En Mojón Grande residen más de 60 familias productoras de caña de azúcar y derivados, quienes este domingo celebraron la quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal. Como principal economía del municipio, el año pasado vendió 250.000 kilogramos de azúcar a la empresa bonaerense Cachafaz, lo que generó ingresos superiores a los $350 millones. 

Si bien la producción de caña y la elaboración de miel, rapadura y azúcar rubio se remonta a una antigua tradición regional, en esta localidad la actividad recibió un fuerte impulso en el año 2019 con la sanción de la Ley Provincial VI Nº 230 que declaró a Mojón Grande Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal.

En esa localidad, ubicada dentro del departamento misionero de San Javier, los productores cultivan caña de azúcar sobre tierras propicias para el crecimiento de plantas de alta calidad y elaboran el azúcar -sin agregados químicos- en sus casas, utilizando herramientas y maquinaria especializada en espacios acondicionados, y luego venden el producto final a la Cooperativa Agrícola Mojón Grande y acopiadores.

Con el correr del tiempo, la legislación fue ampliada por la Ley VIII N.º 107, sancionada en 2024, que la estableció como sede permanente de la fiesta que inició en el año 2022, y brindó las condiciones necesarias para que el sector consolide su crecimiento con inversiones en infraestructura y organización cooperativa. 

Fue así que en el año 2025, la cooperativa local acopió y comercializó 350.000 kilos de azúcar distribuidos en trece cargas con destino a Buenos Aires, lo que generó ingresos superiores a $350 millones para las familias productoras, además de ampliar su inserción comercial de productos como rapadura, miel de caña, dulces, mermeladas y panificados.

“Es lo que más inyecta dinero a las familias de los productores en este momento tan complicado para todas las cosas de la chacra, y eso hace que se multiplique y distribuya en otros sectores de la economía, no solo de Mojón Grande, sino también de la región“, destacó Adrián Solis, intendente de Mojón Grande consultado por La Voz de Misiones.

Exposición de productos locales

La fiesta

La quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal se concretó este domingo 2 de agosto y reunió a productores, emprendedores y vecinos, tanto de Mojón Grande, como también de Gobernador López, Ameghino, Dos Arroyos y San Javier.

Sobre este evento organizado por la Municipalidad, el intendente remarcó: “La fiesta vino a poner en valor la producción familiar y se convirtió en una vidriera para mostrar esta actividad que es tan importante para la región. Por otra parte, la fiesta permitió atraer más visitantes a Mojón Grande, como “el lugar del azúcar”, y eso ayuda mucho”.

Respecto a los desafíos productivos, analizó: “De ahora en más apuntamos a seguir ampliando el mercado del azúcar rubio, apoyar a los productores y hacer que cada día esta producción cobre más importancia y que las familias puedan encontrar el progreso económico a través de la producción de azúcar”.

Durante la jornada, recibieron al gobernador Hugo Passalacqua, quien recorrió los stands, entregó insumos deportivos y destacó el crecimiento de la actividad en el municipio.

El evento contó con exposición de productores, feria gastronómica y de emprendedores, demostraciones del proceso de elaboración del azúcar rubio artesanal, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia. 

Fotos: Misiones Online

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Las siete familias que integran la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron este domingo al predio del que fueron desalojadas el pasado martes 28 de julio en la localidad de Garuhapé.

La ilegalidad del procedimiento había sido advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución de la medida ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.

El viernes pasado también se produjo una mesa de diálogo entre el cacique Santiago Ramos, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Guaraníes y la empresa Arauco, donde acordaron realizar mejoras habitacionales para la comunidad, como la instalación de un pozo perforado y paneles solares.

Finalmente, este domingo las familias de Puente Quemado II regresaron al predio que habitan desde hace varios años, cuyo territorio fue relevado en el marco de la Ley 26.160 en 2013, aunque sigue siendo objeto de denuncias por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

“Puente Quemado II recuperó pacíficamente, una vez más, su territorio ancestral tras un desalojo cuya ilegalidad fue advertida por el Ministerio Público Fiscal y exige garantías para la seguridad de la Comunidad”, confirmó el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) a través de un comunicado.

