La Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico dictaminó que debe dejarse sin efecto el desalojo ejecutado el martes pasado sobre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por la defensa.

El pronunciamiento, difundido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), fue emitido por el fiscal Héctor Simón, quien sostuvo que la ejecución del desalojo carecía de sustento mientras la Cámara de Apelaciones no resolviera la apelación interpuesta contra la orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena.

De acuerdo con el dictamen, la apelación presentada por la comunidad tenía efecto suspensivo, por lo que el procedimiento no debía llevarse adelante hasta que el tribunal de alzada se expidiera sobre la cuestión.

En su presentación, Simón calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”, y sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.

Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”, por lo que antes de ejecutar el desalojo debían analizarse integralmente los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El desalojo se concretó el martes bajo órdenes del juez Roberto Sena.

El conflicto

La disputa se originó a partir de un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien solicitó la restitución de los lotes 71 y 78 de la fracción Cañafístola mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

La comunidad, por su parte, sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y recuerda que fueron relevadas en el marco de la Ley Nacional 26.160, además de invocar las garantías previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La defensa también cuestionó que una medida cautelar haya derivado, en los hechos, en un desalojo antes de que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial.

Pedido de informes

La novedad judicial se conoce un día después de que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes informaran que solicitaron explicaciones a la Justicia por el operativo, al señalar que ninguno de los organismos fue notificado previamente sobre su ejecución.

En un comunicado conjunto, ambos organismos indicaron que requirieron conocer el alcance de la medida y anticiparon que, si se verifican afectaciones a derechos de la comunidad mbya, evaluarán las acciones institucionales que correspondan dentro de sus competencias.

Asuntos Guaraníes pidió informes por desalojo en Puente Quemado II

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Luego del encuentro mantenido con el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, los distintos sectores de la cadena yerbatera también se reunieron este jueves, pasadas las 11, con el gobernador Hugo Passalacqua para exponer la crítica situación que atraviesa el sector tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y solicitar la Ley de  Emergencia Yerbatera.

Durante el encuentro, el abogado Federico Padolski, en representación de asociaciones de productores, trabajadores rurales y tareferos, presentó un borrador de Ley de Emergencia Yerbatera, que ya contaba con el respaldo de la Diócesis de Posadas.

La iniciativa contempla medidas destinadas a proteger a los pequeños productores y minifundistas, quienes perdieron el principal valor de referencia para la hoja verde luego de que el DNU 70/23 eliminara la facultad del Inym de fijar precios mínimos para la materia prima.

Además, asociaciones de tareferos entregaron un escrito en el que solicitaron módulos alimentarios para los trabajadores que quedaron excluidos de programas de asistencia y un subsidio económico que permita afrontar los meses en los que no pueden trabajar debido al cierre anticipado de la cosecha y la falta de pago de la interzafra.

Reunión con diputados

Al finalizar el encuentro, los representantes del sector señalaron que quedaron conformes con la respuesta del gobernador y confirmaron que el próximo lunes se realizará una nueva reunión en el Ministerio del Agro, junto a diputados provinciales, para comenzar a trabajar en el proyecto y darle un marco legal definitivo.

El debate también tiene fuertes implicancias políticas. Si prospera, la iniciativa podría convertirse en una de las primeras leyes impulsadas directamente desde la gobernación para enfrentar la crisis yerbatera, con el respaldo de los legisladores alineados con el Poder Ejecutivo provincial dentro del nuevo espacio Movimiento por lo que se Viene. 

El tratamiento en la Cámara de Representantes podría abrir una discusión entre el nuevo bloque cercano a Hugo Passalacqua y los diputados de La Libertad Avanza. Mientras los legisladores del oficialismo provincial, alineados con la política del Poder Ejecutivo, buscan recuperar herramientas de regulación para el sector yerbatero y avanzar con este proyecto de Ley de Emergencia Yerbatera como una herramienta de contingencia para mitigar el impacto económico y social de la crisis, los diputados provinciales libertarios mantienen públicamente la postura del gobierno nacional de no restituir al Inym las facultades eliminadas por la desregulación.

“La provincia está sufriendo una crisis”

En diálogo con La Voz de Misiones, el presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, destacó que tanto el obispo como el gobernador escucharon a productores, tareferos y representantes de distintas organizaciones.

“Fue una reunión positiva. Logramos el compromiso del obispo y del gobernador para acompañar esta problemática y conformar una mesa de trabajo”, afirmó.

