncias contra el narcotráfico.
Así lo expresó este mediodía el Episcopado a través de un comunicado de prensa, en el que consignó que, presididos por monseñor José María Arancedo, la veintena de obispos que integra la comisión había finalizado su habitual intercambio pastoral, en el que surgieron preocupaciones como la “situación de la educación y el conflicto docente”.
Si bien los obispos decidieron concluir el encuentro sin la difusión de una declaración, varios prelados se manifestaron públicamente -con variados matices- sobre el tema docente que, desde el inicio del ciclo lectivo, afecta el normal dictado de clases en distintas provincias y que está signado por la realización de un nuevo paro nacional de 48 horas convocado por Ctera.
Otro tema que surgió en el intercambio entre los obispos fue la preocupación compartida por la situación del narcotráfico y las amenazas que recibieron últimamente sacerdotes y referentes sociales vinculados a la lucha contra esa problemática.
De hecho, en las últimas horas, el obispado de Merlo-Moreno decidió el traslado del sacerdote Eduardo Farrel -hasta ahora párroco del Sagrado Corazón de Moreno- para preservar su integridad física ante las “reiteradas amenazas e intimidaciones” que sufrió desde diciembre pasado, tras haber brindado una misa en homenaje a un militante social asesinado en Moreno.
En tanto, la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo perteneciente a la CEA, advirtió que la situación del cura Farrel “no es un caso aislado” y aseguró que, “en otros lugares del país, se viven situaciones similares aunque muchas no se den a conocer por miedo a las consecuencias de la denuncia”.
En la ciudad correntina de Itati, donde fueron detenidos el intendente y el vice junto con el jefe de la policía local por su presunta vinculación con el narcotráfico, la Iglesia venía denunciando hace tiempo las conexiones con la política y el rector de la basílica Gustavo Cadenini también tuvo que irse por los aprietes narco.
Según informó la oficina de prensa de la CEA, otros temas analizados durante estos días fueron los casos de abusos por parte de sacerdotes, para lo cual la comisión episcopal de ministerios presentó una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, a tono con la “tolerancia cero” que impulsa el papa Francisco para estos casos.
Para elaborar la iniciativa se trabajó con especialistas en distintas disciplinas y se viajó a Chile para conocer la experiencia del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de ese país.
Por otro lado, los obispos también resolvieron dar su apoyo “con algunas sugerencias” al proyecto de ley nacional de libertad religiosa que impulsa el gobierno, que será enviado próximamente al Congreso.
Por último, en los próximos días, se dará a conocer el protocolo de consulta de los archivos relativos a la dictadura conservador en el Episcopado, la Nunciatura y la Secretaria de Estado del Vaticano, que fue anunciado el año pasado.
En tanto, en relación al diálogo en torno al conflicto docente que se planteó en los dos días de deliberaciones que mantuvieron en la sede porteña del Espiscopado en el barrio porteño de Retiro, los obispos expresaron su preocupación por la situación educativa.
En este sentido, en declaraciones periodísticas formuladas días pasados, el presidente de la comisión de Educación del Episcopado, monseñor Eduardo Martín, había pedido “bajar la escalada de confrontación”, y expresado la preocupación de la Iglesia por la “escalada de la violencia verbal porque aleja toda posibilidad de solución”.
Por su parte, el titular de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, había señalado el fin de semana que veía al conflicto docente “como de difícil salida”, aunque se mostró esperanzado en que las partes puedan “encontrar alguna solución” en “forma conjunta y lo más pronto posible”.
Más duro, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, había considerado que la razón de fondo del paro docente era “ideológica”, que los dirigentes gremiales “mantienen de rehenes a cuatro millones y medio de niños” y que, frente a eso, “las familias tendrían que manifestarse” y “exigir a los gremialistas” que comiencen las clases.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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