El pasado 6 de abril, Adolfo Guirula y Diego Correa, se apostaron con una carpa, elementos indispensables para subsistir, carteles y se encadenaron a las rejas de Casa de Gobierno en reclamo de ser reincorporados a la fuerza provincial, luego de ser pasados a disponibilidad y removidos por “episodios de indisciplina” vinculados al conflicto salarial de 2024.

Se trata de dos de los ocho policías que luego de aquella protesta fueron detenidos y luego liberados en una causa por presunto “intento de sedición y conspiración”. Con el correr de los días, se sumaron a la medida Gerardo Marín, Juan Méndez, Sergio Muchevicz y el sargento primero Nestor Rubén Zarza, quienes hoy superaron los 33 días de acampe en la Plaza 9 de Julio.

A un mes del inicio de esta protesta en reclamo de ser reincorporados a sus puestos de trabajo, los manifestantes aseguran que continúan sin respuestas oficiales, por lo que uno de ellos presentó una denuncia penal ante el juzgado federal de Comodoro Py. 

A su vez, sostienen el pedido de revisión de sus situaciones administrativas y judiciales, mientras persiste el conflicto sin avances, causa que fue visibilizada por el diputado Ramón Amarilla en dos iniciativas que expuso este jueves ante la Legislatura provincial.

“Acá continuamos sin respuestas por parte del juzgado, pero con una nueva denuncia contra el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Marcelo Perez, el jefe de policía Sandro Martínez y director del 911 Maximiliano Carletti”, aseguró a La Voz de Misiones desde la Plaza 9 de Julio, Diego Correa, al anticipar un nuevo paso en el reclamo. 

Denuncia federal

Ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades provinciales, este jueves 7 de mayo, Correa presentó una denuncia penal con “solicitud de investigación urgente” ante el juzgado federal de Comodoro Py en Buenos Aires.  

La misma apunta contra las autoridades provinciales mencionadas, por: posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas y coacción agravada, hostigamiento sistemático y persecución política, privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales, asociación ilícita, violación de derechos y garantías constitucionales, falsedad ideológica y utilización abusiva de sistemas de inteligencia y seguridad, violencia institucional, persecución política y sindical y posible terrorismo de Estado y actos de amedrentamiento contra civiles.

Según consta el documento, cada uno de estos hechos habrían ocurrido desde la protesta de mayo de 2024 en adelante. A su vez, se respalda en el pedido de restitución del puesto de trabajo, del cual, Correa asegura que fue “apartado de manera ilegal, arbitraria y sin haber podido ejercer debidamente el derecho constitucional de defensa”.

Pedido de desalojo

Si bien la protesta se caracteriza por ser pacífica y “sin obstrucción”, este miércoles la Municipalidad de Posadas se acercó al acampe para notificar una denuncia por parte del Ministerio de Gobierno.

“Según el ministerio de Gobierno nosotros bloqueamos la libre circulación peatonal. Por eso la municipalidad notificó que tenemos un plazo de 24 horas para liberar el lugar, pero no estamos obstruyendo nada así que seguimos acá tranquilos”, añadió Correa en conversación con este medio.

Desde la Legislatura

En la sesión de este jueves, en la Cámara de Representantes de Misiones, el diputado provincial del espacio Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Ramón Amarilla, ex cabecilla de la protesta policial que se desató en mayo de 2024, aludió al pase a disponibilidad de los ex policias, lo que calificó como un “castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto”.

En ese contexto, el legislador solicitó el tratamiento preferencial de los proyectos de comunicación y declaración C69.872/26 y D69.871/26. Este último refleja “una profunda preocupación ante la brecha entre la institución y sus integrantes”, señaló en su alocución. 

Y continuó: “Debemos remontarnos a mayo de 2024 para entender que lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías. Cuando un oficial o suboficial ve que su sueldo es devorado por una inflación que no da tregua, su vocación de servicio y su carrera entran en disputa con el instinto más básico del ser humano, la protección de su familia y la de su economía”.  