Skripczuk sostuvo que la situación del sector primario es “triste y urgente” y remarcó que los productores afectados no son grandes empresarios, sino familias agrarias con chacras de entre 20 y 50 hectáreas que dependen exclusivamente de la yerba mate para subsistir.

Por su parte, el abogado Federico Padolski explicó que el proyecto apunta a declarar la emergencia yerbatera en Misiones y establecer un precio mínimo de sustento para productores de hasta 50 hectáreas en producción.

“El gobernador nos escuchó atentamente y acordamos constituir una mesa de trabajo para darle forma al proyecto que será elevado a la Cámara de Representantes”, señaló.

Padolski advirtió que la crisis no afecta únicamente al negocio yerbatero, sino especialmente al sector primario, que perdió la posibilidad de discutir colectivamente un precio de referencia para la hoja verde.

Según indicó, esa situación provoca la quiebra de pequeñas unidades productivas, el deterioro de las economías familiares y un fuerte impacto en el comercio y en la recaudación de los municipios.

El reclamo de los tareferos

Tres trabajadores rurales de Oberá, Darío Pereira, Miguel Drauchy y Carlos Alderete,  participaron de la reunión y describieron la difícil realidad que atraviesan.

Aseguraron que actualmente algunos productores pagan entre 40.000 y 50.000 pesos por tonelada cosechada, valores que consideran insuficientes para sostener a una familia.

“Si no hacemos mil kilos por día, no llegamos a 50.000 pesos. Con eso no podemos mantener a la familia”, relató uno de los tareferos.

También señalaron que muchos compañeros están emigrando a Brasil en busca de mejores condiciones laborales y que el subsidio de 120.000 pesos mensuales de interzafra resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar.

Los tareferos, nucleados en la Asociación Civil de Obreros Rurales y Tareferos de la zona Centro, coincidieron en que la falta de ingresos ya se percibe en las localidades de Misiones, donde “no hay plata ni movimiento en los comercios”, y reclamaron que se cumpla el pago de los valores acordados para la cosecha.

Representante de la Asociación Civil de Obreros Rurales y Tareferos de la zona Centro.

Tareferos piden emergencia yerbatera: “Hay familias que no cubren lo básico”

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La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, realizó un pedido de informes a la Justicia por el desalojo de siete familias de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, registrado el martes pasado en la localidad de Garuhapé.

El procedimiento se realizó luego de que el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, emitiera una orden a partir de una denuncia realizada por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de los lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola.

Dicha medida fue apelada por la defensa de la comunidad y suspendida el 17 de julio pasado al considerar que se trata de un territorio ancestral, relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160, motivo por el cual, la concreción del desalojo fue repudiada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

En este contexto, la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que confirmaron que han tomado conocimiento de la ejecución de la medida judicial “sobre el inmueble de propiedad privada vinculado a la comunidad”.

Al mismo tiempo, aseguraron que no fueron comunicados con antelación sobre el accionar: “Tanto este Ministerio como la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no fueron notificados previamente sobre dicho procedimiento, por lo que se ha solicitado a las autoridades judiciales el informe correspondiente, a fin de conocer el alcance de la medida adoptada”.

Finalmente, se comprometieron a tomar medidas: “En caso de verificarse situaciones que pudieran afectar derechos de la comunidad mbya guaraní, se evaluarán y promoverán las acciones institucionales que correspondan para su resguardo, en el marco de las competencias legales vigentes y con pleno respeto a las decisiones del Poder Judicial”.

“El Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, continuará acompañando las instancias de diálogo y las gestiones necesarias para contribuir a una solución pacífica del conflicto, en resguardo de los derechos de las comunidades mbya guaraní, y en estricto respeto de las decisiones judiciales y de la legislación vigente”, concluyeron.

Repudio

Según relató el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, el pasado martes 28 de julio en horas de la mañana, unos 50 efectivos policiales arribaron a la mencionada comunidad y procedieron al desalojo del predio en el que hasta ese momento convivían siete familias.

También recordó que el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), y reconocido por la Resolución 514/2015.

Dicho reconocimiento se inscribe en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza a los pueblos indígenas la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente habitan.

También en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a proteger esos territorios y garantizar la consulta previa ante medidas que puedan afectarlos.

Sin embargo, la orden de desalojo fue ejecutada mientras la disputa por la titularidad definitiva del territorio todavía permanece pendiente, frente a lo cual la defensa de la comunidad, acompañada por Emipa, había presentado recursos y cuestionó la legalidad de distintas actuaciones del expediente.

Ejecutan nuevo desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II

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