Judiciales
El fiscal del caso Vilma Mercado será juez del Tribunal Penal de Oberá
Tras más de cinco años como titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, una de las más ágiles de la provincia, Horacio Paniagua fue designado como juez del Tribunal Penal Uno de Oberá y el jueves entra en funciones en su nuevo cargo.
La jura como magistrado de Paniagua será ese mismo día, a las 11.30, en una ceremonia que se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, en Posadas, donde también se oficializará la designación de otras autoridades judiciales recientemente elegidas.
El flamante juez, de 39 años, viene de ser fiscal de instrucción penal en Puerto Iguazú. Asumió ese cargo el 3 de noviembre de 2017 y en este tiempo encabezó un caudal de causas de trascendencia, las cuales en su mayoría consiguieron ser elevadas a juicio en plazos menores a dos años.
Entre los casos en que Paniagua tuvo intervención como fiscal se destaca la investigación del femicidio de Vilma Mercado, que fue cometido el 24 de octubre de 2019 y que a fines de 2021 fue ventilado en un debate oral que culminó con una condena a prisión perpetua para el ex soldado Carlos Luis Leandro Villar.
En la pesquisa del femicidio se recolectó una multiplicidad de elementos probatorios, entre declaraciones testimoniales, pericias telefónicas y de geolocalización, pruebas de ADN y hasta el aporte de un odontólogo forense que determinó que una lesión en el imputado era compatible con una mordedura primero y con la cavidad bucal de la víctima después.
Esa batería de pruebas recogidas en el proceso de investigación fungieron de cimiento para lo que, dos años después, se tradujo en una histórica sentencia impartida por el Tribunal Penal Uno de Eldorado.
En esa instancia, el ex soldado Villar fue condenado a prisión perpetua -35 años de prisión efectiva- como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y robo simple, en concurso real con homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio y homicidio perpetrado por placer”.
El soldado Carlos Villar fue condenado a prisión perpetua a fines de 2021, dos años después del femicidio de Vilma Mercado.
Lo que avala aún más la investigación llevada adelante es que dicha sentencia fue recientemente avalada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Otra causa de relevancia donde intervino Paniagua fue el doble parricidio de Hilario Kirschner (61) y Mirta Sachser (54), perpetrado el 21 de septiembre de 2019 en la localidad de Comandante Andresito.
El único sospechoso del caso es Alejandro, el hijo de ambas víctimas, quien afronta una acusación que también puede conducirlo a prisión perpetua. El joven permanece detenido, a la espera del comienzo del juicio en su contra.
Ahora, el cargo de fiscal de instrucción en Puerto Iguazú será cubierta con fiscales de otras jurisdicciones según orden de subrogancias hasta que se llame a concurso y se resuelva el reemplazo, explicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
El Tribunal de Oberá
El destino de Paniagua, en tanto, estará en Oberá, donde a partir del jueves será miembro del Tribunal Penal Uno. Allí ocupará el cargo que dejó vacante Lilia Avendaño tras su renuncia y trabajará a la par de los magistrados Francisco Aguirre y José Pablo Rivero.
El TP 1 de Oberá concentra expedientes de cuatro juzgados de instrucción: dos de Oberá, uno de Leandro N. Alem y el restante de San Vicente. Tiene promedio de 80 sentencias por año.
En 2022, particularmente, fue el tribunal que más debates orales realizó en la provincia, con 83, de los cuales 65 fueron mediante la vía de un juicio abreviado. De ese total, el 60% de los fallos fueron producto de causas por hechos contra la integridad sexual.
Más funcionarios judiciales
En la misma audiencia donde se procederá a la jura y firma de Paniagua como miembro del TP 1 de Oberá también se oficializarán otras designaciones para cargos judiciales que estaban vacante.
Ellos son Gustavo Arnaldo Bernie, que asumirá como juez y completará el Tribunal Penal Uno de Posadas junto a Viviana Cukla y Ángel Dejesús Cardozo; Pablo Federico Padula, en el cargo de Defensor de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Posadas; Yamila Mariel Gamez Rodríguez, en el cargo de Defensora Oficial de Instancia en lo Civil y Comercial Uno de Oberá; y Eber Idelin Benítez, en el cargo de Defensor Oficial de Instrucción de Jardín América.
Los pliegos para la designación de los nuevos funcionarios judiciales fueron aprobados por la Cámara de Diputados de la provincia durante una sesión realizada el pasado 20 de octubre.
Gustavo Bernie, nuevo juez del Tribunal Penal Uno de Posadas, y Horacio Paniagua, durante la aprobación de los pliegos en la Legislatura misionera.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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