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Yerba mala: la Nación definirá el precio que casi nadie cumplirá y el INyM no hará nada
POSADAS. La Secretaría de Agricultura de la Nación deberá fijar el precio para la próxima cosecha de yerba mate, ante la falta de acuerdo de los sectores que integran la cadena productiva, en otra saga de una película en la que cumplir es una excepción y sancionar a los infractores, solo una expresión de anhelo.
El trámite será trasladado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INyM) a la Nación, tras agotarse las instancias previstas para los representantes de los gobiernos de Misiones y de Corrientes, productores, cooperativas, trabajadores rurales, industriales y secaderos.
Las tratativas se estancaron ante la imposibilidad de un acercamiento en los montos, ya que arrancaron con los productores pidiendo 9,38 pesos para el kilo de hoja verde y los industriales, en 6,60, mientras que los secaderos tomaron como base los 7,22 pesos a los que calculó el INyM y plantearon 30 pesos para la canchada.
Los primeros bajaron sus pretensiones hasta los 7 pesos, mientras que en el caso de la canchada los secaderos no se movieron de los 27,30 ni la industria se apartó de los 25 pesos, en todos los casos como oferta final que redujo la puja a los dos últimos segmentos productivos, pero son posibilidades de variantes, lo que derivó en el traslado de la definición al laudo de la Nación.
En la actualidad, los precios vigentes se ubican en 6,30 pesos para el kilo de materia prima y 23,30 para la canchada, en tanto que los nuevos valores que definirá la Nación, regirán para el semestre abril-septiembre, previéndose resultados que difícilmente satisfagan a las partes.
Más allá de la burocracia del procedimiento, las expectativas de los distintos sectores se diluyen una vez que la discusión debe abandonar el ámbito de la zona productora, para ingresar en un estado de resignación a sabiendas de que los nuevos valores no serán acatados, sea cual fuere la grilla definitiva.
Con los antecedentes del caso, y sin necesidad de practicar futurismo, es seguro que los productores, que son los más desprotegidos en este ámbito, volverán a ganar las rutas para expresar su descontento; los acopiadores seguirán pagando por debajo de los precios que se fijen.
Todo ello a la vista del INyM que debería controlar y sancionar, y en un contexto donde predominan las maniobras cuasi delictivas de los eslabones con mayor poder que abonan la materia prima con cheques a plazos, en casos superiores a los seis meses, o bien obligan al productor a firmar documentos con el precio oficial pero pagan menos, aunque al contado, uno de los tantos casos de especulación constatada.
Hace poco, el dirigente agrario y ex diputado provincial Héctor Bárbaro, escribió en su Facebook que en su casa “hoy se toma yerba mate Amanda, prohibida las otras….por qué? Porque en las distintas reuniones que estuve en San Pedro y Aristóbulo del Valle consultando sobre qué empresa es la que cumple el pago del precio de la yerba fijado por el INYM, me respondieron que La Cachuera, propietaria de la yerba Amanda, es la que cumple”.
A renglón seguido, dejó planteada una propuesta interesante y que bien podría encuadrarse como ejemplo de defensa de los derechos colectivos, dirigida “a los que toman mate”, instándolos a que “compremos solo las marcas de yerba que pagan el precio que corresponde al colono. Por lo menos en esta semana, veremos cómo sigue esta novela…”, señaló.
Es que mientras hay sectores de la producción yerbatera apenas sobreviven en un mercado que mueve 7.500 millones de pesos anuales, la mayor parte se reparte entre los productos de Las Marías, de Gobernador Virasoro (Corrientes); la cooperativa que produce “Playadito” en Colonia Liebig, Corrientes; la misionera Rosamonte y Molinos Río de la Plata con Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, por citar las cuatro más importantes.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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