Y añadieron: “La Comunidad reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional vigente”.

En este sentido, aseguraron que el desalojo fue ejecutado pese a que la defensa había interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, esa intervención no se produjo antes de la medida. Posteriormente, el fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento.

“Exigimos al Gobierno de la Provincia de Misiones y a las fuerzas de seguridad que garanticen la integridad y la seguridad de las familias de Puente Quemado II. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier hecho de violencia, hostigamiento o vulneración de derechos que pudiera producirse”, reclamaron desde Emipa.

Puente Quemado II: un territorio en pugna, un camión jaula y un desalojo apelado

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El avance del modelo extractivista y el despojo de comunidades originarias sumó un nuevo capítulo esta semana tras el desalojo de siete familias mbya guaraní que integran Puente Quemado II, en la localidad misionera de Garuhapé. La medida se cumplió por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, en respuesta al pedido de restitución de lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

El accionar no solo fue cuestionado por haberse ejecutado sin una orden judicial vigente, sino también por la forma, vulnerando los derechos de los niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad e incluso la misma condición de seres humanos, al ser expulsados por la fuerza y trasladados en medio de todas sus pertenencias dentro de un camión jaula no apto para la circulación.

La orden había sido dictada el 17 de julio pasado por el juez Sena, quien autorizó el ingreso de la fuerza pública para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la titularidad definitiva del territorio no había sido resuelta.

Inicialmente, el operativo estaba previsto para ese mismo día, pero fue suspendido provisoriamente por un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), medida que otorgó un alivio a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial que finalmente se concretó el martes 28 de julio.

A 48 horas del procedimiento la irregularidad del desalojo había llegado a los ojos de organizaciones tanto locales, como nacionales e internacionales ante la violación de los derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que tanto la Justicia como los organismos vinculantes se vieron obligados a dejar sin efecto la medida -ya ejecutada- dando lugar a nuevas mesas de diálogo entre las partes involucradas.

Pese a que en el año 2013 el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, esta fue la segunda vez en el año que Puente Quemado II es vulnerada por la fuerza.

La primera fue en mayo pasado cuando, en un intento de desalojo, fueron demorados en la comisaría local el cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres de la comunidad, quienes fueron trasladados en las carrocerías de camionetas, junto a mujeres y niños, por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y ejecutada por efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV.

Esa demora se había prolongado por casi doce horas y se efectuó a solo una semana del viaje realizado por la referente mbya Keila Zaya, a Nueva York, donde disertó ante la sede norteamericana de la ONU, junto a la abogada Roxana Rivas, sobre el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y las empresas forestales, Arauco y Forestal Ruff, que acechan la zona hace varios años.

Inicialmente la comunidad contaba con 600 hectáreas, de las cuales casi la mitad fueron ocupadas por las empresas forestales. Hoy quedan 331 hectáreas relevadas por la Ley 26.160

Nuevas mesas de diálogo

A 48 horas del desalojo, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la Dirección de Asuntos Guaraníes aseguraron que ambos no fueron notificados previamente sobre el desalojo, por lo que se solicitaron a las autoridades judiciales un pedido de informe, a fin de conocer los detalles y el alcance de la medida efectuada.

Finalmente, el pasado viernes 31 de julio, se concretó una mesa de diálogo en el predio de la comunidad Puente Quemado II a fin de avanzar en la resolución del conflicto territorial.

Del encuentro participaron: el cacique Santiago Ramos, la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre, el director de Asuntos Guaraníes Francisco Rodríguez y representantes del Consejo de Caciques, del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), de Arauco Argentina S.A., de la Municipalidad de Garuhapé y del Centro Judicial de Mediación (Cejume) del Poder Judicial de Misiones.

El objetivo fue “continuar construyendo acuerdos y avanzar en respuestas concretas a las necesidades planteadas por la comunidad”, según informaron desde la cartera de DDHH, desde donde también señalaron que “la reunión se desarrolló en continuidad con un proceso de trabajo de larga data que ambos organismos vienen impulsando en articulación con las distintas instituciones involucradas”.

