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En Apes hay más de veinte adultos y son casi 200 personas las que participan del escrutinio
Con el escándalo del escrutinio de la edición 2016 de la Estudiantina Apes y su gestión quedó en la mira de toda la comunidad posadeña, además del estudiantado participante de este año. De la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios se ve a la comisión directiva que son los que hablan en los medios y por lo tanto los más visibles. Pero existen otras comisiones, conformadas por ex alumnos, profesores, padres, etc. que también tienen voz y voto en la fiesta de los adolescentes posadeños.
En teoría la comisión directiva es integrada por estudiantes que son electos por el voto de los demás alumnos de todos los colegios. Esa comisión directiva debe aceptar y reconocer a otra comisión fiscalizadora que la integran profesores asesores de cada establecimiento y padres. Los nombres son los que envían y designan cada institución. Es un representante por cada colegio y son 29 colegios en total, aunque al escrutinio solo llegan 21 colegios porque deben participar quienes presentan todos los rubros y no solo rey y reina.
A su vez, esa comisión crea otra de inspecciones que se encarga de recorrer ensayos, y evaluar la conducta de los chicos y de cada colegio. Si se detecta una falta, por ejemplo una pelea entre escuelas, los asesores labran un acta que va a la comisión de fiscalización que envía el acta al Tribunal de Disciplina conformado por dos abogados y un escribano que analizan la inconducta que puede derivar en la quita de puntos de ese establecimiento, lo que lo perjudica en el conteo final.
Los integrantes de la comisión directiva son seis, los integrantes de la comisión fiscalizadora son 21 adultos, los de la comisión de inspección son más de diez, y los integrantes del Tribunal de Disciplina son tres. Es decir, la Asociación está conformada por más de 40 personas.
Por otro lado el jurado de la Estudiantina debe estar conformado por bailarines, músicos, artistas, egresados con una antigüedad de cinco años como mínimo fuera de la escuela, que conozcan de los rubros que participan, que son nueve en total. Para que la fiesta comience, en cada palco debe haber entre seis y nueve jurados. Si hay cinco se demora el inicio hasta que se complete el número, como suele ocurrir. Para la selección de esos jurados, los asesores de cada establecimiento educativo (uno por cada colegio más un suplente) proponen una lista. Posteriormente la comisión fiscalizadora evalúa la lista y luego por voto secreto la comisión directiva decide.
En las noches de calle los integrantes del jurado deben colocar el puntaje que le corresponde a su rubro en un volante. Hay uno original y una copia. El original una vez emitido el puntaje se coloca en un sobre cerrado y va a una urna que lleva la firma de cinco asesores por noche. Esos asesores representan a un colegio cada uno y se toma como referencia a los cinco colegios que pasan primero una noche o a los cinco últimos. La copia de ese voto se entrega al asesor de cada colegio que el día del escrutinio tiene que presentarlo para cotejar que coincidan esos votos.
Cuando llega el día del escrutinio, se efectúa por lo general en la escuela de Cadetes de la Policía. Las urnas las debe custodiar la Policía pero este año no pudieron hacerlo y quedaron bajo resguardo de la presidenta de la Comisión Fiscalizadora, Ida Edelmina Gimenez, quien renunció la noche anterior al escrutinio y asumió la vice.
Dentro del cuarto del escrutinio hay alrededor de 180 personas. Todos los integrantes de las comisiones más siete personas por colegio, 21 instituciones en total. Esas siete personas son los representantes legales, los directores de cada rubro con sus asesores y los suplentes. Cada mesa tiene su categoría y contiene un acta donde se anotan los resultados y se vuelcan al libro de acta oficial de la comisión fiscalizadora.
En el último y polémico escrutinio ocurrió que los asesores de los colegios que tienen que firmar las urnas no reconocieron sus firmas. Es más, en la urna 2 que se anuló, había firmas en papeles que estaban pegados a esa urna. Ellos aseguraron que firmaron la urna, no un papel adherido. Por eso se anularon y pese a lo cual siguió por votación el conteo, con los resultados, o la falta en parte de ellos. Ese resultado llevó a que el Instituto Janssen gane el podio de la categoría A de banda de música de la Estudiantina. Pero por las irregularidades, en la categoría principal están congelados y en duda.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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