Nacionales
Macri propone que las provincias creen su impuesto a las ventas
Con un margen estrecho para bajar la presión impositiva, en un momento en que debe abocarse a resolver el déficit fiscal, el Gobierno planea ir en las próximas semanas por un nuevo objetivo: pedir a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas; e impulsarlas a que, a partir de 2018, se esfuercen por reemplazar los impuestos más distorsivos que usan hoy para sostener buena parte de su recaudación (como el de los “Ingresos Brutos”), por un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.
Las dos iniciativas serán sólo una parte de un extenso plan que presentarán en 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión en Mendoza con los ministros de Hacienda de las provincias. El propósito primordial será debatir allí, a contra reloj, la ley de responsabilidad fiscal que no se cumple desde 2009, que volverá a poner bajo la lupa el equilibrio de las cuentas de cada distrito. Los funcionarios quieren que se vote en cada provincia antes de que sancionen sus respectivos presupuestos. A la par de esto, empezarán a dar los primeros pasos firmes hacia una reforma tributaria que prevén más “profunda”, que incluirá nuevos impuestos para sustituir otros considerados “distorsivos”, y que podría aplicarse a partir de 2018.
¿LLEGA NUEVO “IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES”?
El Gobierno se inclina ahora por plantear la incorporación de un “impuesto a las ventas finales”, que cobrarían las provincias a comercios, industrias o hasta productores primarios, sólo cuando vendieran sus productos a consumidores finales. El gravamen replicaría un esquema que ya se aplica en otros países, sobre la última etapa de la cadena de distribución. Podría cobrarse con una alícuota general para todos los rubros o diferenciarse por sector. Y sería vital para sustituir la cobranza de Ingresos Brutos, que hoy representan el 90% de la recaudación provincial. Cada provincia tendría sobre ellos completa autonomía.
COBRAR MÁS POR IMPUESTO DE SELLOS E INMOBILIARIO
Los funcionarios nacionales ya sugirieron a las provincias actualizar las valuaciones fiscales de los terrenos, que están atrasadas desde hace tiempo, para aumentar la base impositiva sobre la que deberán cobrar el impuesto inmobiliario. El Consejo Federal de Catastro será el encargado de armonizar los valores. La intención: que puedan empezar a ampliar la “base impositiva”, para obtener nuevos recursos (no coparticipables), que servirán para compensar lo que pierdan a medida que se reduzca el impuesto a los bienes personales (coparticipable).
GASTOS CORRIENTES, AHORA BAJO CONTROL
Tal como ya adelantó el Gobierno, se pretende que las provincias se comprometan mantener un crecimiento controlado de los gastos corrientes, que no supere a la inflación (es decir, que no aumente en términos reales). Además, se prevé limitar el “gasto en personal” a un porcentaje de los ingresos o de los gastos totales. La idea es aplicar una restricción similar a la que hoy rige en Brasil, que impide que la proporción de erogaciones en sueldos sea mayor al 65% de los recursos tributarios. El incumplimiento supondría una penalidad, que podría estar dada por el recorte de las transferencias del Tesoro nacional. El propósito es que las cuentas de los Tesoros provinciales puedan “converger”, en dos años, hacia un equilibrio primario o financiero.
ESTABLECER UNA “REGLA DE FINAL DE MANDATO”
Que en los últimos dos trimestres de cada gestión, los gobiernos nacional y provinciales no puedan incorporar nuevos empleados a la planta estatal ni establecer por ley o por decreto nuevos “gastos permanentes”. El propósito es impedir lo que sucede en muchos gobiernos y organismos públicos antes de cada elección: que se incorporen trabajadores a la planta permanente o que la administración asuma compromisos que deberán afrontar sus sucesores.
CONFORMAR UN “FONDO ANTICÍCLICO”
Con el mismo fin de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno quiere que se empiece a conformar un “fondo anticíclico” en la Argentina, a partir de un porcentaje de los excedentes tributarios que perciban las provincias sobre lo presupuestado para cada año. El fondo constituido pertenecería al conjunto de los distritos y se activaría para aquél que registrara tres meses seguidos de caída en su recaudación.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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