Mesa de diálogo concretada el viernes 31 de julio

De esta manera, las familias no solo regresaron al espacio, sino que también podrán acceder a nuevos servicios. Según consta el mismo documento emitido por el organismo provincial “las partes suscribieron un acta en la que se establecieron acciones concretas para garantizar el acceso al agua de las familias que integran la comunidad”.

Y agrega: “En ese marco, Arauco Argentina S.A., en articulación con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, llevará adelante la perforación de un pozo de agua. Asimismo, la mencionada Dirección y la Municipalidad de Garuhapé avanzarán en la instalación de paneles solares que permitirán el funcionamiento de las bombas de extracción, garantizando un sistema de abastecimiento de agua seguro y sostenible y, además, proveerán energía eléctrica a toda la comunidad, mejorando las condiciones de vida de las familias que la integran”.

Al finalizar, convocaron a una nueva reunión para la próxima semana a fin de abordar la situación derivada del desalojo de familias de Puente Quemado II, de la que participarán representantes de la Policía de Misiones, del Ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete, “con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo que contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas, en un marco de respeto mutuo y de garantía de los derechos de todas las partes involucradas”.

Desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II el martes 28 de julio

Repercusiones

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de “escándalo judicial” lo sucedido en Garuhapé.

Ante esto, se movilizaron premiados con el Nobel Alternativo de todo el mundo y organismos internacionales para exigir al gobierno de Misiones que se reinstale a la comunidad en el sitio del cual fue desalojada y se repare lo dañado. También solicitan que se denuncie penalmente al empresario Alfredo Ruff, y se promueva juicio de destitución contra el juez Sena, quien ordenó el desalojo.

Simultáneamente, Puente Quemado II recibió el apoyo, entre otras organizaciones mundiales, del Movimiento Cooperativo Internacional (MCI), que tiene su sede en Ginebra, Suiza.

La presidenta del MCI, Florence Nuoffer, y el secretario general de la organización, Aurélien Stoll, reafirmaron “el respaldo incondicional de su organización a la comunidad en la defensa de sus derechos”. En el comunicado, difundido a nivel mundial, la presidenta y secretario general del MCI indicaron que “el despojo territorial y la criminalización de sus integrantes constituyen graves violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Por su parte, Raúl Montenegro, profesor e investigador en universidades argentinas y del exterior, quien recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo en 2004, consideró que “el escándalo judicial desencadenado por un juez que viola la ley no es un hecho aislado”.

En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff y la Justicia: “Tratan, con total impunidad, de despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales y selva para implantar forestaciones artificiales. No olvidemos la invasión, desmonte y atropellos que ya venía sufriendo la comunidad de Puente Quemado II por parte de la empresa chilena Arauco. Está claro que para el gobierno y para las corporaciones una actividad extractiva que expulsa comunidades y empobrece el frágil suelo laterítico de Misiones es más importante que el llanto de los niños Mbya”.

Luego, continuó: “A nivel internacional causó indignación ver las imágenes de la Policía misionera sacando sin la más mínima humanidad a las familias de sus viviendas, y cargando sus pertenencias en un camión. Cuesta creer que en nombre de la ley se actúe violándola. No debe permitirse que un juez pisotee la constitución y una convención con jerarquía superior a las leyes del país”.

Para finalizar, se preguntó: “¿Por qué la crueldad e ilegalidad institucional pueden coexistir tan impunemente en Misiones?. Si el juez Roberto Antonio Sena, el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff ,y la compañía chilena Arauco creen que sus atropellos a los derechos humanos pasarán desapercibidos, se equivocan. Sus nombres y malas decisiones ya circulan internacionalmente como una cruel muestra del genocidio silencioso que sigue ocurriendo en una provincia de Argentina. Más aún, los consumidores de productos con materias primas producidas por Arauco también castigarán tanta crueldad e impunidad”.

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