Provinciales
Violentaron las puertas del Ministerio de Derechos Humanos en las narices de la Policía
POSADAS. Uno o varios desconocidos violentaron las puertas del Ministerio de Derechos Humanos, ubicado frente a la Jefatura de Policía, e ingresaron hasta el despacho de la ministra Lilia Marchesini, en un aparente hecho con fines intimidatorios.
El incidente se habría perpetrado entre las 22:30 del viernes y las 11:30 del sábado últimos, teniendo en cuenta el retiro de la última persona que estuvo en el lugar y el arribo de la primera, al día siguiente, que detectó el acceso liberado y cierto desorden en el interior.
Si bien las investigaciones comenzaron en forma inmediata, los funcionarios del organismo se mostraron sorprendidos de que nadie haya visto movimientos extraños en el horario en que los desconocidos habrían ingresado y permanecido en el lugar por varias horas.
La zona, Félix de Azara entre Tucumán y Santiago del Estero, es recorrida en forma permanente por efectivos de la Policía provincial, ya además de la Jefatura enfrente funcionan varias dependencias de la misma fuerza de seguridad, incluida la Brigada de Investigaciones.
De acuerdo con declaraciones de la ministra Marchesini el o los desconocidos violentaron la puerta de acceso del Ministerio e ingresaron hasta su oficina, aunque en primera instancia no habrían sustraído nada, aunque en las oficinas había elementos de valor.
La funcionaria dijo que “ingresaron a mi despacho y tocaron algunos documento que estaban sobre mi escritorio”, pero “lo llamativo del caso es que no llevaron nada” y “movieron de lugar y revisaron algunas carpetas” que estaban sobre los escritorios.
Al expresar su malestar, Marchesini dijo que el suceso se registró “en una institución pública. Es un organismo del Estado y por ende, posee documentación importantísima y que no puede ser violentada”, señaló.
Añadió: “no sabemos a qué viene el tema, pero el trabajo que venimos llevando de dos años a esta parte tocamos algunos temas álgidos o intereses, puede haber indicios de cualquier línea, pero no hay un eje conducente”, dijo al ser consultada acerca de las sospechas por el caso.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Misiones expresó su “preocupación por el repudiable hecho de ultraje perpetrado contra el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones”, por cuanto “resulta muy llamativo que haya sido burlada la custodia policial del edificio”.
Dicha circunstancia, “sumado a que frente al mismo se encuentra la jefatura de la Policía provincial”, constituye un “hecho que debe ser esclarecido para bien y tranquilidad de la sociedad misionera”.
En tanto, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, hizo público su “enérgico repudio” por el hecho ocurrido en el Ministerio de Derechos Humanos, solidarizándose con la señora ministra Lilia Marien “Tiki” Marchesini y su equipo.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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