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Fernández congelaría por 6 meses las cuotas y el capital de los créditos UVA
Sería una de las primeras medidas de gobierno mientras se busca una solución para este tipo de deudores hipotecarios. Las cuotas aumentaron más de 150 por ciento
Alberto Fernández está terminando de definir quién ocupará los cargos más sensibles en el próximo gabinete. Pero, en paralelo, los equipos técnicos ya trabajan en los que serán las primeras medidas de la próxima administración y con la que se busca marcar una bisagra con lo llevado adelante por Mauricio Macri.
En ese contexto es que aparecen los créditos hipotecarios medidos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que lanzó la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central y que Mauricio Macri señalaba como la salvación para la “inexistencia” del crédito tradicional para acceder a la vivienda y emulaba como ejemplo el proceso chileno.
Cuatro años más tarde de su nacimiento, un proceso inflacionario imparable y 100.000 deudores bajo este modelo, los tenedores de estos créditos están pidiendo una solución frente a que a finales de diciembre se disparará la cuota no menos de un 25 por ciento.
Esto será la consecuencia de la medida electoral que tomó Cambiemos para los tenedores de créditos UVA en donde, a través de un tuit publicado el pasado 15 de agosto, el presidente Macri anunciaba que se congelaba hasta finales de diciembre el ajuste por inflación.
“A fines de 2019, los cerca de 80.000 hipotecados que fueron alcanzados durante cuatro meses por el congelamiento temporario, deberán afrontar el pago de las cuotas con un incremento del 25% frente a este panorama que describimos, resulta necesario salir de la indexación en los créditos hipotecarios”, solicitó el Colectivo Hipotecados mediante un comunicado.
Esta tarde, el hashtag #SalirDelUVA se convirtió en trending topic en Twitter con detalles de los reclamos y pedidos al próximo gobierno.
En este contexto es que desde el Colectivo reclaman “el inmediato congelamiento tanto de la cuota como del capital adeudado que alcance a todo el universo de hipotecados e impulsamos una salida definitiva del sistema, que transforme a los créditos hipotecarios en instrumentos viables para materializar el derecho constitucional de acceso a la vivienda”. Y podría ser realidad.
En el equipo económico del presidente electo está la carpeta “créditos UVA” y la intención que hasta ahora gana vuelo es la de congelar por seis meses los créditos, tanto cuota como capital.
“Los tomadores son alrededor de 100.000 personas y buena parte se encuentra en entidades financieras públicas, lo que facilita tomar una decisión de este tipo”, explicó una fuente del entorno del presidente electo.
“Con la banca privada tampoco deberíamos tener inconveniente en tomar esta medida porque en principio tiene muy pocos casos de créditos UVA en sus carteras y, además, casi no hay morosidad en los pagos que en un contexto como este no es menor”, agregó.
La baja morosidad de los pagos de las cuotas es porque el propio sistema obliga al tomador del crédito tener su cuenta sueldo en la misma entidad financiera donde tiene la deuda para que se le descuente directamente.
Inflación
Cuando se lanzaron los créditos UVA se ponía como ejemplo cómo habían funcionado en Chile, un país casi sin inflación, condición necesaria para que este modelo funcione.
Así, en abril de 2016 los bancos públicos ofrecían créditos a treinta años de plazo y ajustables por inflación, a tasas entre 3% y 7% que se agregarían a los aumentos de precios.
En agosto, el presidente del Banco Central e impulsor del plan, explicaba que con los valores de la inflación de ese momento una persona con un salario de 23.000 pesos accediendo a un crédito a 30 años sólo tendría una diferencia de 1.000 pesos entre la cuota y un alquiler.
Tres años más tarde, en marzo de 2019, la Unidad de Valor (UVA) acumuló un incremento del 141,78%, al pasar del valor inicial de $14,05 a 33,97 pesos. En el caso de un crédito de USD 70.000 tomado en 2016 tomaba una cuota inicial en mayo de 2016 de $6.153 y pasó a $15.212 en igual mes de 2019, lo que muestra un 147 por ciento.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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