Provinciales
“Schimitão” denunció a intendente y vice de El Soberbio por corrupción y nepotismo
EL SOBERBIO y POSADAS. Un ex funcionario de la Municipalidad de El Soberbio denunció al intendente y al vice-intendente por irregularidades en la compra de materiales y la designación de familiares, entre otras maniobras, a través de un video casero que divulgó en las redes sociales.
El denunciante Claudio Schmitz, que se identificó con el alias de “Schimitão”, tenía a su cargo el funcionamiento del sistema de agua potable de la comuna, puesto que desempeñó hasta enero pasado, “una vez que conseguí saldar la deuda de 120 mil pesos por la compra de un vehículo”, según dijo.
Al hacer públicas las irregularidades en la gestión de Roque Soboczynski y de Ricardo Leiva, intendente y vice respectivamente, “Schimitão” se mostró como un arrepentido por haberse prestado a las supuestas maniobras, aunque pidió a “los concejales que intervengan” con los elementos que proporcionó.
En un sinfín de acusaciones, Schmitz mencionó la desaparición de una bomba de agua de 150 mil pesos, hecho por el cual acusó al intendente porque “yo mismo cargué la bomba en la camioneta para llevar”, dijo, “con la idea de echarle la culpa a Elías Gay”, actual funcionario de agua potable.
Además, hizo referencia a la compra de un tanque de agua potable del otro lado de la frontera, en Brasil, por parte de la administración de Soboczynski a un costo de 2.700 reales, “con una sobrefacturación de 300 o 400 por ciento, cuando acá cuesta 60 mil pesos”, expresó.
En el último caso, Schmitz exhibió en el video una serie de documentaciones y volvió sobre sus dichos para aclarar que había percibido 6.500 pesos por las maniobras con la bomba de agua que había sido sustraída ex profeso para responsabilizar a Gay.
Posteriormente detalló con precisión los antecedentes de una obra de provisión de agua potable para los barrios Estación y Sacachispas por un monto de 2.300.000 pesos, cuyo proyecto contemplaba la adquisición de cuatro bombas de 10 hp; caños de PVC de 75; tres tanques: dos cisternas de cemento y uno elevado a trece metros de altura.
“Qué hizo el intendente?”, se preguntó y respondiéndose a sí mismo destalló: “negoció con la empresa encargada de hacer la obra para instalar tanques de plástico. También el tendido de línea de caño que era de 75 y él, con plata del municipio, compró manguera de dos pulgadas. Más de 100 mil pesos enterrados”, señaló.
Añadió que en la actualidad, “gracias al negocio que hicieron el intendente y el vice con la empresa, los barrios Estación y Sacachispas están sin agua potable. Gente que hace un año está pagando el servicio que no tiene; 300 familias de un negocio en el que se comieron la plata”, puntualizó.
Además, “Schimitao” hizo referencia a la compra de una bomba de agua para el barrio Unión con fondos municipales, a pesar de que la comisión barrial le había entregado el dinero para su adquisición. También contó que en una oportunidad agredió al responsable de Turismo para que fuera despedido, “por pedido del intendente”.
“Los concejales echaron a dos intendentes: Coleco Krysvzuk porque puso un hermano en la Municipalidad y también a Carlos ‘Jair’ Pereyra, pero Soboczinski puso cinco hermanos y Ricardo Leiva a sus cuñados y sobrinos, pero siguen ahí”, señaló.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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