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Juez ordenó que un padre pague más de cuota alimentaria por la cuarentena
La madre reclamó que el progenitor no paga la cuota y que cuando contrajo coronavirus no quiso quedarse con el menor.
BUENOS AIRES. La madre el niño reclamó que ella se hace cargo de todos los gastos y que estuvo sin trabajo porque contrajo coronavirus. Además se tuvo que internar con su hijo porque el padre no quiso quedarse con él. Un juez dijo que ante circunstancias extraordinarias como la de una pandemia hay que “apelar al principio de solidaridad familiar”.
Un juez civil le ordenó a un hombre pagar más de cuota alimentaria para la manutención de su hijo mientras dure el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. El magistrado señaló que en “en esta instancia extraordinaria, más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar” y porque el chico está al “cuidado exclusivo” de su madre.
La mujer -identificada como E.N.B- presentó la demanda, ya que su ex pareja no solo no cumple con la cuota alimentaria que acordaron hace tres años, por lo que ella se hace cargo de todos los gastos del hijo sino que, además, cuando fue diagnostica de coronavirus se tuvo que internar con él porque el padre no quiso llevarlo a su casa.
“En esta instancia extraordinaria –dijo el juez civil Lucas Cayetano Aón sobre el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19– más que nunca es necesario apelar al principio de solidaridad familiar que informa toda nuestra legislación en la materia y que impone a los adultos adoptar todas las conductas necesarias para sostener el bienestar de sus hijos generando un ambiente de colaboración mutua y evitando desencuentros que solo generan incertidumbre y zozobra en el ánimo de aquellos a quienes deben proteger, educar y proporcionarles todo lo necesario para que no deban enfrentar dificultades innecesarias”.
El magistrado dispuso que el padre deberá pagar una cuota extraordinaria de ocho mil pesos por mes mientras esté en vigencia el aislamiento obligatorio según publicó Infobae.
El caso
E.N.B y N.M.L se separaron y en marzo de 2017 hicieron un acuerdo para la manutención de su hijo. Luego E.N.B se presentó a principio de mes en la Justicia y denunció que el padre del menor no solo no cumplía con la entrega del dinero acordado, sino que también lo había abandonado.
Explicó, en el escrito junto con su abogada Guadalupe del Pilar Guerrero, que el 22 de marzo fue internada por coronavirus y que le pidió a su ex que cuide del hijo porque no tenía con quién dejarlo. Según la causa judicial, la mujer señaló que la respuesta del hombre fue “no me molesten” y que no volvió a atender los llamados.
J. se internó con la mujer. Al menor le dio negativo el test de coronavirus y ella, después de estar hospitalizada con respirador, se recuperó y fue dada de alta. E.N.B sostuvo que la situación le generó angustia y temor a su hijo por lo que vivió en la clínica.
Además, explicó que trabaja en un rubro paralizado por el coronavirus y que estuvo sin ingresos y que debió afrontar ella sola todos los gastos del menor, como alimentación, servicios de la casa y los médicos que generó la internación.
Por ello, la mujer relató que requiere ayuda económica de forma urgente por la extensión de la cuarentena. Así pidió que el padre pague una cuota extraordinaria de 50 mil pesos.
Por su parte, el progenitor negó los reclamos de su ex pareja y que nunca se desentendió del cuidado de su hijo, ya que mantuvo comunicación de telefónica de manera continua con el niño. También negó que no cumple con la cuota alimentaria ya que hace el depósito en la cuenta de la madre.
El juez concluyó que “teniendo en cuenta el cuidado exclusivo del adolescente de autos a cargo de su progenitora Sra.B. y circunstancias especiales de confinamiento social obligatorio que se encuentra desarrollando cabe admitir la pretensión, pero no en la entidad que se reclama”. El magistrado no aceptó los 50 mil pesos que la madre reclamaba, sino que fijó la cuota en ocho mil.
Resolvió que deberá pagar la cuota “durante el tiempo que se mantenga la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a abonarse del uno al cinco de cada mes, comenzando a partir del presente mes en curso y mediante transferencia bancaria”.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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