Provinciales
Sistema permitirá conocer cifras de víctimas de violencia de género en Misiones
Este 8 de junio se cumplen un año desde que la provincia de Misiones se adhirió al Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), una herramienta para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y/o denuncias de violencias de género de todo el país, con el fin de aportar en el diseño y monitoreo de políticas públicas.
“En ese momento éramos la sexta provincia en adherirse, hoy en día ya hay 17”, describió Celia Kozachik, a cargo de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, en diálogo con La Voz de Misiones.
“Desde ese momento empezamos a trabajar con las áreas de mujer y género que tenemos instaladas en cada municipio”, agregó.
Tras este recorrido, hoy se llevó adelante la firma con los primeros 28 municipios que se adhieren a la red: “La próxima etapa se hará dentro de dos meses, con la firma de los restantes municipios”, afirmó la funcionaria.
“Hoy el broche de oro es justamente la decisión de todos los municipios para poder manejar esta red y ser parte de la carga de datos, que es lo más importante, ya que el sistema es un padrón donde se registra a todas las víctimas, todos los agresores y todas las acciones de abordaje”, manifestó la secretaria.
El sistema funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de consultas y casos que se identifican por tipo y número de documento de la persona en situación de violencia.
El SICVG constituye un sistema de gestión de la información para conocer en profundidad las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo a través de una medición automática.
Con esta herramienta, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas, destacaron.
Hasta el momento, los diferentes organismos, tanto municipales como provinciales, solo contaban con un registro interno no vinculante a las demás instituciones que trabajan la misma temática. A partir de la adhesión a este registro, se podrá obtener de un panorama más completo, vinculando la información de los diferentes puntos de la provincia, al que cada organismo podrán ingresar a través de un código de privacidad de los datos.
“El Poder Judicial, el Instituto Provincial de Estadística y Censos, el Misterio de Desarrollo, Ministerio de Derechos, por nombrar algunos, y todos los que están involucrados o trabajan con temas vinculados a la violencia de género, se comprometieron a trabajar de manera conjunta, aportando los datos que cada uno tiene para desarrollar este sistema”, detalló.
“Nos vamos a nutrir de módulos federales como la línea 144, los dispositivos de protección territorial y los programas de casos de violencia extrema”, dijo la responsable de la Secretaría de la Mujer y la Familia.
La línea 144 fue creada en Argentina en virtud del artículo 9 de la Ley 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”, sancionada en el año 2009. Es el número asignado para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, además de brindar asesoramiento y contención.
“Dentro de lo que son los módulos sociales, vamos a nutrirnos de la información que nos provea el programa Acompañar y el programa Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género, para niños y niñas o hijos de víctimas de género”, añadió.
El programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.
Por su parte, el programa Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata está dirigido a personas del grupo familiar y/o allegados de las víctimas de violencias. Quedan comprendidas también aquellas personas unidas por vínculos de parentesco o socio-afectivos. La asistencia consiste en apoyo económico, asistencia psicológica, asesoramiento legal, articulación para traslados y asesoramiento en la tramitación de la reparación establecida en la Ley N° 27.452.
Los casos ingresados, tanto con denuncia como sin denuncia, serán procesados y analizados, arrojando un informe bimestral con el porcentaje de víctimas, agresores y seguimiento de los abordajes que se hacen en Misiones.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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