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Benefician con arresto domiciliario a casi 1.000 presos de Buenos Aires
El fallo también establece que “deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo” por la pandemia.
El Tribunal de Casación bonaerense dispuso este miércoles ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” alojados en las cárceles de la Provincia.
Según pudo averiguar Clarín, la medida alcanzaría a casi 800 procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.
La resolución lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, pero -según expresa- fue consensuada con el resto de los jueces de casación de la Provincia.
Se trata de un hábeas corpus colectivo, presentado en principio por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, pero que luego acompañaron sus colegas de los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
En el fallo, al que tuvo acceso este diario, se reconoce “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”.
Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
El sistema penitenciario provincial tiene una superpoblación del 120%: cuenta con capacidad para alojar a 24 mil detenidos, pero en sus celdas se apiñan casi 52 mil personas.
Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia aceleraron las medidas preventivas y dispusieron recursos sanitarios. El ingreso del coronavirus al otro lado de los muros sería una tragedia, coinciden los especialistas.
Por eso, hace tres semanas, los propios presos decidieron no recibir visitas. El contacto con familiares e íntimos está suspendido para el 90% de los reclusos.
Violini fue el juez que también ordenó al Ministerio que habilite el ingreso de teléfonos celulares para los internos. Se redactó un protocolo y desde el fin de semana pasado, los detenidos tienen permiso para hablar desde líneas autorizadas.
El comienzo de ese régimen coincidió con un caso de amenazas desde una celda. Lo denunció Carolina Píparo, la mujer que embarazada de ocho meses fue atacada por motochorros. Carlos Moreno -el presunto autor del disparo que mató a su bebé en ese asalto- fue quien le escribió desde su cuenta de facebook posteos amenazantes.
Carolina Píparo denunció amenazas del asesino de su hijo luego de que la Justicia autorizara el uso de celulares en las cárceles
La nueva decisión de Violini recomienda, además, “que deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo”.
Según explicaron esta noche fuentes judiciales, la determinación es de cumplimiento inmediato. “Se enviará un listado con las personas que están en esa situación a las Cámaras Penales de cada jurisdicción. Luego ellos ordenarán a los respectivos jueces que dispongan la morigeración de la prisión”, aclararon.
De acuerdo con una nómina confeccionada por el el SPB y por el ministerio de Seguridad, en el Servicio Penitenciario hay casi 500 personas con enfermedades graves como tuberculosis, EPOC y otras pulmonares. Unos 150 tienen más de 65 años y hay 40 mujeres embarazadas o con niños dentro de los presidios.
No están alcanzados por el beneficio quienes hayan cometido delitos graves como violación, homicidio, robo agravado y violencia de género.
La evaluación que hacían esta noche en el SPB es que por lo menos 400 detenidos cumplen todos los requerimientos para ir “de inmediato” a una domiciliaria. Y el resto deberá ser evaluado por cada juez de Ejecución.
¿Hay dispositivos electrónicos o pulseras específicas para todos los que necesitan beneficiarios ?. La respuesta es no. “Cada juez debe resolver cómo debe cumplir esta decisión. Puede incluir un garante o un mecanismo para involucrar a un familiar que se haga cargo de que cumpla la cuarentena en su casa. Eso lo debe definir el juez. Pero en principio debe hacer ejecutar esta determinación”, fue la explicación.
Cuando termine la pandemia y la Argentina quede fuera de riesgo por coronavirus, este beneficio se revocará en forma automática.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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