Provinciales
Un diputado en Misiones cobra $ 110 mil y está cuarta entre las provincias que más pagan
POSADAS. Con 110 mil pesos de dieta, sueldo, salario, haberes o ingresos mensuales, los diputados provinciales de Misiones se ubican en el cuarto lugar entre las provincias que más pagan a sus legisladores provinciales, según un relevamiento de un diario porteño.
De acuerdo con el informe, los representantes de los misioneros en la Legislatura provincial solamente son superados por sus pares de La Pampa, que cobran 146 mil pesos; de Chubut y de Formosa, que se ubican en los 130 mil, y de Santa Fe, que perciben 120 mil pesos.
En el ranking de los 100 mil pesos siguen a Misiones los diputados de Corrientes con 107 mil; Catamarca, 105 mil; Ciudad de Buenos Aires (CABA), 103 mil; Buenos Aires, 101 mil y Córdoba, 100 mil pesos, en tanto que más abajo figuran las provincias que pagan menos que aquel monto.
Los diputados que con menores ingresos son los de Santa Cruz, con 68 mil pesos; Chaco con 61 mil; La Rioja con 58 mil; Tucumán con 55 mil y Santiago del Estero, con 41.924 pesos. Entre medio se encuentran los restantes diez estados provinciales de la Argentina.
El informe dice que los primeros casos “no le hacen sombra a los senadores nacionales, pero compiten palmo a palmo con los diputados nacionales y cobran más de 100 mil pesos mensuales entre dieta, gastos de representación y otras asignaciones que no necesitan justificar ni rendir”.
Además, el ranking revela que no existe ninguna vinculación entre los salarios de los diputados provinciales con el nivel económico de la población que representan ni con la solvencia del Estado provincial donde ejercen la voluntad del pueblo.
En cambio se remarcó que “hermana a los miembros de las legislaturas provinciales de todo el país el celo con el que evitan hablar de sus ingresos y gastos: para hacer este relevamiento, se debió apelar en la mayoría de las provincias a diputados de la oposición local que proporcionaron la información con la condición de no ser nombrados”.
“En todos los casos se consignan las dietas sin la bonificación por antigüedad (de 600 a 900 pesos más por año trabajado en el sector público, según la provincia) o título universitario, pero se incluyen conceptos como gastos de ‘representación’, de ‘cortesía’, de ‘bloque’ y otras asignaciones cuando estas no deben justificarse. En las ocho provincias donde existe una legislatura bicameral, se tomó como referencia la Cámara de Diputados”.
En el caso de Misiones, un diputado raso cobra unos 110 mil pesos, aunque desde siempre fue uno de los secretos mejor guardados por los propios legisladores, tal vez para evitar las reacciones de la población que tiene un salario promedio de 17.203 pesos, y sólo supera a Santiago del Estero donde el mismo ítem llega a 16.973 pesos.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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