Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad “para el correcto uso del sistema” que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR

— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento. 

El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.

La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.

“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.

Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.

Techo a las tasas de interés

A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento. 

Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.

Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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