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Trabajó once años en el Senado con una identidad falsa: está preso
En el edificio de Comodoro Py se tramitan las causas de corrupción más importantes de la Argentina. Por allí han desfilado en indagatoria los ex presidentes Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner. Y también el actual presidente de la Nación Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales. En los últimos tiempos Ricardo Jaime, José Lázaro Báez y José López entre otros, visitaron el edificio esposados, con casco y chaleco antibalas. Pero no todos los casos tienen protagonistas conocidos a los que les sacan fotos cuando visitan el edificio.
En este caso judicial hay dos protagonistas que en realidad es uno solo: un hombre que trabajaba en el Senado de la Nación se reinventó en 2005 con otra identidad. Lo descubrieron y por eso fue procesado y está detenido.
En 2005 Reinaldo Oscar B, decidió que no iba a ser más esa persona. Encontró tirado en la calle un DNI perdido, le puso su foto y desde entonces pasó a ser Guillermo P. Según confesó ante el juez Daniel Rafecas en su indagatoria, ROB había estado preso ocho o nueve años y debido a sus antecedentes no conseguía empleo. Cuando halló el DNI tirado, intentó cambiar su suerte y su vida. Y lo logró desde el 1 de julio de 2005 hasta que este mes fue detenido. A mediados de 2005 consiguió un trabajo en el área de Intendencia del Senado de la Nación.
Durante más de una década, de lunes a viernes de 6 a 13, ROB se presentaba a trabajar, pero allí era Guillermo P. Había logrado ingresar a la planta permanente del Senado donde chequearon los datos del DNI perdido que pasó a ser el suyo. El detenido tiene 57 años y usaba un DNI de alguien de diez años menos. Nadie notó nada. Y lo tomaron.
Pero las cosas iban a cambiar cuando el verdadero Guillermo P., operario que vive en el partido de Almirante Brown en la Provincia de Buenos Aires, fue a hacer un trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y allí le dijeron que tenía un empleo en el Senado y también tres hijos.
Es que ROB había anotado a sus tres hijos con el apellido del dueño de aquel DNI perdido que le cambió la vida. Es decir que los tres hijos (dos mujeres y un varón nacidos entre 2007 y 2012) llevan el apellido P, porque ROB debía mantener su historia de ilegalidad, para que su familia tuviera la cobertura de la obra social de los empleados del Congreso de la Nación y el pudiera cobrar las asignaciones familiares.
Una vez que ingresó al Senado la obtención de documentos se le hizo simple. Los hacía en la oficina que facilita los trámites a los empleados legislativos, legisladores, familiares y amigos. Y así ROB consiguió renovar su DNI y obtener el pasaporte, siempre con el nombre de Guillermo P.
A partir de la denuncia del verdadero Guillermo P. comenzó una investigación que terminó con la detención de ROB hace unos días. El juez Rafecas lo procesó ayer por varios delitos, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. ROB, que está detenido en la cárcel de Marcos Paz, fue procesado por falsificación de documentos, por defraudación a la administración pública y por la modificación de la identidad de sus propios hijos.
Cuando hace unos días fue detenido por la Policía Federal en el Senado, ROB tenía en su poder uno de los DNI que había obtenido con datos falsos, credenciales de identificación personal, una tarjeta de crédito y documentación relacionada con estudios médicos que se había realizado, todos a nombre de Guillermo P.
La suerte de ROB volvió a cambiar. El verdadero Guillermo P. tardó unos diez años en descubrir que le habían robado la identidad. De no haber sucedido eso, ROB seguiría viajando todas las mañanas desde el porteño barrio de Lugano al Congreso para cumplir con sus tareas de maestranza y vivir la vida que había armado, allá por 2005, a partir del hallazgo de un DNI perdido que pasó a ser el suyo. Ahora está detenido.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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