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La Corte Suprema dijo que Uber es legal y su llegada a Misiones es inminente
Ya se había hecho público hace aproximadamente un mes, pero faltaba la oficialización, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación legalizó a Uber en todo el país y su desembarco en la tierra colorada es casi un hecho. Solo faltarían algunos detalles para que la multinacional empiece a funcionar en Posadas y posteriormente en Puerto Iguazú y Eldorado.
La Corte Suprema declaró lícita la actividad de la aplicación de transporte Uber, al rechazar el recurso de queja presentado por el Sindicato de Peones de Taxi. De esta manera, confirmó que tanto los conductores como los gerentes de la plataforma no cometen delitos en el país. Confirmó un fallo dictado en 2016 que decía que los vehículos de Uber desarrollan una “actividad comercial lícita” y no están cometiendo un delito.
En una resolución, la Corte desestimó por razones formales el último recurso interpuesto por los abogados del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federales contra 33 conductores de UBER, quienes estaban acusados de “entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.
No obstante, en la justicia porteña hay resoluciones de magistrados que impusieron restricciones, prohibiciones y sanciones para los conductores de UBER. La justicia local dispuso la clausura y el bloqueo de páginas y aplicaciones de Internet para acceder al servicio de Uber. En el caso penal de la Corte, hay que remontarse al 1° de agosto de 2016, cuando el juez de instrucción Luis Zelaya sobreseyó a los acusados por los sindicalistas al sostener que “se trata del desarrollo de una actividad comercial lícita”.
Los taxistas apelaron esa decisión. En noviembre de 2016, la Cámara del Crimen confirmó el fallo de primera instancia. Uno de los jueces, Mauro Divito, sostuvo que la configuración de un delito “supone que se produzca un efectivo trastorno del servicio de transportes en general, de modo que no se verifica por la mera circunstancia de enrolar como conductores de UBER a los ciudadanos para llevar adelante los viajes contratados; en igual sentido, tampoco bastan -para sostener que dicha infracción se ha configurado- las conjeturas formuladas por la querella en torno de los efectos que provocaría la gran cantidad de automóviles que prestarían el servicio ofrecido”.
“Siempre que la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva, no se advierte cuál sería el delito concreto al que se habría instigado ni los delitos indeterminados que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita”.
La Cámara recordó fallos de la justicia local. Y sostuvo que si bien “la justicia local dispuso la clausura y el bloqueo de páginas y aplicaciones de internet para acceder al servicio de “Uber” y ordenó al Gobierno de la Ciudad que arbitre las medidas para suspender las actividades de dicha firma, mientras que la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor decretó una medida preventiva orientada a evitar o dificultar el funcionamiento de aquélla, para lo cual intimó a distintas empresas de tarjetas de crédito y de comunicaciones, tales decisiones, emanadas del ámbito judicial y administrativo, como puede verse, en ningún caso han importado órdenes directamente dirigidas a alguna de las personas contra las que la querella ha formulado imputaciones, para que hicieran -o no- algo”.
El fallo de la Cámara llegó a la Corte y los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimaron el recurso de “queja” presentado por los taxistas.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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