“La respuesta administrativa fue el pase a disponibilidad y once meses en una unidad penal. La disponibilidad es en los papeles una medida administrativa, pero en la vida real de un policía misionero corresponde a una crisis que transgrede lo institucional y afecta a lo más profundo del seno familiar”, ahondó Amarilla.

También recordó que al pasar a disponibilidad, el efectivo pierde el derecho al uso del uniforme, su arma reglamentaria y no percibe sus haberes. “Yo no soy abogado, pero conozco los derechos básicos. Tanto la Constitución Nacional, como la provincial, brinda nuestra libertad y dignidad frente a cualquier abuso”.

En ese sentido, aludió a la situación de los policías que hoy reclaman frente a Casa de Gobierno: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Al mismo tiempo, explicó que el proyecto presentado propone visibilizar “que la inestabilidad no terminó cuando se levantaron las carpas de la protesta (en mayo de 2024) o cuando salió el último de la unidad penal. Para muchos el castigo continúa hoy en abril de 2026. Es un castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto. Es necesario revisar la situación procesal de los policías acusados de sedición, una de las carátulas más pesadas del Código Procesal Argentino”.

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El ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre el empresario Alfredo Ruff, los referentes de la comunidad Puente Quemado II y los organismos competentes, para dar respuestas al conflicto territorial que derivó en el traslado y la demora de ocho mbyas en la comisaría local, durante la jornada de ayer martes.

Todo comenzó con la denuncia del mencionado empresario por “usurpación de territorio” contra la comunidad mbya Puente Quemado II. Seguidamente, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, la comunidad fue allanada y durante el operativo fue detenido el cacique Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la aldea.

Esta situación generó repudio por parte de diferentes sectores sociales y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, por lo que el Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, convocó a una mesa de diálogo a fin de llegar a un acuerdo entre las partes. 

A través de un comunicado, el organismo que funciona como nexo entre el gobierno y las comunidades mbya aseguró que, en primera instancia, “se hizo presente en el lugar” con el objetivo de conocer detalles del conflicto.

“Este ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, informa que se hizo presente en el lugar a fin de interiorizarse sobre la situación, respecto de la cual tomó conocimiento a través de publicaciones de circulación pública, no habiéndo recibido hasta el momento comunicación formal alguna”, puntualizó.

Al mismo tiempo, convocó a las partes: “Con el objetivo de contribuir a la paz social y evitar la escalada del conflicto, este organismo propuso de manera inmediata la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas y los organismos competentes, priorizando las vías institucionales y el respeto mutuo”.

“El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes reafirman su compromiso con el acompañamiento institucional en el territorio, el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a los derechos humanos y la convivencia social”, concluyó.

 

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La detención de los ocho miembros de la comunidad se realizó ayer en horas de la mañana y la demora en la comisaría local finalizó por la tarde, en respuesta a una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico. 

Organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG) repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”, expresaron. 

Detienen a ocho mbyas por conflicto territorial en Garuhapé

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El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este 1º de mayo la apertura de sesiones en la Legislatura misionera, donde presentará un informe sobre la situación actual de su administración y expondrá los objetivos planteados para el futuro.

Al comenzar su discurso, expresó: “Hoy, como cada primero de mayo, nos reunimos para dar cuenta del camino que venimos transitando. Por primera vez en mucho tiempo, atravesamos un contexto inédito, sumamente complejo y desafiante, que nos obliga día a día a buscar soluciones reales”.

“Seguramente no les estaré diciendo nada nuevo pero vale recordar que esa multicrisis es social, productiva, financiera, tecnológica y básicamente de valores, todo ocurriendo al mismo tiempo”, añadió.

Se espera que el mandatario realice un repaso de la gestión que encabeza junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, con un balance del funcionamiento del Estado provincial, la ejecución del Presupuesto, las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, además de los principales lineamientos políticos, económicos y de gestión para el nuevo período legislativo.

De esta manera, dan inicio al 54° período legislativo en la Cámara de Representantes y la presentación podrá seguirse mediante una transmisión en vivo.

La Legislatura misionera convocó a sesión especial para el 1° de mayo

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