Provinciales
Su bebé no puede alimentarse y necesita traslado y operación urgentes
Dante Cabrera es un bebé de 7 meses, de la localidad de El Alcázar, que necesita de un milagro para seguir viviendo.
Cuando nació, el pequeño fue diagnosticado con atresia esofágica, la cual se produce cuando el tubo que conecta la boca con el estómago no se desarrolla adecuadamente, por lo que debió ser sometido a varias cirugías, pero ahora necesita operarse de una fístula, una intervención que no se realiza en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro, donde se encuentra internado desde sus 3 días de vida.
Romina Ledezma, mamá de Dante, en diálogo con La Voz de Misiones, dijo: “El necesita la operación urgente, porque se ahoga todo el tiempo”.
Además de necesitar la operación de la fístula, Dante tiene su intestino corto debido a que “le hicieron cinco cirugías desde que nació, le iban cortando por partecitas el intestino, lo que provocó que su intestino hoy mida 12 centímetros cuando lo normal en un bebé es de 2 metros y medio; y los médicos creen que va a necesitar un trasplante”, contó la mamá a LVM.
En esa línea, Romina explicó que “la realidad es que hay pocos lugares en Buenos Aires que tratan el tema que él tiene, que es intestino corto y atresia esofágica”.
Los establecimientos médicos donde Dante podría ser operado son cuatro: por un lado, los hospitales privados Italiano y Favarolo, por lo cual deberían costear gastos millonarios, y por otro, el Hospital De Niños Sor María Ludovica, donde no consiguen turno, y el Garrahan, desde donde les informaron que, por el momento, no tiene lugar.
Por eso, el pedido de la mamá de Dante es que las autoridades del Ministerio de Salud de Misiones, a cargo de Oscar Alarcón, intervengan en su caso para que su bebé sea trasladado y recibido en un hospital, “ya que ni vendiendo las casas de mi familia podemos pagar todo lo que se necesita”, sostuvo y subrayó: “El caso de mi bebé es grave”.
Y contó que “antes se ahogaba solamente con la leche, cuando le pasaban la leche, él se ahogaba porque ese lugarcito está abierto y se iba a las vías respiratorias”, indicó sobre el estado de salud con el que su pequeño vive día a día.
A la preocupación que tiene Romina por no poseer recursos para trasladar y atender a Dante en un hospital de la capital argentina, se suma que el pequeño tiene las defensas bajas: “Aparte de que está expuesto a un montón de virus hospitalarios que hay acá, él tiene muchas aberturas, muchas operaciones, y se le puede pegar un virus en cualquier momento”, relató la mujer.
“Necesitamos ayuda de las autoridades del gobierno, la estamos luchando desde que está internado acá y ya no pueden hacer nada en este hospital”, exclamó.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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