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La Corte decidió que las Mujeres presas deben cobrar las asignaciones familiares
Por unanimidad, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que condenó a la ANSeS a pagar asignaciones familiares por hijo y embarazo a las internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31.
El reclamo que promovieron la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial mediante un habeas corpus, fue rechazado por la Justicia Federal de La Plata pero la Casación lo admitió con fundamento.
Entre otras razones, en que la negativa a reconocer los beneficios pretendidos configuraba un supuesto de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y que la ley de asignaciones familiares no excluye a las mujeres privadas de la libertad ni a sus hijos, fallo fue recurrido por la ANSeS.
En su sentencia, la Corte Suprema consideró que la interpretación dada por la Cámara de Casación a las normas aplicables había sido en favor de los derechos consagrados por la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional
Recordó que, según su jurisprudencia, el habeas corpus es un medio legal “rápido y eficaz para resguardar el trato digno en las prisiones y para solucionar situaciones injustas que allí se planteen”.
Destacó que “el ingreso a una prisión no despoja a las personas de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional de modo que toda situación de privación de la libertad impone al juez que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales del detenido no afectados por la medida de que se trate”.
En ese sentido señaló que “el derecho al otorgamiento por parte del Estado de los beneficios de la seguridad social, con carácter integral e irrenunciable, está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional” así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que el texto constitucional impone al Congreso “el dictado de un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y a la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
En consonancia con esas directivas refirió que “los derechos de las niñas y niños alojados con sus madres [en instituciones carcelarias] requieren su protección integral para garantizarles el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente…La omisión en la observancia de los deberes que corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditas y eficaces (art. 1 de la ley 26061)”.
El Alto Tribunal evaluó que la ANSeS no había invocado ninguna norma que excluyera a las reclamantes de los beneficios solicitados.
Se trató un grupo “de mujeres detenidas sin condena o que lo han sido por penas iguales o inferiores a los tres años… las que están con sus hijos ejercen la patria potestad, de modo que negarles el beneficio de la AUH, instituido en favor de los niños, importa una violación al principio de no trascendencia de la pena” y “…con relación a las embarazadas… o a las…que permanecen en la unidad penitenciaria con sus hijos hasta los 4 años, la ley 24.714 no establece distingo para ser beneficiarias de las asignaciones en cuestión”.
La Corte puntualizó que “el trabajo penitenciario constituye, sin lugar a dudas, una de las formas de trabajo humano que, como tal, goza de tutela constitucional”.
La ley ordena “la retribución del trabajo y la deducción de los aportes correspondientes a la seguridad social” por lo cual “resulta inaceptable el argumento referido a que no correspondería reconocer las asignaciones de la ley 24.714 pues en el ámbito carcelario debe respetarse la legislación laboral y de la seguridad social”.
Además, “la Ley de Presupuesto Nacional para los ejercicios 2012/2013 prevé expresamente entre sus partidas la designación de recursos para hacer frente a las asignaciones familiares de las personas privadas de su libertad que trabajan”.
El Tribunal también hizo referencia en su fallo a la situación de “violencia institucional” a la que alude la Ley de Protección Integral a las Mujeres y su reglamentación en concordancia con las normas internacionales en esta materia, por cuanto “la condición de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder”.
Asimismo destacó que según la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, los estados deben tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades o creencia de sus padres”, que se respete su “interés superior” y se le “asegure la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, adoptando todas las medidas legislativas y/o administrativas que sean necesarias”.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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